El robo de agua en el Atlántico dejó de ser un problema aislado para convertirse en una amenaza estructural para el sistema de abastecimiento del departamento. Ad portas de un posible escenario de sequía por el fenómeno de El Niño, las autoridades han encendido las alertas ante el aumento de conexiones ilegales que están afectando la continuidad del servicio y debilitando la infraestructura hídrica.
Las cifras reflejan la magnitud del problema, ya que cerca de 1.500 metros cúbicos de agua son hurtados diariamente, lo que representa pérdidas superiores a los $2.000 millones y una afectación directa a más de 40.000 habitantes. A esto se suma un impacto más reciente evidenciado en operativos en municipios como Luruaco y Repelón, donde al menos 10.000 personas están quedando sin acceso efectivo al servicio debido a maniobras ilegales y al incumplimiento en el pago de facturas.
Este panorama se traduce en baja presión en las redes, desabastecimiento en sectores vulnerables y un deterioro progresivo del sistema, justo en un momento en que el departamento necesita garantizar la continuidad del servicio frente a condiciones climáticas adversas.
En terreno, la problemática es aún más evidente. Durante un operativo en el corregimiento de Santa Cruz de Luruaco, las autoridades recorrieron una línea de conducción de aproximadamente ocho kilómetros, donde detectaron 27 conexiones ilegales en predios rurales. Estas derivaciones clandestinas están reduciendo de manera crítica el caudal que llega a la comunidad.
Julián Pacheco, coordinador operativo de Aqualia en Luruaco, explicó la gravedad de la situación: “Estamos bombeando alrededor de 22 litros por segundo, pero solo llegan 5 a la población. Eso quiere decir que más del 80 % del agua se pierde por conexiones ilegales”.
El impacto de estas prácticas no solo compromete el suministro inmediato, sino que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, especialmente en zonas rurales donde el acceso al agua depende directamente de estas redes.
En paralelo, en el municipio de Repelón, las autoridades detectaron nuevas irregularidades, entre ellas una conexión ilegal mediante una tubería de cuatro pulgadas que desviaba el flujo antes de su distribución, afectando directamente la llegada del recurso a las viviendas.
Un problema que persiste
Frente a este escenario, la Gobernación del Atlántico ha intensificado los operativos contra el robo de agua en distintas zonas rurales del departamento, especialmente en municipios del sur y del oriente, donde las denuncias por fallas en el servicio y baja presión han sido recurrentes.
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Las acciones se desarrollan de manera articulada entre la Gobernación, la Policía del Atlántico, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y operarios de la empresa Aqualia, mediante recorridos técnicos en extensos tramos de tubería donde se identifican conexiones ilegales utilizadas para extraer agua cruda o tratada directamente de las líneas principales del sistema.
A la fecha, la Administración departamental ha interpuesto 36 denuncias penales contra propietarios de predios señalados de realizar estas conexiones irregulares, en muchos casos para abastecer actividades agrícolas, sistemas de riego o labores ganaderas, usos que no están autorizados dentro del esquema del servicio público domiciliario.
El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, fue enfático en señalar que el problema también está asociado a la falta de corresponsabilidad ciudadana.
“No tiene ningún sentido que en lugares donde el servicio está legalmente instalado haya múltiples facturas vencidas. Estamos hablando de una tarifa mensual de 80.000 pesos. El esfuerzo de pagar es lo que garantiza un servicio de calidad y continuidad”, afirmó.
El funcionario agregó que estas prácticas no solo representan un delito, sino que terminan afectando a toda la comunidad, especialmente a quienes sí cumplen con sus obligaciones.
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En lo corrido de 2026 se han ejecutado más de 120 intervenciones a conexiones ilegales en municipios del sur del Atlántico, como parte de una estrategia permanente para reducir pérdidas en el sistema y garantizar un acceso equitativo al agua potable. Sin embargo, las autoridades advierten que existe reincidencia en cerca del 60 % de los casos intervenidos, lo que evidencia la persistencia del problema.
A pesar de ello, los operativos han permitido recuperar más de un millón de litros de agua de manera acumulada, fortaleciendo la capacidad operativa del sistema en las zonas afectadas.
El impacto de estas conexiones ilegales va más allá de lo económico. La extracción irregular de agua reduce la presión en las redes, compromete la calidad del servicio, genera fallas en la infraestructura y limita la capacidad de respuesta ante emergencias, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables.
En ese contexto, la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Ospina, enfatizó que el problema también debe entenderse desde la dimensión social y del esfuerzo institucional que hay detrás del servicio.
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“Es muy importante tener presente que el gran esfuerzo que ha hecho la Gobernación del Atlántico en inversiones por más de 1,3 billones de pesos es con el único propósito de abastecer y llegar con agua potable a toda la población, mejorar la continuidad del servicio y llevar agua por primera vez a comunidades que no la tenían. El agua potable es salud, es vida, es calidad de vida”, expresó.
La funcionaria fue enfática en señalar que el hurto de agua termina afectando directamente a la ciudadanía.
“No es posible que estas inversiones se queden en terratenientes o finqueros. El robo de agua no se lo están haciendo a la empresa o a la Gobernación, se lo están robando a la gente. Cada litro que se pierde es agua que deja de llegar a las familias”, advirtió.
Además, hizo un llamado a la corresponsabilidad colectiva para proteger el recurso.
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“Aquí tenemos que volvernos un bloque sólido entre autoridades, comunidad y medios de comunicación para proteger lo más importante, que es el agua para la gente”, concluyó.
Con la llegada del fenómeno de El Niño, el reto se vuelve aún mayor. Garantizar el abastecimiento no dependerá únicamente de las acciones institucionales, sino también del compromiso de la ciudadanía para proteger un recurso que hoy resulta esencial.
Porque en un escenario de escasez, cada litro cuenta. Y lo que se pierde por ilegalidad termina siendo el agua que le falta a miles de familias en sus hogares.
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