Con el propósito de garantizar un servicio de agua más eficiente y sostenible, la Alcaldía de Candelaria y la empresa AQsur vienen desarrollando una estrategia orientada a reducir las conexiones ilegales que actualmente generan pérdidas cercanas al 50 % del agua producida en el municipio.
Según cifras entregadas por la empresa operadora, esta problemática afecta directamente a más de 3.400 usuarios, ya que las pérdidas de agua repercuten en la presión, la continuidad del servicio y la calidad del suministro en varios sectores de la población.
Como parte del mensaje institucional para promover la legalidad, el alcalde Hayder Orozco decidió instalar un medidor de agua en su propiedad rural, destacando la importancia de que todos los ciudadanos formalicen su servicio.
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El mandatario enfatizó que el compromiso ciudadano es clave para mejorar la prestación del servicio. “Si queremos un mejor acueducto, debemos comenzar por cumplir con nuestras responsabilidades como usuarios”, expresó.
Durante el presente año, AQsur ha detectado al menos 12 conexiones fraudulentas y ha ejecutado operativos de control para frenar estas prácticas. De acuerdo con la compañía, estas irregularidades representan pérdidas que superan los 200 millones de pesos mensuales.
Otro de los factores que ha generado preocupación es el uso excesivo del agua para actividades como el riego, especialmente durante la actual temporada de altas temperaturas, lo que ha incrementado la presión sobre el sistema de abastecimiento.
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Claudia Bahamón, gerente de Aqualia Costa Norte, señaló que estas acciones irregulares terminan afectando a toda la comunidad. “El uso ilegal del agua no solo genera pérdidas económicas, también perjudica a los usuarios que sí cumplen con el pago oportuno del servicio”, explicó.
Las acciones que adelantan la Alcaldía y AQsur incluyen visitas técnicas, procesos de normalización de usuarios y campañas de sensibilización comunitaria para fomentar el uso responsable del agua y el respeto por la legalidad.
Las autoridades también recordaron que las conexiones ilegales constituyen un delito tipificado en la legislación colombiana como defraudación de fluidos, lo que puede derivar en sanciones judiciales.
