La incertidumbre crece al interior de la empresa Air-e, la ESE Universitaria del Atlántico (ESE UNA), la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma del Caribe (Uniautónoma), cuatro instituciones del Atlántico intervenidas por el Gobierno nacional en las que aún no se logra despejar su complejo panorama financiero y administrativo.
Líderes sindicales y gremiales consultados por EL HERALDO han coincidido en que, pese a las intervenciones, no se han posibilitado soluciones de fondo que permitan superar la crisis estructural de estas entidades.
En ese sentido, han cuestionado la falta de una hoja de ruta clara en cada uno de estos casos, lo que ha conllevado que hasta el momento no se conozcan planes concretos de acción para dejar atrás los tiempos de crisis.
Crisis energética
La situación más crítica se vive en la empresa Air-e, teniendo en cuenta que su déficit fiscal va en aumento (se encuentra cerca de $2,1 billones) y tiene contra las cuerdas a la cadena energética de todo el país.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), ha sido enfático al sostener que no se visiona una solución ni a corto, mediano ni largo plazo.
“La Superintendencia actúa como si el problema no fuera con ellos. Lo único que hicieron fue estructurar una contratación relativamente alta y, con eso, pareciera que consideran que el problema está resuelto, pero no es así, porque el problema sigue existiendo”, anotó.
Indicó que los generadores –en especial, los térmicos– mensualmente están recibiendo menos recursos frente a la facturación que realizan debido a la falta de pago por parte de dicha compañía.
“Mientras hay lluvias y suficiente agua, la deuda no crece de manera tan acelerada, es por alrededor de $30 mil millones de pesos. Sigue siendo una cifra alta, pero relativamente manejable. El problema es si llega un periodo seco, un verano fuerte o un fenómeno de El Niño —como ya se está advirtiendo—, porque en ese escenario la deuda podría crecer entre $100 mil millones y $150 mil millones mensuales”, explicó.
Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), agregó que “si no se toman decisiones de fondo, esto puede escalar a un problema nacional. No solo podría quebrarse Air-e, sino también varias empresas del sector, generando un daño sistémico en toda la economía”.
En el sector educativo
En la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma del Caribe varios sectores han coincidido en que las medidas de vigilancia adoptadas por el Ministerio de Educación no han sido “efectivas”, teniendo en cuenta que se han venido evidenciado “situaciones preocupantes” que ponen en riesgo el futuro de estos espacios educativos.
Jaime Iván Borrero, vocero del Sindicato de Trabajadores Administrativos y Académicos (SintradeUA), fue enfático al sostener que se han adoptado decisiones que van más allá de corregir los problemas estructurales y buscan reconfigurar la estructura institucional.
“Se han registrado actuaciones que generan dudas frente al cumplimiento estricto de fallos judiciales, como el reintegro ordenado por tutela. A eso se suma un ambiente institucional marcado por la tensión y la desconfianza”, expuso.
A renglón seguido, el líder sindical precisó que “hay una percepción, cada vez más extendida, de persecución contra sectores sindicales que hemos sido críticos de la intervención, porque no puede convertirse en un ejercicio de poder discrecional”.
Borrero agregó que existe una preocupación real de que la alma mater se convierta en un “fortín político”. “Cuando decisiones administrativas coinciden con intereses políticos, cuando se perciben alineamientos con ciertos sectores, y cuando se generan tensiones con voces críticas, es natural que surja esa interpretación”.
Y por eso recalcó que “la Universidad del Atlántico no necesita más poder. Necesita más institucionalidad. La intervención fue una medida excepcional, no permanente. Por eso es legítimo abrir el debate sobre el retorno a la autonomía universitaria, pero una autonomía responsable, con reglas claras y respeto por la ley”.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe (SintraUAC) ha expresado, en reiteradas ocasiones, su rechazo ante un modelo de administración “que ha demostrado una preocupante incapacidad de gestión financiera y administrativa” que ha conllevado a vulneraciones de los derechos laborales.
Desde la organización sindical se alertó por el no pago oportuno de los aportes a la seguridad social, “lo cual pone en riesgo la salud, la pensión y la estabilidad de los trabajadores”, así como el incumplimiento del aumento salarial pactado, “desconociendo derechos adquiridos y acuerdos laborales vigentes”.
“No es aceptable que la rectoría se limite a esperar el ingreso de recursos por concepto de matrículas, sin implementar estrategias serias de saneamiento financiero, fortalecimiento institucional y respeto por quienes sostienen esta casa de estudios”, expuso.
Optimismo en ESE UNA
Para los trabajadores de la red pública de salud del departamento, el panorama es alentador frente a la intervención, teniendo en cuenta el compromiso hecho por el Gobierno nacional de no liquidar hospitales, sino avanzar en su rescate.
“Esta es una entidad salvable, en la medida que exista voluntad. El ministro de Salud, en una reunión reciente, manifestó su interés en salvar la entidad y explicó que están evaluando distintas alternativas para lograrlo. Sin embargo, el tiempo es corto”, dijo Ángel Salas, directivo de Anthoc en el Atlántico.
En ese sentido, enfatizó en la necesidad de un plan de choque urgente para mantener a flote la entidad, que se constituye en un referente para la región Caribe: “Su situación actual responde a un problema estructural del sistema de salud. Por eso se requiere una hoja de ruta, para que se puedan superar los inconvenientes”.
Calificó como positiva la gestión adelantada por la actual interventora, puesto que “viene haciendo un esfuerzo serio en medio de un escenario muy complejo. No es fácil, porque el pasivo es cercano a los $120 mil millones, que no se ha podido reducir”.
Contexto en la entidad
El 19 de agosto de 2025, la Superintendencia de Salud anunció la intervención de la ESE UNA por un periodo de un año, teniendo en cuenta que –durante el ejercicio de funciones de inspección y vigilancia– se evidenciaron 49 hallazgos relacionados con fallas de carácter asistencial, administrativo y financiero que “representan un riesgo para la oportuna prestación de los servicios de salud con atributos de calidad”.
En ese momento se designó a Fredys Socarrás como agente interventor. Sin embargo, solo estuvo hasta noviembre en el cargo. En su reemplazo se nombró a Maryury Díaz Céspedes, quien recientemente habló con EL HERALDO y aseguró que una de las prioridades en este periodo ha sido la recuperación de la confianza por parte del talento humano para mejorar los niveles de atención y operación.
Sin embargo, la red pública de salud del departamento viene arrastrando una deuda superior a $14 mil millones con el talento humano y cada mes se agrava más por un déficit cercano a los $6 mil millones.
El déficit en Uniautónoma
El Ministerio de Educación Nacional adoptó, el 15 de febrero de 2018, medidas preventivas y de vigilancia especial para la Universidad Autónoma del Caribe con el fin de superar una serie de deficiencias administrativas y financieras para así “garantizar el derecho a la educación de los estudiantes en condiciones de continuidad y calidad”.
Desde ese momento ha contado con rectores como María Victoria Mejía, Rodolfo Pérez y Mauricio Molinares, que han dado un paso al costado o han sido retirados del cargo por dificultades en la estabilización de la alma mater. En marzo de 2024, el MEN designó en dicho cargo a Jorge Senior, quien recientemente fue elegido como rector en propiedad hasta el 2030.
Recientemente, Senior indicó a esta casa editorial que la deuda total supera los 160 mil millones de pesos, cifra que se incrementó en años anteriores. Recordó, además, que la universidad avanza también en una propuesta para cambiar su naturaleza jurídica y convertirse en universidad pública, iniciativa que ya fue presentada ante el Congreso.
Uniatlántico, en medio de una tensa calma
El principal centro de educación superior del departamento se encuentra en medio de un complejo panorama. A pesar de que este mes se inició el primer semestre de 2026, entre los miembros de la comunidad universitaria hay inconformismo ante la medida de vigilancia especial del Mineducación.
Cabe destacar que la cartera ministerial adoptó dicha medida “tras confirmar graves irregularidades que comprometen la transparencia y legalidad del proceso de elección de rector”. Hasta el momento no se ha adoptado una decisión de fondo frente a la demanda de nulidad instaurada en contra de la designación de Leyton Barrios Torres en dicho cargo.
Por el momento, las riendas de la institución están en manos de Rafael Castillo, quien fue nombrado como rector por un año por el ministro Daniel Rojas. Uno de los cuestionamientos ha sido una sanción que presuntamente no habría cumplido y le impediría aceptar el cargo.
“Tenemos puesta la camiseta y estamos cumpliendo la tarea que nos asignó el Ministerio de Educación”, dijo Castillo hace algunas semanas.
Air-e amenaza con poner en aprietos la cadena energética
El 11 de septiembre de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó la intervención de la empresa Air-e, que atiende a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
En enero de 2025, la Superservicios indicó que la modalidad de la toma de posesión era con fines liquidatorios, aunque se incluyó una etapa de administración temporal para “adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio”.
En este periodo se ha contado con cinco interventores: Carlos Diago, Edwin Palma, Diana Bustamante, Nelson Vásquez y Tania Peñaranda; sin embargo, no se ha logrado establecer un plan de acción que permita superar la crisis financiera. Según el registro de gremios, las deudas de la compañía ascienden a $2.1 billones: cerca de $1.3 billones corresponde a una deuda con generadores; alrededor de $250 mil millones con otros agentes, y entre $500 mil y $700 mil millones con transportadores y transmisores.
