La Universidad Autónoma del Caribe vive momentos difíciles. El inestable estado administrativo y financiero no ha sido superado a pesar de la medida de intervención que adoptó el Ministerio de Educación Nacional en marzo de 2024, a lo que se suman crecientes conflictos internos y cuestionamientos frente a los manejos institucionales.
Este panorama se agudiza ante los señalamientos de anomalías alrededor del proceso de designación del rector para el periodo 2026-2030, luego de que el Consejo Superior decidió dejar esta responsabilidad en manos de Jorge Senior tras recibir el respaldo de seis miembros de dicha instancia. Los otros tres votos se distribuyeron entre otros candidatos que se encontraban en la puja.
Cabe recordar que Senior se venía desempeñando desde hace dos años como rector de la alma mater por decisión del Ministerio, en el marco del proceso de vigilancia especial e intervención administrativa.
Este hecho causó dudas sobre la transparencia del proceso de designación del rector en propiedad, puesto que Senior tendría cercanía con los miembros del Consejo Superior.
Finanzas en declive
Javier Manjarrés, representante de los egresados en el Consejo Superior de la Universidad Autónoma del Caribe, aseguró que la institución atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia debido al crecimiento acelerado de las deudas y la reducción significativa en el número de estudiantes.
“La situación en estos momentos es difícil, con unas deudas insostenibles. En los últimos dos años aumentaron en más de $30 mil millones y ya superan los $200 mil millones. Además, la población estudiantil ha disminuido entre mil y mil quinientos estudiantes”, sostuvo.
De acuerdo Manjarrés, en este periodo no ha logrado implementar una hoja de ruta clara para enfrentar el déficit presupuestal: “Estos dos años han sido demasiado críticos. No ha habido una gestión que disminuya el déficit ni políticas institucionales que mejoren la situación. Cada día la universidad se deteriora más”.
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Señaló que, pese a que el Consejo Superior ha aprobado distintas solicitudes de la administración actual para implementar medidas dentro de la institución, los resultados no han sido los esperados.
“Al rector le hemos aprobado casi todo lo que ha solicitado al Consejo Superior, pero o no se aplican las decisiones o se aplican mal y la situación sigue siendo demasiado precaria. Desafortunadamente, la universidad no aguanta un año más con sus puertas abiertas si esto continúa así”, dijo.
El consejero fue enfático al sostener que la alerta sobre el posible agotamiento del respaldo patrimonial surgió durante el proceso de elección de rector, cuando uno de los candidatos expuso cifras sobre el estado financiero de la universidad.
Sobre la elección
Manjarrés aseguró que la elección estaría “viciada” debido a que “el rector encargado organizó y convocó la elección en la que él mismo participó como candidato y terminó elegido. Desde cualquier punto de vista eso está viciado”.
Señaló, además, que durante la sesión del Consejo Superior se declararon supuestas inhabilidades para otros aspirantes, como Ariel Padilla y Tito Crissien, mientras que –según él– no se evaluó con el mismo rigor la participación del rector encargado.
“Revisaron esos dos casos, pero no analizaron la inhabilidad del rector encargado, que sí podía influir directamente en la elección”, aseguró.
Frente a esta situación, Manjarrés indicó que está explorando acciones legales para controvertir el proceso.
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“Estoy revisando con mis abogados para presentar una demanda de nulidad de esa elección. Tengo 30 días para hacerlo y probablemente la presentaremos en los próximos días para que sean las autoridades las que determinen si se violó la Constitución”, señaló.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe (SintraUAC) se aseguró que “lo que debía ser una medida excepcional y transitoria, se ha convertido en un mecanismo de consolidación de poder, con la ratificación en el cargo como rector por 4 años más”.
El sindicato también expuso que en este periodo de intervención se logró la reconfiguración del Consejo Superior a través de un “proceso de negociación a puerta cerrada”.
“Para ello se utilizó como mecanismo la cooptación, lo que implicó la salida de consejeros anteriores y la posterior incorporación al órgano de gobierno de personas que son amigos personales del rector, quienes hoy integran dicho consejo”, anotó.
Por eso se solicitó al Ministerio de Educación Nacional que adelante las actuaciones correspondientes para garantizar el respeto por la institucionalidad universitaria, al tiempo que se evalúen las circunstancias que rodearon el proceso de elección rectoral y se adopten las medidas necesarias “para evitar cualquier forma de desviación de poder o vulneración de la autonomía universitaria”.
Deudas a catedráticos
A su vez, un catedrático de la Uniautónoma, quien pidió mantener su nombre en reserva, señaló que la crisis financiera de esta institución no es un tema nuevo para los trabajadores.
“A mí me deben el sueldo del mes de noviembre, que es del semestre pasado, y por ende, también mi liquidación. Ya este nuevo semestre va corriendo el segundo mes y tampoco hay movimiento de pagos para los catedráticos”, sostuvo.
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De igual manera, denunció que según lo que se ha rumorado a través de grupos de WhatsApp, la universidad solo le pagará al 50 % de los catedráticos y que la otra mitad deberá esperar al pago que haga el Icetex.
“Todos conocemos el caso de un vigilante de la universidad que no pudo acceder a un servicio de salud oportuno debido por la falta de pago de seguridad social y eso es una gran prueba de lo jodido que está todo. Las veces que me he enfermado me atienden gracias al pago de seguridad social de la otra empresa en la que laboro porque aunque me descuentan los gastos en la institución, no puedo acceder a estos servicios”, agregó.
En cuanto al estado de la infraestructura, el docente indicó que las instalaciones se encuentran “altamente deterioradas” debido a que no se cuentan con recursos para garantizar su mantenimiento. “Son pocos los aires acondicionados que sirven, los laboratorios de física no cuentan con los elementos y ni siquiera los baños de las mujeres cuentan con papel higiénico y jabón para lavarse las manos”.
¿Qué dice el rector?
El rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Jorge Senior, explicó que los estados financieros correspondientes todavía no han sido aprobados, trámite que deberá realizarse en la próxima reunión del Consejo Superior, que se debe llevar a cabo antes de Semana Santa.
“Todavía no hemos aprobado los estados financieros. Eso tiene que hacerse en el mes de marzo y será en la próxima reunión del Consejo Superior. Allí tendremos cifras objetivas sobre el estado de la institución a corte de 31 de diciembre”, indicó.
El rector señaló que los problemas financieros de la universidad no son recientes, sino que responden a una situación estructural que se arrastra desde hace varios años y que dio origen a la intervención del Gobierno nacional.
En ese contexto, explicó que uno de los principales retos de la administración es lograr el equilibrio en la operación anual de la institución, razón por la cual el Consejo Superior aprobó en diciembre un presupuesto que actualmente se está ejecutando.
“El Consejo Superior hizo un presupuesto que es el que estamos ejecutando actualmente y es un presupuesto equilibrado”, aseguró.
Frente a las demandas de los sindicatos, Senior reconoció que estas hacen parte del ejercicio legítimo de las organizaciones laborales, aunque subrayó que las decisiones deben ajustarse a la realidad financiera de la alma mater.
“Los sindicatos tienen sus aspiraciones, que pueden ser legítimas o discutibles. Ellos están en su derecho de expresarlas, pero también deben conocer cuál es la realidad financiera de la institución”, sostuvo.
El rector explicó que varios puntos de la convención colectiva dependen directamente del estado financiero de la universidad, por lo que su cumplimiento debe darse de forma gradual. “Son aspiraciones que tienen que irse dando poco a poco, de manera gradual, dependiendo de cómo evolucione la situación financiera”.
Sobre las deudas de la institución, Senior reconoció que la universidad mantiene obligaciones importantes, una situación que también ha sido documentada en distintos momentos.
Detalló que la institución se encuentra bajo las medidas de la Ley 1740 de 2014, lo que implica una intervención estatal y mecanismos especiales de vigilancia y control financiero. Entre estas medidas explicó que los recursos de la universidad deben manejarse a través de una fiducia, mecanismo que garantiza supervisión sobre el uso del dinero.
“Cuando llegué a la rectoría encontramos que no todo se estaba manejando por la fiduciaria. Esa irregularidad la denunciamos ante las autoridades y la corregimos. La administración anterior no había abonado al plan de pagos. Esta administración abonó casi mil millones de pesos en dos años. En términos globales es poco, pero demuestra que la universidad está haciendo el esfuerzo”, aseguró.
Senior también señaló que la deuda total supera los 160 mil millones de pesos, cifra que se incrementó en años anteriores.
“Después de la intervención del Estado en 2018, la universidad siguió endeudándose, especialmente en el último periodo de la administración anterior”, dijo.
El rector agregó que esta situación ya fue informada al Ministerio de Educación, entidad que mantiene vigilancia estricta sobre la institución, incluyendo la presencia de una inspectora que participa en las reuniones del Consejo Superior y puede revisar en cualquier momento el funcionamiento de la universidad.
Finalmente, Senior recordó que la universidad avanza también en una propuesta para cambiar su naturaleza jurídica y convertirse en universidad pública, iniciativa que ya fue presentada ante el Congreso.
El proyecto, radicado como Proyecto de Ley 338 de 2025, busca que el Estado colombiano asuma la institución, implemente gratuidad en los programas de pregrado y realice una inversión especial que fortalezca su funcionamiento académico.
“Eso permitiría que la universidad se vuelva pública, tenga política de gratuidad en el pregrado y reciba una inyección especial de recursos del Estado que le daría un impulso notable a la academia”, concluyó.
