Las irregularidades de un proyecto inmobiliario terminó impulsando el trabajo en equipo entre quienes resultaron defraudados. Tenían sueños claros: aumentar su patrimonio, vivir con sus hijos en casa propia o darles una vivienda a sus padres. Pero ese anhelo se transformó en una pesadilla con la que estuvieron a punto de perder sus inversiones.
La constructora AVI Strategic Invesment vendió el complejo residencial Sankara Palms, ubicado en Villa Campestre, en Puerto Colombia, como un espacio que se distinguiría por la calidad, el lujo y la exclusividad.
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Sin embargo, al igual que la mayoría de los proyectos liderados por esta firma, terminó siendo —según los afectados— un engaño para las 60 familias que inicialmente invirtieron.
En Giocco no se levantó un solo muro; en Torres del Cielo, la estructura que alcanzó a construirse quedó en el abandono, y en Sankara el edificio habría sido terminado por los propios propietarios.
De acuerdo con los residentes de los apartamentos, AVI les entregó las viviendas con falencias en cada rincón: no instalaron un sistema contra incendios; el sistema hidráulico no funcionaba adecuadamente; no había señalética; el parque infantil tenía solo la plantilla y presentaba filtraciones de agua; las rampas no contaban con barandas; la piscina estaba inconclusa; los pisos eran de mala calidad; los contadores no fueron instalados y había problemas con los servicios eléctricos.
“Muchas cosas que nos tenían que entregar no las entregaron y nos tocó asumirlas”, expresó una propietaria que pidió la reserva de su nombre.
EL HERALDO también conoció que los hermanos Andrés y Alberto Avilés, dueños de la constructora, habrían quedado debiendo pagos a varios contratistas de este edificio.
“Le quedaron debiendo a la gente de las puertas, de las cocinas. Un día, recién entregado el edificio, hubo una protesta. Vinieron a reclamarnos a nosotros porque no les habían pagado. Les dijimos: ‘Qué pena, vayan donde los Avilés, porque la copropiedad no les debe a ustedes’”, agregó la residente.
Además, los habitantes indicaron que los Avilés prometieron equipar algunos apartamentos con cocinas italianas, a través de una alianza con la empresa Scavolini, reconocida por la fabricación de cocinas, baños, salas de estar y vestidores de alta gama.
Este medio pudo establecer que dicha asociación se realizó mediante otra sociedad comercial de los Avilés, llamada AVI Design Store S.A.S., también liquidada. En esa empresa figuraba como representante legal Alberto Avilés, mientras que Andrés Avilés aparecía como representante legal suplente.
Todos estos inconvenientes habrían sido asumidos y resueltos por los propietarios, pese a que no les correspondía. Los apartamentos fueron adquiridos por valores que oscilaron entre $400 y $600 millones. Sin embargo, debido a los arreglos y dotaciones que debieron ejecutar, las familias han invertido, en conjunto, al menos $1.600 millones de pesos adicionales.
Insistir, persistir
Sankara Palms debió entregarse en el 2016. No obstante, en ese año, la obra estaba en un 48 % de construcción. Fue entonces cuando los propietarios se enfrentaron al miedo de que tuvieran “la misma suerte” de los compradores de Torres del Cielo y Giocco.
Entonces, un grupo de compradores realizó una asamblea para encarar a los constructores y a la fiducia, la cual también es Alianza Fiduciaria S.A. (condenada en primera instancia por la Superfinanciera por el caso de Torres del Cielo).
“Nos dijeron que los bancos le habían cerrado el crédito y que no tenían plata para seguir las obras”, comentó la habitante de Sankara.
Los propietarios decidieron no demandar, ya que observaron que eso estaba generando inconvenientes para que la construcción terminara.
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Gracias a ello, convirtieron el edificio en un atractivo para inversionistas. Lograron que el gestor de activos MC Assets comprara la deuda de AVI a menor valor con la condición de que los beneficiarios de área de Sankara firmaran un otrosí en donde les incrementaran en un 10 % el valor de los apartamentos para poder iniciar la obra.
“Las cuotas iniciales, que estaban entre el 20 y el 30 %, nos las subieron al 40 % para poder iniciar obra”, expresó.
A partir de entonces, les tocó asumir roles. Los propietarios de Sankara se convirtieron en ingenieros, decoradores y arquitectos para vivir en un edificio verdaderamente digno de sus esfuerzos.
Seis años después, en diciembre de 2022, entregaron el primer apartamento. Seis años después, luego de tanta lucha, el miedo y la incertidumbre se transmutaron en felicidad.
Finalmente, en octubre de 2023 algunos dueños de las viviendas asumieron la administración definitiva. Y en 2024 pidieron la primera cuota extraordinaria para hacer la dotación con sus recursos de las amenidades: parque infantil, barbecue, coworking, gimnasio, salón de juegos, salón de adultos, salón social y la piscina.
“Todas las personas que vivimos acá somos trabajadoras, profesionales, con familias consolidadas. Nosotros teníamos un sueño”, dijo otra afectada.
Tal como en Torres del Cielo, de la contingencia nació un grupo dispuesto a trabajar en comunión. Reflejando ante todo que no se trata simplemente del dinero —que también importa—, sino de los años de trabajo por conseguir una vivienda.
“Todos tenemos el compromiso de mantener este edificio, de que nuestro patrimonio se siga fortaleciendo, se valorice y que la inversión —tanto emocional como económica— siga creciendo”, puntualizó una residente del edificio.
La delicada situación financiera de la constructora desde sus comienzos
La constructora AVI fue constituida en julio del 2006 por los hermanos Alberto y Andrés Avilés. Un año después, según los estados financieros reportados ante el RUES, AVI (que en el documento aparece como AVI Diseño y Construcción S. A.) tuvo un inicio marcado por las deudas.
En aquel entonces, la empresa tenía $994 millones en activos. Sin embargo, estaba muy endeudada, ya que sus pasivos totales estaban cerca de sus activos, con $840 millones, mientras que sus ganancias rondaban apenas los $153 millones . Esto indica que su situación financiera fue riesgosa desde el primer momento.
“Una empresa, en su vida comercial, no puede basarse únicamente en endeudarse, porque eso hace que, en el fondo, no tenga respaldo propio”, explicó la economista Daniela Peña a esta casa editorial.
EL HERALDO también accedió al último formulario de renovación de matrícula en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el 2018 (año en el que suspendió obras en Torres del Cielo). Para dicho año, la empresa reportó activos totales por $1.110 millones; sin embargo, el pasivo (lo que debía) ascendía a $1.081 millones, dejando un patrimonio neto reducido de apenas $28 millones. A esto se suma que, durante el periodo reportado, obtuvo ingresos por cerca de $468 millones, pero terminó el año con una pérdida de $734 millones.
Finalmente, se pudo constatar que los hermanos Avilés también figuraron como representantes legales de otras empresas, tales como Prolink S.A.S; Blu Gerencia Inmobiliaria S.A.S, y AVI Design Store S.A.S.
