Haciendo gala de la experiencia adquirida tras varios años de trabajar tanto en el sector público como en el privado, Jesús Pérez Benito-Revollo ha venido liderando los procesos asociados a la Región Administrativa de Planificación (RAP) Caribe.
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En diálogo con EL HERALDO, aseguró que la región Caribe ha tenido avances relevantes en el camino para convertirse en una entidad territorial, siendo enfático en que el proyecto de ley que fue radicado en el Congreso es vital para dar la materialización de este sueño. Al tiempo, Pérez destacó que se ha trabajado en la consolidación de una agenda energética para atender la crisis que se vive en la región desde hace varias décadas.
¿Cómo le fue a la RAP Caribe en 2025? ¿Qué avances se lograron en materia de autonomía regional?
El 2025 fue un año de mucho crecimiento y de consolidación. El 2024 fue un año de construcción de visión, y por eso se creó el Plan Estratégico Regional. En 2025, lo que hicimos fue sentar las bases para ejecutar ese plan, como mecanismo principal de planificación del Caribe y de la visión que construimos con todas las fuerzas vivas de la sociedad sobre lo que queremos que sea la región en 2035.
En materia administrativa, por ejemplo, hemos desarrollado los procesos propios de la entidad. Hoy contamos con la automatización y sistematización de nuestros procesos, algo que por primera vez se logra en los siete años de existencia de la RAP Caribe. Este es, sin duda, uno de los principales logros.
En el frente energético también hemos avanzado de manera significativa. Hemos logrado que la RAP Caribe —y, por ende, los gobernadores— sean reconocidos por los agentes de la cadena energética del país como un actor fundamental para facilitar la interacción, la articulación y la generación de consensos alrededor de los puntos estratégicos necesarios para enfrentar la crisis energética de la región.
La manifestación más clara de ello fue la instalación, el pasado 15 de diciembre, de la Mesa Caribe Mineroenergética, con representación de todos los actores de la cadena: generadores, transmisores, distribuidores, operadores de red, comercializadores, la Creg, el Ministerio, las gobernaciones, entre otros. En esa línea, la RAP tiene mucho que aportar y el 2025 sirvió para consolidar ese espacio.
En cuanto al proceso de descentralización y regionalización, creo que 2025 ha sido uno de los años más importantes de los 34 años de vigencia de la Constitución Política, no solo para el Caribe, sino para el país. Por primera vez, la RAP Caribe logró avanzar en cuatro de los seis pasos necesarios para constituir una región como entidad territorial, es decir, una región con tareas claras y recursos asignados para cumplirlas.
El primer requisito fue la manifestación expresa de los gobernadores, quienes hoy lideran el proceso. El segundo fue la autorización de las asambleas departamentales, a través de ordenanzas, lo cual se logró en mayo. El tercer paso fue acudir a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Estado, presidida por el Ministerio del Interior y con participación del DNP, los ministerios de Vivienda y de Ambiente, las CAR y la academia. Allí, la RAP Caribe presentó y sustentó las razones por las cuales la región Caribe debe constituirse como entidad territorial, obteniendo un concepto favorable.
El cuarto requisito es el trámite de una ley de la República que asigne competencias y recursos. Hoy ese proceso ya está en marcha con el proyecto de ley 256 de 2025, que fue radicado en el Senado de la República, en la Comisión Primera, y ya cuenta con ponentes designados.
Si uno revisa el proceso de regionalización en Colombia en estos 34 años, esta es la primera vez que una región avanza de manera tan sólida.
Uno de los puntos que también ha impulsado la RAP Caribe ha sido la búsqueda de soluciones a la problemática energética, incluyendo la idea de crear una empresa propia de la región. ¿Es posible su materialización en el corto o mediano plazo?
El gobernador Eduardo Verano, actual presidente de la RAP Caribe, ha sido un gran líder del proceso de regionalización en Colombia, junto con los demás gobernadores que integran el Consejo Directivo. Ellos tomaron la decisión de que una de las tareas más importantes de las RAP sea facilitar soluciones para mejorar la prestación del servicio de energía en la región.
Más que hablar de una empresa en sentido estricto, hablamos de impulsar una institucionalidad. Hago esta precisión porque la cadena energética es altamente especializada y está compuesta por varios eslabones —generación, transmisión, distribución y comercialización— en los que ya existen agentes con experiencia y capacidad financiera, jurídica y técnica.
Lo que los gobernadores han puesto sobre la mesa es la creación de una institucionalidad que permita, en primer lugar, hacer planificación energética desde la región. Hoy el sistema nacional se planifica desde un único punto y, muchas veces, no logra identificar con precisión las necesidades de cada territorio. Esto ocurre en el Caribe, en el Pacífico y en los Llanos.
La propuesta de una gestora energética del Caribe busca generar insumos propios para que esa planificación regional sea tenida en cuenta. En el futuro, no se descarta que esta institucionalidad pueda ejecutar tareas o incluso vincularse a alguno de los eslabones de la cadena, especialmente con una visión clara de transición energética.
Esa transición debe darse con rigor técnico, aprovechando todos los potenciales energéticos del país. El gas no puede descartarse; deben impulsarse las fuentes alternativas y la generación hídrica, aprovechando la riqueza natural que tenemos.
La instalación de la Mesa Caribe Mineroenergética del 15 de diciembre sienta las primeras bases. Allí, la RAP Caribe actúa como secretaría técnica y ente articulador para definir un Plan Caribe de Inversiones y de Acciones Estratégicas. Creemos que estos son los primeros pasos para consolidar esa institucionalidad energética regional.
Es importante resaltar que, aunque existe una buena interlocución con el Gobierno nacional, este ha sido un proceso liderado con autonomía desde los territorios, impulsado directamente por los gobernadores.
Otro tema clave es el proceso de regionalización y la eventual convocatoria a un referendo. Se habló del 8 de marzo como fecha tentativa. ¿Habrá o no referendo para esa fecha?
Esta es una pregunta muy importante. El referendo es el último paso que establece la ley para crear una región como entidad territorial, pero está concatenado con otros requisitos previos. Son cinco en total. Ya hemos avanzado en cuatro: la manifestación de los gobernadores, la autorización de las asambleas, el concepto favorable de la Comisión de Ordenamiento Territorial y el trámite de la ley en el Congreso.
Una vez esa ley sea aprobada, estaremos facultados para convocar el referendo. Inicialmente, proyectamos que pudiera realizarse el 8 de marzo, siempre y cuando el proyecto de ley avanzara con mensaje de urgencia del Gobierno nacional, lo cual habría acelerado el trámite legislativo. Al no darse ese mensaje, el cronograma se ajusta y esa fecha se complica.
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Sin embargo, el proceso sigue totalmente vivo. No es solo una intención de los gobernadores, sino un clamor del Caribe. En este camino han participado las asambleas departamentales, la sociedad civil y las universidades. Ahora el reto está en el Congreso de la República. Confiamos en que senadores y representantes estarán a la altura de este momento histórico.
Una vez la ley sea aprobada, se definirá una nueva fecha para el referendo y será finalmente el pueblo del Caribe quien tenga la última palabra.
Sin duda son varios los frentes que se deben atender en el futuro. Pero, desde tu perspectiva, ¿qué se espera para la RAP Caribe en 2026?
El 2026 debe ser un año de consolidación. Hoy contamos con una entidad reconocida como articuladora y planificadora del desarrollo regional a mediano y largo plazo. Queremos incidir de manera decisiva en el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030.
Estamos trabajando con aliados estratégicos como la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), las corporaciones autónomas regionales y el sector energético para marcar la pauta de lo que la región Caribe necesita, independientemente de quién sea el próximo Gobierno nacional.
Nuestros tres grandes pilares son la energía, la infraestructura y la protección y promoción del medio ambiente, con una apuesta fuerte por el turismo de naturaleza. Esa es la visión que tenemos para 2026.
¿Esta última apuesta se alinea con el decálogo que presentaron durante la COP16?
Todo parte del Plan Estratégico Regional, que define las cinco grandes apuestas de mediano plazo para el Caribe. En materia ambiental, ese plan se materializa en el decálogo y en proyectos concretos, como el de turismo de naturaleza que estamos estructurando junto con las autoridades ambientales. Ahora el reto es gestionar los recursos para hacerlo realidad. Por eso es tan importante avanzar hacia la región como Entidad Territorial, que nos permitiría contar con herramientas claras para ejecutar estas visiones de desarrollo.
