Un grupo de gremios del sector energético del país le enviaron al Ministerio de Minas y Energía y a las Comisiones Quintas del Congreso una carta en la que les advierten que el Proyecto de Ley 432 de 2025, recientemente radicado ante el Congreso de la República con el fin de bajar las tarifas de energía, podría por el contrario incrementar el costo de las facturas y poner en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico y de gas.
En la comunicación, firmada por asociaciones como Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia, la ACP, la Andi y Asoenergía, entre otras, se precisa que los gremios han contribuido “a la discusión técnica del anteproyecto, presentando observaciones y alternativas orientadas a asegurar el abastecimiento energético del país y a mejorar el acceso y la eficiencia en la prestación de los servicios de energía y gas para los usuarios, mitigando riesgos que, por el contrario, puedan comprometer este objetivo”.
Sin embargo, de acuerdo con los gremios, en la el proyecto radicado se incluyen artículos generan incertidumbre jurídica y afectan las reglas de expansión de la oferta energética, en un momento en el que el país enfrenta serias limitaciones de capacidad.
“Consideramos necesario advertir que varias de sus disposiciones no conducen a una reducción tarifaria, y, por el contrario, podrían generar incrementos en las facturas de los usuarios y afectar la prestación del servicio, con implicaciones económicas y sociales adversas”, se lee en el comunicado.
Resaltan que el reto más urgente es garantizar el abastecimiento de energía eléctrica y gas combustible, explican que hoy en riesgo por la insuficiencia de oferta de energía firme y de gas nacional. “Los gremios venimos insistiendo en que sin expansión oportuna de la oferta no se lograrán tarifas competitivas y, peor aún, se comprometerá el abastecimiento de energía en el mediano y largo plazo”.
Aseguran que de acuerdo con datos oficiales del operador del mercado, en los últimos cinco años solo ha entrado en operación menos del 30% de la generación comprometida y más del 50% de los proyectos de transmisión presentan retrasos, situación que aumenta el riesgo de desabastecimiento en el mediano plazo.
A esto se suma la cartera de los comercializadores, que asciende a $6 billones, de los cuales un 68% corresponde a deuda pública nacional y territorial.
Concluye la carta solicitándole al Gobierno nacional que los temas abordados en el proyecto de ley sean “revisados con base en evidencia técnica, participación informada y diálogo institucional, de forma que garantice la seguridad energética, la estabilidad jurídica y la confianza de los inversionistas, pilares del desarrollo económico y social del país”.
Propuestas de los gremios
Los gremios señalan que, en lugar de avanzar con el proyecto de ley en su versión actual, el Gobierno y el Congreso deberían concentrar los esfuerzos en cinco acciones urgentes que no requieren cambios legislativos, sino decisiones inmediatas y coordinadas:
- Pagar los subsidios atrasados Garantizar los recursos para cubrir los subsidios ya otorgados a los usuarios más vulnerables de energía y gas, cuya deuda supera los $2,8 billones a septiembre de 2025. Esta mora afecta la liquidez de los prestadores y pone en riesgo la estabilidad del sistema.
- Cumplir el compromiso sobre la opción tarifaria Honrar la promesa hecha por el presidente Gustavo Petro en mayo de 2024, según la cual la Nación asumiría los saldos pendientes de la opción tarifaria.
- Resolver la situación de Air-e en la Región Caribe Definir e implementar un esquema claro para la prestación del servicio por parte de Air-e, incluyendo el pago de las deudas que mantiene con otros agentes del mercado, con el fin de mitigar el riesgo sistémico que enfrenta hoy el sector eléctrico.
- Realizar estudios técnicos independientes Contratar consultores idóneos que elaboren estudios rigurosos sobre las reformas propuestas, ya que su complejidad exige análisis superiores a los seis meses establecidos por la ley. Las decisiones deben basarse en evidencia sólida.
- Destrabar y ejecutar proyectos energéticos Adelantar acciones que faciliten la ejecución de proyectos —especialmente en temas sociales y ambientales— y garantizar la seguridad jurídica necesaria para asegurar el abastecimiento energético del país.
Minminas responde
Tras conocerse esta misiva, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma a través de sus redes sociales cuestionó lo dicho por los gremios del sector y aseguró que el Congreso es el escenario donde queremos dar estos debates y alimentar el cuerpo del texto.
y criticó a los gremios asegurando que ahora piden un estudio que dure 6 meses “y llevan años estudiando y estudiando lo mismo y aún no tienen propuestas”.
Según Palma, no han presentado una sola, “ni para un tema por sencillo que parezca. La carta no dice nada nuevo. Respeto la misiva, pero insistiré al Congreso adelantar el debate”.
Y añadió que ya están conciliando ponencia para primer debate y le pedirá al ministro del Interior, Armando Benedetti, que se “imprima un mensaje de urgencia”.
Minminas dijo que ahora se observa una “solidaridad de clase o de gremio, los une la oposición al Gobierno”. Al tiempo que señaló que “en silencio” algunas de sus propuestas han sido reconocidas en privado.
Agregó que en el debate, expondremos al país esas diferencias y los intereses que cada uno protege”, posteó minminas.
Inmediatamente, Benedetti respondió el post de minminas y dijo que se tramitaría la comunicación de urgencia: “Sí señor, ya mismo proyectamos la comunicación del mensaje de urgencia e insistencia”.
