Una nueva recusación ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico fue presentada esta semana en contra de la representante estudiantil Angely Loraine Diaz Cordero, quien hace parte del proceso de elección del rector de la alma mater para el período 2025-2029.
William Mauricio Yi Castillo, egresado de la Facultad de Educación de Uniatlántico, alertó de un posible conflicto de intereses que afecta la imparcialidad de la representante estudiantil por haber sido contratista de la universidad entre 2022 y 2023, bajo unos contratos recomendados y autorizados por el actual candidato a la rectoría Danilo Hernández.
Castillo sustentó que “la relación contractual y el vínculo de subordinación administrativa generado por la contratación materializan un interés directo, que compromete la independencia de la representante estudiantil al momento de participar en decisiones relacionadas con el proceso de elección del rector o con el señor Danilo Hernández”.
De esta manera, anotó también que se cumple una doble causal de impedimento para la representante al “haber sido recomendada por la persona interesada o por el representante legal de la entidad interesada, en este caso el candidato Hernández”.
Otras acciones judiciales
En el Ministerio de Educación reposa actualmente un expediente de todas las quejas que han recibido contra la postulación de Leyton Barrios a la rectoría.
A través de una tutela, los aspirantes Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández argumentaron una presunta vulneración de los derechos al debido proceso e igualdad, teniendo en cuenta que no se ha resuelto una solicitud formal de verificación de los requisitos al cargo por parte de este aspirante.
De igual manera, el ciudadano Andrés Felipe Santiago presentó una tutela en contra de la Procuraduría, el Mineducación, la Uniatlántico y el Consejo Superior por una presunta violación al derecho fundamental al debido proceso.
Sumado a esto, la exaspirante Norma Vera Salazar también entregó un derecho de petición ante el Ministerio de Educación para que adelante una “intervención urgente” que permita verificar la documentación expedida por la corporación frente a las certificaciones expedidas sobre la situación laboral de Barrios.
Por otro lado, el veedor ciudadano Andrés Felipe Santiago Lozada alertó en un derecho de petición la posible imparcialidad, conflicto de intereses y desviación de poder por parte del procurador regional del Atlántico, luego de que se declarara improcedente la acción que le impedía darles trámite a las otras quejas contra miembros del Consejo Superior de Uniatlántico.
