Una tensa calma se ha apoderado de la Universidad del Atlántico frente a la designación del rector para el periodo 2025-2029. Mientras el Consejo Superior se encuentra a la espera de una decisión por parte de la Procuraduría frente a una serie de recusaciones, este jueves fueron presentadas varias acciones judiciales en contra del proceso, las cuales han sido lideradas por distintos sectores que piden garantías de transparencia y equidad en la elección.
Por medio de estas acciones se ha pretendido la suspensión “inmediata” de una sesión del Consejo Superior que había sido convocada para este viernes para adelantar la escogencia del nuevo timonel de la alma mater. Sin embargo, EL HERALDO pudo establecer que dicha convocatoria fue aplazada, probablemente, para la próxima semana.
A través de una tutela, los aspirantes Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso e igualdad, teniendo en cuenta que no se ha resuelto una solicitud formal de verificación del cumplimiento de los requisitos al cargo por parte del aspirante Leyton Barrios Torres.
“Diversos sectores de la comunidad académica han solicitado al Consejo Superior verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por parte del candidato Leyton Barrios, quien aspira al cargo de rector. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar que todos los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente”, se lee en el documento.
De forma previa, el Comité Electoral remitió al Ministerio de Educación Nacional las quejas que han recibido contra la postulación de Leyton Barrios a la rectoría de la alma mater.
De acuerdo con el documento al que accedió EL HERALDO, el mencionado expediente ha sido puesto en conocimiento de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN para que adelante una revisión con relación a presuntas anomalías por parte Barrios frente a los requisitos mínimos exigidos en este proceso.
En la misma comunicación, el Comité Electoral recomendó al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico abstenerse de convocar o continuar la sesión de designación del rector hasta tanto no se surta la verificación del Ministerio y se resuelvan de manera clara y definitiva las quejas presentadas.
Asimismo, el Sindicato de Trabajadores Administrativos y Académicos de la Universidad del Atlántico (Sintradeua) presentó una solicitud al Consejo Superior para que se proceda a una revocatoria parcial el administrativo que permitió la inscripción de Leyton Daniel Barrios Torres como candidato a la rectoría de la institución.
Desde el sindicato se expuso que esta acción se fundamenta en “hechos verificables y documentos oficiales” que demuestran “inconsistencias graves” y “contradicciones” en la información presentada por el mencionado aspirante ante el Comité de Credenciales.
“La solicitud se formula con respeto institucional, pero con la firmeza que exige la defensa del principio de veracidad documental y ética universitaria”, se señala en el texto
El sindicato enfatizó que este proceso no obedece a intereses personales ni políticos, sino que busca la protección del patrimonio moral y académico de la Universidad del Atlántico, en cumplimiento de la Constitución, la ley y el Estatuto General de la institución.
Otras tutelas
El ciudadano Andrés Felipe Santiago también presentó una tutela en contra de la Procuraduría, el Ministerio de Educación, la Universidad del Atlántico y el Consejo Superior de la alma mater por una presunta violación al derecho fundamental al debido proceso.
Dicha tutela se encuentra relacionada con una “omisión” frente a nuevas recusaciones en contra del procurador regional del Atlántico, Javier Bolaño Higgins, por la presunta existencia de un conflicto de intereses dentro de las actuaciones adelantadas por dicho funcionario en el marco de la tarea que le fue encomendada.
“La omisión en la valoración y decisión de dichas recusaciones no solo priva al recusante del derecho a obtener una respuesta oportuna y de fondo, sino que además afecta la transparencia y la imparcialidad del trámite disciplinario, generando un evidente vicio procedimental que incide en la validez de las actuaciones adelantadas por esa autoridad”, dijo.
Por otro lado, la exaspirante Norma Vera Salazar presentó un derecho de petición ante el Ministerio de Educación para que adelante una “intervención urgente” que permita verificar la documentación expedida por la Corporación Universitaria frente a las certificaciones expedidas sobre la situación laboral de Leyton Barrios.
Además, pidió que se suspenda, de manera temporal, la designación de rector de la alma mater “hasta tanto se resuelva de manera definitiva la verificación de los requisitos exigidos por el Estatuto General y se esclarezca la validez de las certificaciones”.
Asimismo, solicitó que se evalúe la pertinencia de abrir una actuación administrativa de inspección sobre el proceso electoral rectoral de la Universidad del Atlántico, “en virtud de las irregularidades denunciadas, con el fin de preservar la institucionalidad y la confianza pública en los procedimientos de selección de autoridades universitarias”.
La recusación que sigue sin resolverse contra el procurador regional
Una nueva recusación fue presentada en contra del procurador regional del Atlántico, luego de que se declarara improcedente la acción que el impedía darle trámite a las otras quejas contra miembros del Consejo Superior de Uniatlántico.
El veedor ciudadano Andrés Felipe Santiago Lozada alertó de una posible falta de imparcialidad, conflicto de intereses y desviación de poder en el marco del proceso de designación del rector de la Universidad del Atlántico.
Lozada sustentó su solicitud en la existencia de un vínculo familiar directo entre el procurador regional y un funcionario de confianza del alcalde Alejandro Char Chaljub, lo que —a su juicio— genera un conflicto de intereses que compromete la independencia del representante del Ministerio Público en actuaciones relacionadas con la institución universitaria.
