En medio del proceso que se viene adelantando para la definición de los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia –a raíz de la decisión del Consejo de Estado que dejó sin efectos la ordenanza emitida por la Asamblea del Atlántico para establecer una línea fronteriza entre ambos entes territoriales–, el Distrito ha sido enfático en la defensa del territorio definido a través de la Ordenanza 30 de 1913 y el Acto Legislativo 01 de 1993.
“La línea limítrofe definida en el marco de la Ley desde el 2009 presenta un trazado a favor del Distrito de Barranquilla, por lo que cualquier intento de desconocerla constituye un acto de injusticia frente a la historia, la legalidad y los derechos de los barranquilleros”, sostuvo la administración distrital a través de un comunicado a la opinión pública.
En ese sentido, expuso que desde el inicio de la operación de deslinde por parte del Igac –en mayo del presente año– han participado de “manera activa, transparente y responsable” para defender su posición con argumentos históricos, técnicos y cartográficos.
“Se ratifica la pertenencia de estos territorios a la ciudad, pero, sobre todo, sustentada en el informe de deslinde elaborado por el propio Igac entre 2005 y 2009, el cual incluyó trabajo de campo, análisis normativo, cartografía histórica y trazado georreferenciado”, agregó.
Desde las autoridades distritales también se enfatizó que “nuestros ciudadanos claman una estabilidad territorial que les permita el acceso equitativo a los diferentes servicios de la Administración local, sin vulneración a su dignidad e identidad cultural”.
Por tal motivo se anunció que el Distrito “seguirá firme en la defensa de los derechos e intereses de sus ciudadanos, quienes anhelan la recuperación de un territorio que injustamente le fue arrebatado a la ciudad. Cada paso del proceso será asumido con determinación, en el marco de la ley, pero con la convicción de que Barranquilla no renunciará jamás a lo que le pertenece.”.
Los pasos que siguen
Con relación a los procedimientos que siguen, el Distrito indicó que se procederá a firmar el acta de deslinde con las pretensiones de ambas partes, para posteriormente realizar la presentación de sustentaciones por parte de las entidades territoriales y posterior informe definitivo del Igac al Congreso de la República.
Por último, el Congreso tendrá un plazo de un año para proferir una ley en donde se establezcan los límites definitivos.
“Mientras el Congreso toma una decisión final, Barranquilla continuará luchando para que el Igac refleje en su cartografía oficial un trazado acorde a la legalidad, la tradición histórica y los derechos legítimos de nuestra ciudad”, agregó el Distrito.
En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en que “este proceso fortalecerá la seguridad jurídica del territorio y ratifica que su compromiso es inquebrantable: proteger la soberanía de Barranquilla, defender cada metro y velar por la dignidad de su gente”. Por último, expuso que “Barranquilla es y seguirá siendo ejemplo de respeto institucional, pero también de firmeza en la defensa legítima de su patrimonio territorial”.
