El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, en medio de su intervención en el XII Foro Energético de Andeg, anunció que desde este ente de control se inició un seguimiento técnico y permanente a las actuaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos en el marco de la intervención de la empresa Air-e, con el propósito de garantizar la continuidad y la calidad en la prestación del servicio de energía.
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De acuerdo con el contralor, este seguimiento incluye el análisis de las condiciones de la intervención, los efectos sobre la sostenibilidad del servicio y la gestión correspondiente a las vigencias 2024 y 2025, con las cuales se emitirán las advertencias pertinentes.
“Por eso hemos hecho un llamado al Ministerio de Minas, al Ministerio de Hacienda y a la Superservicios para instalar un tablero de control, liderado por nuestro delegado Germán Castro. Con él buscamos un seguimiento mensual, técnico y preventivo, para evitar un deterioro mayor en el servicio de energía y proteger a los usuarios”, afirmó.
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Asimismo, dijo que para la Contraloría la sostenibilidad y la seguridad energética del país no pueden depender de decisiones tardías, de vacíos en la gestión o de falta de coordinación.
“Colombia requiere una institucionalidad robusta, una planeación rigurosa y, sobre todo, una ejecución oportuna de los recursos públicos, que asegure el acceso a la energía con calidad, eficiencia y precios justos para todos los ciudadanos”, dijo el líder del Ministerio Público.
Por último, reiteró el compromiso de la entidad con un control fiscal técnico, independiente y preventivo “que garantice que cada peso invertido en el sector se traduzca en bienestar, desarrollo y, ante todo, en la recuperación de la confianza y la institucionalidad perdida”.
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Riesgo de crisis energética
Por otro lado, el contralor recalcó que “sin un sistema energético robusto, la economía y la calidad de vida de millones de colombianos están en riesgo, por lo que la Contraloría ha priorizado el control fiscal permanente sobre los proyectos estratégicos en el sector”.
En ese sentido, advirtió que –tras la subasta de cargo por confiabilidad realizada en febrero de 2024– se adjudicaron 4.489 megavatios, mayoritariamente de fuentes solares, sin que exista aún suficiente capacidad firme para suplir la creciente demanda que ya supera el 7% de incremento anual.
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También alertó que 14 de 16 proyectos registrados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) presentan un promedio de 30,7 meses de atraso, lo que impacta directamente la estabilidad del sistema. “A esto se suma, el envejecimiento de las líneas existentes, muchas con más de 35 años de servicio, lo que genera un mayor riesgo y un panorama preocupante”.
Además, el contralor se refirió a la deuda acumulada que supera los $5 billones en subsidios tarifarios por parte del Gobierno nacional a empresas prestadoras de servicios de energía eléctrica y gas.
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Desde el órgano de control se advirtió que “este incumplimiento pone en riesgo el acceso al servicio para la población más vulnerable, y exige una reforma a la gestión de subsidios, incluyendo medición de impacto, actualización de fórmulas tarifarias e incentivos a la eficiencia energética”.
El contralor concluyó diciendo que “la sostenibilidad y seguridad energética del país no pueden estar a merced de decisiones tardías ni de vacíos en la gestión. Colombia necesita una institucionalidad sólida, una planeación rigurosa y una ejecución oportuna de los recursos públicos para garantizar que la energía llegue con calidad, eficiencia y a precios justos a todos los ciudadanos.”
