Tayrona: despojo de una reserva natural

Documentos falsos, deslazamiento forzado de familias y favorecimientos de jueces, notarios, curadores urbanos, fiscales y otros empleados públicos, formaron parte de las maniobras ilícitas del abanico fraudulento que funcionó para invadir el Parque Tayrona, vender a terceros sus tierras o aportarlas, por encima de lo que dicen las normas, como patrimonios de sociedades comerciales.

El 30 de septiembre de 2011, el anuncio presidencial de que la exclusiva multinacional Six Senses planeaba construir un hotel en esta reserva natural, sitio de hermosos paisajes y playas exuberantes, desató un escándalo nacional.

Por primera vez, 43 años después de que el Tayrona fue declarado Parque Nacional Natural —Resolución 292 del 8 de agosto de 1969— la presión de la opinión pública, a través del hoy innegable poder de las redes sociales, obligó al Gobierno a investigar lo que pasaba.

Hace dos semanas se terminó de confirmar lo que era un secreto a voces, especialmente en Santa Marta: por años, importantes empresarios, narcotraficantes, paramilitares, testaferros de los tres anteriores o familias avivatas se adueñaron de, al menos, el 53% del parque. Aunque el movimiento de cercas podría llegar al 58%. (Ver ¿Faltan 4.139 hectáreas?)

La revisión de 293 folios en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos de la capital del Magdalena dejó al descubierto parte de la escandalosa invasión fraguada por particulares, con el innegable apoyo de empleados públicos.

De 15.117 hectáreas identificadas, inicialmente, como área de la reserva natural, es claro que 4.619 siguen siendo del Estado. No fueron tocadas por los usurpadores.

Otras 3.395 en poder de particulares son legales porque les entregaron la pertenencia o se las adjudicaron como baldíos antes de que el Tayrona fuera convertido en parque natural.

Sin embargo, de los 18 predios identificados en este grupo legalizado hay algunos, a juicio de la Supernotariado y de la DNP, que después violaron normas legales porque los usaron como aportes en sociedades comerciales, lo que es prohibido. Los predios de los parques son inalienables, es decir no se pueden vender, ceder o negociar, salvo con el propio Estado.

Según el informe entregado al Minambiente y conocido por EL HERALDO, este es el caso de Playa Luna, Arrecifes y El Diamante, propiedad de Arrecifes S.A., —uno de sus socios es el grupo Daabon vinculado a otros líos de tierras en el Caribe—; y Las Mercedes, de Jurado Ramos & Cia. y Gustavo Pradilla Camargo. También figuran Bahía del Norte —uno de sus dueños es el condenado propietario del Unión Magdalena Eduardo Dávila Armenta— y Cinto, de Ecocinto.

Arrecifes S.A. dijo, en carta a nuestra redacción, que la propiedad de los tres predios se las concedió entre 1959 y 1961 el Minagricultura y que han ejercido su derecho 'en forma respetuosa con la normatividad ambiental y de parques'. Sobre que después de la declaratoria de parque del Tayrona se transfirió la propiedad a título de aporte, argumentan que si bien en 2007 la sociedad pasó de limitada a anónima 'en ningún caso implica que cambie la persona jurídica, en este caso Arrecifes'.

Daabon dijo, en correo electrónico, que 'la única propiedad que tiene el grupo al interior del Tayrona es el 5% del terreno conocido como Arrecifes'. Y sostuvo que ninguna de sus otras empresas ni filiales, ni C.I. Tequendama, C.I. La Samaria y A&L Dávila, 'tienen ninguna posesión (...) diferente a la mencionada anteriormente'.

Como si fuera poco la forma ilegal en que las obtuvieron, después las usaron, una y otra vez, en trámites no permitidos por las normas que protegen los territorios del Tayrona:

14 predios, que suman 2.610 hectáreas, no acreditaron la propiedad privada; cinco (38 hectáreas) recibieron títulos de pertenencia y 11 más (329 hectáreas) fueron adjudicados como baldíos después de que ya era una reserva.

No se sabe si en burla, varios beneficiarios ilegales bautizaron las propiedades con nombres de próceres, Bolívar, Santander, Nariño y Ricaurte, o de ex presidentes, Rojas Pinilla, Turbay, Lleras y otros.

Se identificaron 42 predios (9.636 hectáreas) con los que se realizaron 172 compraventas —los han negociado hasta cinco veces— y curadores urbanos, sin importarles las afectaciones ambientales y ecológicas, aprobaron 12 licencias de construcción (11 hectáreas).

A pesar de que este tipo de reservas naturales son inembargables, jueces aprobaron 30 embargos (en 6.250 hectáreas) y 28 hipotecas (919 hectáreas). También, dentro de procedimientos penales, varios fiscales decretaron desembargos y otras decisiones en 6 propiedades (1.454 hectáreas).

Fue tan evidente el concurso ilícito de empleados públicos que hasta el predio El Calabazo, vendido por sus dueños legales a la Nación una vez el parque fue creado, terminó, inexplicablemente, negociado, en 1974, por el liquidado Inderena con un particular. 'El mismo Estado cometió una infracción a su propia norma', resalta el informe.

Cómo sucedió el despojo, quiénes lo impulsaron y apoyaron será tarea de la Fiscalía frente al país. Ya le entregaron las pruebas desenterradas por la Supernotariado y la Dirección Nacional de Parques.

Inexplicablemente, 9 predios aumentaron sus extensiones: La Dilia, de 21 hectáreas pasó a 150; Cinto, de 100 llegó a 700; La Guacamaya, de 10 a 200; Villa Concha, de 1.389 a 1.577; Las Mercedes, de 190 a 500; uno sin nombre, de 771 a 843, y otro de 7 hectáreas ahora aparece con 14.

En 1.112 hectáreas, 12 predios donde figuran filiales de Daabon, Agropecuaria del Norte, particulares e incluso Transelca, una asociada a la estatal ISA, aparecen, de acuerdo con la Supernotariado y Parques Naturales, realizando actividades agrícolas y ganaderas, violando normas legales. 'Transelca no es dueña de ningún predio en el Parque', respondieron.