Por medio de TeamViewer se alteraron votos en escrutinios: Fiscalía
Un juez impuso a Carlos Martínez, detenido el pasado miércoles por cargos de fraude electoral, una medida no privativa de la libertad que consiste en no poder salir de la ciudad ni asistir a reuniones políticas.
En audiencia de imputación de cargos al primer capturado por el presunto fraude en los escrutinios distritales, Carlos Donaldo Martínez, la Fiscalía reveló que las alteraciones en los votos de la Comisión Escrutadora Auxiliar número 34 se dieron mediante la utilización de un software de acceso remoto, TeamViewer, y uno de almacenamiento de contraseñas, Keylogger Free, ambos presuntamente instalados por Martínez mientras cumplía funciones de asistencia técnica en los escrutinios.
Bajo la premisa de la inferencia razonable, una fiscal de Unidad de delitos contra la Administración Pública le imputó cargos por cuatro delitos: alteración de resultados electorales, obtención de documento público falso, acceso abusivo a un sistema informático agravado y violación de datos personales agravado, cada uno de ellos con una pena mínima de cuatro años de prisión.
Así mismo, la delegada solicitó al Juzgado 2do. Penal Municipal que le impusiera medida de detención en centro al imputado, quien no aceptó los cargos. Las audiencias de imputación y solicitud de detención se realizaron ayer desde las 2 p.m. en el Centro de Servicios Judiciales, en continuación de la diligencia de legalización de captura efectuada el miércoles. Si embargo, el juez dictó al imputado una medida no privativa de la libertad consistente en la prohibición de salir de la ciudad y asistir a reuniones políticas.
El argumento de la Fiscalía se basa en los testimonios de los miembros de la Comisión 34, quienes presentaron una de las seis demandas instauradas contra los resultados de dicha comisión, por los 'saltos de canguro' en las votaciones del concejal Carlos Hernández, y los hermanos María Luisa y Yesid Pulgar Daza, aspirantes a Concejo y Asamblea respectivamente.
La reconstrucción de los hechos que hizo el ente acusador partió del domingo primero de noviembre, día en el que uno de los miembros de la Comisión 34 se apartó de esta argumentando una calamidad doméstica, siendo sustituido por la juez Karen Fábregas.
El lunes 2 de noviembre, después del receso del mediodía los miembros de la comisión, se detectó un problema con el ingreso al sistema por medio del reconocimiento de huella.
Según las versiones recolectadas por la Fiscalía, Martínez llegó a prestar servicio técnico a la Comisión 34, aunque su Comisión asignada era la número 9, y señaló que no era posible solucionar el problema con el reconocimiento de huellas y que se debía acceder al sistema por medio de una clave, como se hizo desde ese momento hasta finalizar el escrutinio.
La Fiscalía mostró, por medio de la línea de tiempo informática forense recuperada del computador de la Comisión 34, una coincidencia entre la hora en la que Martínez realizó el soporte técnico y la hora en la que se descargaron los programas TeamViewer y Keylogge Free.
El TeamViewer corresponde a un software que podía ser instalado en cualquiera de los 98 computadores de las comisiones escrutadoras del Atlántico, pero debía ser el último recurso para solucionar un inconveniente y solo podía ser instalado previa autorización de la empresa contratista, cosa que para la Comisión 34 no ocurrió, como señaló el ente acusador.
El Keylogger Free fue definido como un software malicioso que guarda las contraseñas en el ordenador, facilitando un posterior acceso remoto con el Teaviewer.
La línea de tiempo también da cuenta del uso del software de acceso remoto minutos antes de las alteraciones en las votaciones registradas el miércoles 4 de noviembre, entre las 12:54 del mediodía y las 2:08 de la tarde.
En el computador de la Comisión 9, en la cual estaba asignado como técnico Martínez, la Fiscalía encontró instalado el TeamViewer, además de un archivo en pdf que compilaba la información de todas las comisiones auxiliares, en donde se había buscado la palabra Pulgar.
Estas pruebas fueron aportadas por la Fiscalía para justificar la inferencia razonable que llevó a la imputación de los cargos.
