Planificar de forma adecuada el desarrollo, clave para el posconflicto

En los anales de la Asamblea Constituyente de 1991 quedó explícitamente establecido que la planificación es, 'el origen y al mismo tiempo la base para la toma de decisiones. Es igualmente, la herramienta principal para el logro de los fines que se trazan en cualquier organización…'.

No obstante, y a pesar del reconocimiento que hoy se hace de la planificación como actividad material vital para la existencia y proyección del Estado, no siempre ha sido así.

El ministerio de la planificación (Departamento Nacional de Planeación) y el Consejo Nacional de Política Económica y Social-Conpes, por ejemplo, son organismos creados solo hasta la época del Frente Nacional y, los primeros planes con capacidad de incidir eficazmente en el desarrollo del Estado, en general, y en los territorios y municipios, en particular, no aparecieron sino hasta la década de los setenta del siglo pasado, con más incertidumbres que aciertos.

Aún hoy, a pesar de gozar de reconocimiento constitucional, la planificación sigue siendo una actividad imperfecta, de la cual se aprende (y se reaprende) año tras año.

Bajo ese entendido, el escenario abierto por la firma del acuerdo entre el gobierno y las Farc nos sitúa como país en un contexto en el que planificar adecuadamente el desarrollo, tomando en cuenta los errores y desaciertos, así como también los avances obtenidos, será clave para el postconflicto.

En ese sentido, hay, al menos, tres asuntos que deben ser discutidos y decididos al respecto: i.) acompasar la visión global con la visión local acordada; ii.) armonizar lo alcanzado en los acuerdos, con la visión de desarrollo de los territorios en los cuales se reintegrarán a la vida civil los actores del conflicto, y; iii.) fortalecer los canales e instancias de participación para la toma de decisiones, teniendo en cuenta las diferentes visiones de desarrollo que hoy se amalgaman.

Colombia no es una rueda suelta en la comunidad internacional. Claro que cada Estado tiene sus propias metas de desarrollo, las cuales discute con sus ciudadanos –no siempre de la mejor manera– e incorpora a sus instrumentos de planificación, los que luego se convierten en guía de sus decisiones y acciones. Sin embargo, dichas metas deben estar articuladas a los propósitos de desarrollo global, so pena de aislarse.

Hasta septiembre de 2015, la acción para el desarrollo mundial estuvo atada a los Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM, sobre los que Colombia cumplió solo el 51%; desde esa fecha y hasta septiembre de 2030, la acción de los estados hacia el desarrollo global está regida por los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS.

Lo anterior debe poner a pensar sobre cómo las prioridades surgidas del acuerdo se articulan con las metas globales, con las que también se ha comprometido el país. No tiene sentido duplicar esfuerzos y recursos, sobre todo, si son escasos. Una correcta planificación es la clave para alcanzar la eficacia y la eficiencia en las acciones a ejecutar, de manera que el país cumpla con su cuota de bienestar global, al tiempo que honra lo acordado y avanza hacia la paz estable y duradera.

El principio 16 de los ODS invita a 'promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas', centrando su atención en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces en todos los niveles.

Desde varios frentes la comunidad internacional ha dicho que el proceso de paz en Colombia debe ser apoyado de manera irrestricta, por múltiples vías y distintas formas, sin embargo, los países que se vincularán exigirán, con seguridad, que sus esfuerzos sean reconocidos, al menos como parte de lo que les corresponde frente a las metas globales de desarrollo.

Pero es que además, Colombia tiene otras agendas bilaterales o multilaterales, paralelas a la agenda global de desarrollo, que también deben ser articuladas a lo acordado en el proceso de paz. Al tiempo que se aprueba el acuerdo con las Farc, el país corre una carrera por ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE, la cual hace exigencias varias en relación con el modelo económico del país o, sigue reglamentando los Acuerdos de Libre Comercio suscritos que, en muchos casos, tocan de manera directa e indirecta aspectos de la negociación alcanzada. Todo ello tiene que ser revisado y acompasado.

Pero, y ¿qué hay de la visión de desarrollo desde el enfoque de paz territorial planteado en el Acuerdo? En este momento los actores que han cesado sus actividades relacionadas con el conflicto han pasado a ocupar, de manera temporal, extensiones territoriales del país, sin embargo, su pretensión es comenzar una nueva vida allí, en los sitios seleccionados.

Sin embargo, dichos territorios tienen ya una visión de desarrollo: son término municipal de algún municipio, pertenecen a algún departamento, algunos tienen visión regional formulada, hacen parte de un área metropolitana, etc. Es decir que sobre ellos hay un plan de desarrollo, un plan de ordenamiento territorial, un plan de gestión ambiental regional, un plan de ordenación del recurso hídrico, etc. que, por supuesto, contiene ya una visión de desarrollo.

En ese sentido, debe ser también prioridad armonizar el acuerdo alcanzado con la visión ya existente en los territorios y, precisamente, los instrumentos de planificación se encaminan a garantizar que exista la debida armonía y coherencia en relación con las distintas instancias para efectos de la formulación, ejecución y evaluación de las metas formuladas.

Por último, se hace necesario fortalecer los canales e instancias para que los distintos actores tomen parte de las decisiones que pueden afectar el desenvolvimiento de un futuro escenario de reconciliación. La planificación del desarrollo hoy es concertada y participativa, no como en antaño, cuando funcionarios del más alto nivel, tomaban las decisiones sobre lo bueno o conveniente para un determinado grupo poblacional, región o municipio.

Teniendo en cuenta que hoy existen distintas visiones sobre lo que es mejor para la sociedad, se hace necesario fomentar la concertación entre éstas y acercar sus intereses. Dicha concertación tendrá por objeto asegurar la materialización y eficacia de lo que se decida en conjunto, sobre las necesidades y aspiraciones compartidas, al tiempo que permitirá generar acciones para que las comunidades se involucren, a través de los mecanismos de participación y de protección de derechos, en la gestión de las actividades del Estado y la protección de sus propios derechos. De esa manera, será tan importante determinar, no solo las instancias de participación, sino también los mecanismos e instrumentos que pueden y deben ser utilizados para el logro de los propósitos compartidos.

Por Carlos Javier Velásquez - Profesor e Investigador de Uninorte. Director del Centro de Estudios Urbano-Regionales de la misma Universidad