El candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció este jueves 23 de abril que presentó una acción de nulidad en contra del decreto expedido por el Gobierno Nacional sobre el traslado de $25 billones a Colpensiones.
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“La demanda busca frenar lo que De La Espriella califica como un ‘zarpazo ilegal’ de COP $25 billones, con el que el gobierno de Gustavo Petro pretende apropiarse del ahorro de los colombianos trasladándolos masivamente a Colpensiones, violando incluso la ley que ellos mismos impulsaron”, se lee en el comunicado del equipo de comunicaciones del candidato presidencial.
“No permitiremos que usen la plata de los trabajadores para su festín de corrupción y politiquería”, dijo De La Espriella, citado en el escrito.
Sobre la demanda, se explica en el comunicado que incluye una solicitud de suspensión inmediata del decreto, señalando que el Ejecutivo pretende ordenar en menos de 30 días el traslado del 100% de los capitales y rendimientos de millones de afiliados, ignorando los tiempos y garantías legales vigentes.
De la Espriella, del movimiento Firme por la Patria, señaló que lo expedido en el decreto contradice el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, norma que establece que dichos recursos deben permanecer en las cuentas individuales administradas por las AFP hasta que el afiliado consolide su derecho pensional. Solo en ese momento, los recursos serían destinados al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, agregó.
“La demanda señala que el Gobierno Nacional incurrió en una extralimitación de su potestad reglamentaria, al pretender modificar el contenido de una ley mediante un decreto. Este hecho, advierte, vulnera el principio de jerarquía normativa, según el cual un acto administrativo no puede contradecir ni alterar disposiciones legales de rango superior.
Adicionalmente, se sostiene que el decreto desconoce el artículo 48 de la Constitución Política, que establece que los recursos de la seguridad social tienen destinación específica, lo que impide su manipulación o reasignación por fuera de los parámetros legales establecidos”, se lee en el comunicado.
Por otro lado, para el abogado, el acto administrativo presenta vicios de falsa motivación, al fundamentarse en consideraciones fiscales y técnicas que resultarían contradictorias con el diseño legislativo de la propia Ley 2381 de 2024. “En particular, cuestiona que se invoque la sostenibilidad financiera del sistema como justificación para una medida que altera su arquitectura original”.
De la Espriella solicitó en la demanda la suspensión provisional del Decreto 0415 de 2026, al considerar que “existe una contradicción evidente entre el contenido del decreto y la ley vigente, lo que configura los requisitos para la adopción de una medida cautelar”.
También añadió que la ejecución del decreto “podría generar efectos irreversibles sobre los recursos pensionales de millones de afiliados, por lo que resulta necesario frenar su aplicación mientras se resuelve de fondo la legalidad del acto”.
