El ministro del Interior, Armando Benedetti, propuso realizar una auditoría exhaustiva al software que se utilizará en las elecciones presidenciales en Colombia el próximo 31 de mayo, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso electoral. El pronunciamiento lo hizo durante una intervención en Barranquilla.
El funcionario señaló que no es suficiente con presentar públicamente el sistema, sino que es necesario someterlo a un análisis técnico detallado. En ese sentido, indicó que la auditoría debería llevarse a cabo durante varias semanas para verificar a fondo su funcionamiento.
Benedetti planteó que los partidos políticos deberían tener acceso directo al código fuente del software para poder examinarlo y así generar mayor confianza en los resultados de las elecciones.
“Hay que hacer una auditoría al Software, y esa auditoría debe hacerse durante dos o tres semanas. Pero además, el código fuente del Software debe estar en manos de los partidos políticos el día de las elecciones presidenciales”.
Durante sus declaraciones, el ministro también habló sobre la necesidad de actualizar el sistema electoral colombiano. Recordó que entre 2021 y 2022 fue ponente del proyecto de Código Electoral, iniciativa que posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional de Colombia.
De acuerdo con el jefe de la cartera política, esa propuesta buscaba modernizar las reglas electorales del país e incorporar herramientas tecnológicas, entre ellas el voto electrónico.
Asimismo, cuestionó que el actual Código Electoral, vigente desde 1986, continúe contemplando mecanismos tradicionales como las papeletas, pese a los avances tecnológicos que han transformado los sistemas de votación en distintos países.
Por otro lado, el ministro también se refirió a los cuestionamientos contra Petro por una supuesta participación en política.
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Según Benedetti, existe ignorancia frente a lo que realmente establece la ley sobre este tema. Explicó que la normativa define claramente cuándo un funcionario incurre en participación indebida dentro de procesos electorales.
De acuerdo con su explicación, esto ocurre cuando un servidor público solicita votos de manera directa para un candidato, entrega dinero o utiliza recursos o funciones del Estado con el objetivo de favorecer una campaña.
“Eso es participación en política. Pero no se puede prohibir que un funcionario se exprese o haga análisis sobre lo que está pasando”.
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