Mientras Gustavo Petro –megáfono en mano– vociferaba en las calles de Nueva York contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y convocaba de forma temeraria a las tropas de ese país para que se insubordinaran contra su comandante supremo, en Colombia la alianza política y electoral que lo llevó al poder en el 2022 buscaba fórmulas de acuerdo para escoger al candidato que podría sucederlo en la Casa de Nariño.
Después de varias reuniones entre los dirigentes de distintos partidos y movimientos políticos que hacen parte del Pacto Histórico –entre ellos los precandidatos presidenciales– los delegados a las distintas reuniones llegaron al acuerdo de realizar una consulta para escoger al candidato o candidata presidencial el próximo 26 de octubre. De los 9 aspirantes iniciales que había, solo quedaron tres: Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Todos los demás se bajaron del bus presidencial y la mayoría de ellos anunció su respaldo al candidato Cepeda.
El problema para los ahora “coequiperos” del senador Cepeda es que los afectos de Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti, están con el exalcalde de Medellín –imputado por graves delitos de corrupción por la Fiscalía– a quien consideran un gran elector, contrario a lo que sucede tanto con Cepeda como con Corcho. Y para Petro y Benedetti, un gran elector significa poder derrotar a Álvaro Uribe, que es la carta de presentación que tiene Quintero, cuando le ganó en el 2023 –contra todo pronóstico– la Alcaldía de Medellín al expresidente y jefe natural del Centro Democrático.
Pero, tanto Petro como Benedetti olvidan que el mismo Quintero que derrotó a Uribe en la cuna del uribismo recibió la peor paliza electoral cuando quiso repetir la proeza en cuerpo ajeno. Es decir, cuando con el candidato Juan Carlos Upegui pretendió derrotar a “Fico” Gutiérrez y recibió una golpiza electoral sin precedentes. De nada le sirvió a Quintero hacer campaña abierta y descarada a favor de su pupilo, quien aún no se recupera de la paliza que recibió en las urnas.
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Pero el más grande y grave error que cometen tanto Petro como Benedetti es pretender imponer al imputado Quintero por encima del sentimiento de quienes hacen parte del Pacto Histórico, no de ahora, sino desde hace décadas. No existe ninguna afinidad ideológica o política entre Quintero y la inmensa mayoría del progresismo. Razón tienen quienes, como Gustavo Bolívar, afirman que Quintero jamás ha tenido militancia en el Pacto Histórico.
De ganar la consulta de octubre, Daniel Quintero causaría una fractura de grandes dimensiones en las filas del Pacto Histórico. De hecho, el propio Bolívar, al declinar su aspiración presidencial, dejó muy claros los motivos de su retiro: “Hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar con una candidatura en la que no creo, una candidatura con muchas incoherencias”.
En lo que se equivoca Bolívar es en creer que las posibilidades de triunfo de Quintero en la consulta de octubre son “pequeñas”. Todo lo contrario: son grandes. No solo tiene el respaldo de Petro y Benedetti, –que de no haberlo querido en las filas del Pacto Histórico habrían objetado su llegada– sino que está buscando –y encontrando– respaldo en otros partidos distintos a los que integran el Pacto Histórico. Al tratarse de una “consulta abierta”, todos los partidos y movimientos políticos pueden participar en la escogencia del candidato progresista. Y allí Quintero tiene muchos más votos que Cepeda y Corcho.
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¿Qué pasará en la consulta del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre? ¿Es Quintero el candidato de Petro?
¿Están dispuestos Cepeda y Corcho a cargarle la maleta al “imputado” Quintero?
La consulta del Pacto Histórico para elegir su candidato presidencial tiene efectos vinculantes. Ello significa que quienes pierdan tienen la obligación de trabajar para el ganador. Es decir, tanto Cepeda como Corcho, quienes dicen ser abanderados de la lucha contra la corrupción política, tendrían que cargarle la maleta a Quintero, quien podría ser llamado a juicio por un juez de la República para que responda por graves delitos de corrupción, relacionados con el “caso Aguas Vivas”.
El próximo 21 de noviembre –fecha fijada por el juez para la audiencia de acusación– la Fiscalía aportará más de 4.000 pruebas contra Quintero y buena parte de su gabinete, cuando fue Alcalde de Medellín. ¿En qué quedó la coherencia ética y política de quienes se definen como promotores de la moral y las buenas costumbres en la política? ¿Es malo que los demás partidos y movimientos tengan candidatos imputados de graves delitos, pero no hay ningún problema cuando los candidatos imputados hacen parte de los partidos y movimientos políticos en los que ellos militan?
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La coherencia es la principal herramienta para luchar contra la corrupción política. No se puede decir que se lucha contra la corrupción cuando se hacen alianzas con corruptos, como le ocurrió a Petro en la campaña del 2022. Hoy vemos las consecuencias de las alianzas de Petro con quienes han sido señalados de graves actos de corrupción.
¡Hasta cuándo la participación indebida e ilegal de Petro en política electoral!
La suerte electoral del Pacto Histórico ha llevado a Petro a cruzar los linderos de lo permitido por la ley. Su abierta y descarada participación en política electoral debería obligar a la Procuraduría General y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes a tomar cartas en el asunto.
Nunca antes en la historia reciente del país un presidente había llegado tan lejos en su injerencia en los asuntos internos de los partidos y movimientos políticos. Sobre el mecanismo que debería utilizar el Pacto Histórico para escoger candidato, Petro escribió desde Nueva York: “El Pacto Histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos”. Es decir, para Petro el único mecanismo posible para escoger al aspirante presidencial era la consulta, que es la que –¡oh sorpresa!– más favorece a Quintero.
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La realización de una encuesta, que podría beneficiar a Bolívar, fue descartada por Petro y Benedetti. Aunque la consulta abierta garantiza una mayor participación, que es lo que quiere Petro, la misma termina “contaminando” el resultado final, puesto que el candidato podría ser impuesto por fuerzas políticas ajenas al progresismo.
¿Dónde está la Procuraduría General que no vigila la conducta de Petro, como servidor público?
¿Qué espera el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, para disciplinar a Gustavo Petro por su evidente y descarada participación indebida en política? El comportamiento de Petro ha superado todas las normas contempladas en los códigos penales, disciplinarios y electorales.
Es increíble todo lo que Petro ha hecho desde la Presidencia para inmiscuirse en los asuntos internos de los partidos y movimientos que hacen parte del Pacto Histórico. Con sus dirigentes y congresistas se ha reunido en la Casa de Nariño para darles instrucciones sobre cómo deben actuar en materia electoral. Todos los aspirantes dicen públicamente que “hablaron” con Petro antes de tomar alguna decisión.
Qué bien le haría al procurador Eljach conocer de la actuación del procurador Mario Aramburo Restrepo, quien en 1968 disciplinó al entonces presidente Carlos Lleras Restrepo por, al parecer, participar en política. La sanción llevó al entonces jefe del Estado a llamarlo el “gran inquisidor de la Nación”. Pero, más allá de la ira del presidente Lleras, lo que quedó en evidencia es que el procurador Aramburo cumplía con su función, como manda la ley y la Constitución nacional. Cuando se ocupan estas dignidades, se debe actuar con dignidad, entereza y –sobre todo– mucho valor, si no es así, es mejor no ocuparlas.
Los cálculos electorales del ahora “antipetrista” Roy Barreras
La apuesta de Petro y Benedetti en el 2026 es enfrentar a Quintero –quien ya cuenta con las maquinarias electorales a su disposición, como ocurre en el Atlántico con las fuerzas políticas que respaldan a Benedetti– con Roy Barreras en las elecciones de marzo, para –ahí sí– definir su candidato presidencial de la primera vuelta de mayo.
La estrategia de Barreras es desmarcarse del petrismo –tarea que ha venido haciendo de manera juiciosa– para tratar de pescar la mayor cantidad de votos en los distintos partidos en los que ha militado, desde el liberalismo hasta la U, pasando –obviamente– por sus incursiones electorales –muy exitosas, por cierto– en el uribismo, el vargasllerismo y el santismo.
Después de haber disfrutado de las mieles del petrismo –con embajada en Londres incluida– Barreras sabe muy bien que su llegada a la Casa de Nariño solo sería posible si se desmarca de manera radical de su antiguo jefe. El tiempo dirá si esta jugada a tres bandas le resulta, como le resultó a Petro el haberse desmarcado de Maduro en el 2022, cuando lo señalaban de ser chavista. Hoy los hechos demuestran que –en efecto– Petro era chavista. Punto.
