En medio del debate clave que se concentra en el Congreso en torno a la reforma a la salud, los senadores Honorio Henriquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático, y miembros de la Comisión Séptima de Senado, radicaron ponencia negativa al polémico proyecto del Gobierno Petro.
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De acuerdo con el partido de la oposición, los argumentos para presentar la ponencia negativa y buscar una alternativa al proyecto de ley se centran en “la inviabilidad fiscal, la falta de planeación y el grave riesgo que representa para la atención y continuidad de los tratamientos de millones de pacientes”.
Sobre el presupuesto para esta reforma, el Centro Democrático señala que la propuesta del Ejecutivo “no tiene un respaldo financiero claro. El Ministerio de Hacienda ha estimado un costo de $109 billones solo para su primer año (2026), pero no explica de dónde saldrán esos recursos”.
Añadiendo que “este desfinanciamiento es especialmente preocupante, pues el Presupuesto General de la Nación ya tiene un déficit de $26 billones”.
Además, argumentan que las cifras presentadas por el Gobierno y que respaldarían la reforma a la salud son “inconsistentes”, refiriéndose a los ingresos del sistema en los próximos años.
“En un período de un año, las estimaciones de ingresos han aumentado en billones de pesos sin justificación técnica. En el informe 1, rendido para septiembre de 2024 se esperaban unos ingresos de $1.260 billones para el periodo 2025-2034. En el informe 2, rendido en marzo de 2025 ascendían a $1.336 billones, un aumento de $76 billones sin respaldo sobre esas fuentes de financiación. En el informe 3, de agosto de 2025, los ingresos ascienden a $1.576 billones, en un periodo de análisis que va de 2026 a 2036″, se lee.
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Las proyecciones, de acuerdo con el Centro Democrático, “no tienen un soporte real, demuestran la falta de seriedad y planeación en una reforma que afectaría el bienestar de todos los colombianos”.
Finalmente, cuestionan darle más dientes a la Adres, pues esto afectaría, de acuerdo con el partido, la transparencia en el manejo de los recursos.
“La reforma propone que la ADRES, sea la única que maneje y distribuya los recursos de la salud, realizando el 85% de los giros a ciegas y sin auditoría. Esto no solo crearía una burocracia inmensa y menos transparente, sino que ya ha mostrado serias fallas. Como ejemplo, la Nueva EPS, administrada por el Gobierno, tiene irregularidades por $10.5 billones en anticipos sin legalizar, $8.7 billones en facturas sin procesar y $21.3 billones en cuentas por pagar en solo un año”, concluyen en sus argumentos.
