A pocas horas de conocer su condena, el expresidente Álvaro Uribe publicó un mensaje en su cuenta de X en el que asegura que esta crisis que afronta requiere de apoyo de su familia y seres queridos.
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“Suelo decir en mis exposiciones sobre liderazgo y manejo de crisis, que las crisis más difíciles son las de afectación personal. Estas crisis personales necesitan la familia, los seres queridos, los amigos, los compatriotas convencidos que han apoyado, los lejanos pero con curiosidad objetiva“, expresó el líder del Centro Democrático.
Sin embargo, aseveró que desde ya está preparando su argumentación para sustentar la apelación.
“Hay que pensar mucho más en la solución que en el problema. Por eso estoy en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material. Y fundamentalmente la oración”, concluyó.
Colombia, a la expectativa de la lectura de sentencia
El país está expectante ante la lectura este viernes de la sentencia contra el expresidente, condenado en primera instancia por soborno en actuación penal y fraude procesal, con una pena que podría oscilar entre cuatro y ocho años de cárcel y que la defensa ya anunció que apelará el próximo 11 de agosto.
La jueza Sandra Liliana Heredia hará el anuncio mañana en una audiencia programada para las 2:00 p.m.

La decisión llega en una semana marcada por las tensiones provocadas por las críticas del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y varios congresistas de ese país al fallo, algo que el presidente Gustavo Petro tachó de “una intromisión en asuntos judiciales de otro país” y a “la soberanía nacional”.
Polémica por el fallo
Heredia anticipó que para estos delitos la ley prevé una condena de “un monto superior a cuatro años e inferior a ocho”, aunque consideró que Uribe, de quien elogió al comienzo de la lectura del sentido del fallo el lunes su “gallardía y cordialidad”, se hace “merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión”.
Sin embargo, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena mayor, de nueve años, y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.458 millones de pesos colombianos.