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El senador Nicolás Echeverry, del Partido Conservador, advirtió que el Gobierno Nacional aún tiene pendientes por ejecutar más de $300 billones, equivalentes al 63% del Presupuesto General de la Nación para 2025.

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Esto, cuestionó el legislador, “evidencia una grave ineficiencia en la ejecución del gasto público”.

Agregó que esta situación se da a pesar de que el Presupuesto, fijado en $523 billones, incluyó $327,9 billones para funcionamiento, $112,6 billones para deuda y $82,5 billones para inversión.

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“En un contexto de ejecución rezagada, especialmente notable en sectores como Agricultura, Educación y Hacienda, no se puede pedir más impuestos cuando ni siquiera se están usando bien los recursos que ya se aprobaron”, señaló.

Por ello, sostuvo, es necesario evaluar la gestión real del Presupuesto antes de plantear nuevas cargas fiscales.

Agregó Echeverry que el Ministerio de Hacienda reveló el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025–2035, con proyecciones preocupantes: el déficit fiscal para 2025 alcanzaría el 7,1% del PIB, un alza desde el 5,1% inicialmente planeado. Asimismo, se estima que la deuda pública llegará al 63,8% del PIB.

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Alertó en este punto que para generar espacio fiscal, se activará la cláusula de escape que suspende la regla fiscal por tres años. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó que se espera recaudar $19 billones mediante una reforma tributaria que se radicará al Congreso el 20 de julio, sin alterar la tarifa general del IVA, pero sí revisando exenciones y ajustes en subsidios energéticos y combustibles, observó.

“No obstante, la propuesta ha generado advertencias de agencias como S&P y Moody’s, que este mes degradaron la calificación de Colombia por la deteriorada disciplina fiscal. El Banco de la República decidió además mantener la tasa de interés en 9,25 % ante la presión fiscal y la elevada inflación, con el respaldo de S&P y Moody’s”, recordó el senador conservador.}

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Y también criticó el aumento del gasto en personal, del 27 % respecto a 2024, equivalente a unos $10 billones, cuestionando la coherencia de incrementar la nómina en medio de una crisis fiscal: “El Congreso debe ejercer un control más riguroso sobre el manejo de las finanzas públicas”, insistió, instando a que no se comprometa la estabilidad económica con decisiones apresuradas.