La tercera legislatura, a iniciarse el sábado 20 de julio, trae consigo la insistencia del gobierno del presidente Gustavo Petro en reformas que se le han caído, así como las nuevas, pero también una pelea entre los divididos verdes por la presidencia de la Cámara –hasta ahora fortín oficialista– y el segundo tiempo del pretendido acuerdo nacional que pudiese concluir en una polémica constituyente.
Los proyectos
Los proyectos del Ejecutivo que volverían a luchar por pasar serían la reforma a la salud, esta vez al parecer acortada y con mayor consenso con las EPS –algunas sin otra alternativa, pues hay ocho intervenidas y tres que solicitaron el retiro voluntario, entre señalamientos de corrupción y dedos acusadores contra la Casa de Nariño–, el proyecto de ley estatutaria de la reforma a la educación –que también debe llegar con mayores coincidencias entre los sectores educativo y político–, la ley ordinaria sobre estructuración y funcionamiento de la jurisdicción agraria, la iniciativa para prohibir el ‘fracking’ y el proyecto que busca promover la transición energética en La Guajira.
Además, en la próxima legislatura, la penúltima de este Parlamento, seguirían en la pelea o entrarían a la misma la reforma laboral –que va a segundo debate en la plenaria de la Cámara–, la obligada ley de correcciones de la reforma pensional –luego de que el pleno de la cámara baja acogiera el texto aprobado por la alta, con posturas encontradas sobre si hubo ‘pupitrazo’ o si la salvaron del hundimiento tras el congelador al que fue sometida–, el nuevo Código Minero, la reforma a la Ley de Servicios Públicos y el paquete de proyectos de reforma a la justicia, al sistema carcelario, el sistema procesal penal y la política de drogas.
Así mismo, se prevé el paquete de proyectos de incentivos tributarios y reactivación económica –entre los que se destaca una nueva reforma tributaria para beneficiar a las empresas, que modificaría la regla fiscal, haría una convergencia del impuesto del carbono hacia los estándares internacionales, con beneficios tributarios para sectores que generen energía a través de fuentes renovables, con cambios en la exclusión de IVA por sanción para bienes y servicios de producción local, beneficios en impuestos para el turismo en San Andrés y certificados de reembolso tributario para inversiones en turismo y servicios digitales y la reducción en el impuesto a la renta a las empresas.
La presidencia de la Cámara
Frente a la puja por la presidencia de la Cámara, en la que compiten dentro de la Alianza Verde los representantes Katherine Miranda –del ala independiente y opositora verde– y Jaime Raúl Salamanca –del ala gobiernista–, el representante Modesto Aguilera, de Cambio Radical, le dijo a EL HERALDO que “la división de este partido se ha intensificado desde hace unos meses cuando varios miembros del partido verde decidieron alzar su voz en contra de las reformas, proyectos e ideales del gobierno de Petro, sobre los cuales ellos no estaban de acuerdo, aquí entra Katherine Miranda, una mujer que se ha destacado por su trabajo y que no dudó en hacerle frente al Gobierno nacional cuando este empezó a proponer ideas que iban en contra del bienestar de los colombianos. Sin duda esto marcó un antes y un después en su carrera por la presidencia, porque perdió el apoyo de partidos de gobierno que caminan y apoyan a ojos cerrados las propuestas de un gobierno que lamentablemente ha fallado más de lo que ha acertado en temas de políticas públicas y sociales”.
No obstante, el opositor considera que Miranda se enfrenta a un desafío, debido a que al Gobierno no le interesa tener sentada en la silla de presidencia de Cámara “a una mujer con carácter y que defiende a capa y espada a los colombianos por encima de beneficiar a los intereses del Gobierno. El Partido Verde debe tomar una decisión dando la cara ante el país y pensando principalmente que a quien elijan debe representar bien los ideales de su partido y, sobre todo, que tenga la capacidad de legislar a favor del país y no a favor de unos pocos”.
A su vez, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, comentó a este diario que lo que les preocupa es “que hemos visto presidentes de la Cámara plegados a la voluntad del Gobierno, que no han permitido hacer un ejercicio de control político, condicionando la agenda al Gobierno y nos interesa que la persona que llegue le dé garantías a la oposición y que haga respetar a la Rama Legislativa”.
Sobre Salamanca señaló que “pese a que es del grupo más cercano al Gobierno, dentro de todo es el menos cercano y ha mostrado independencia, pero nos sentiríamos más cómodos con Katherine Miranda, que ya fue presidenta de la Comisión Tercera y lo hizo muy bien, le dio trámite a un proyecto importante del Gobierno y le dio garantías a la oposición”.
Entre tanto, el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, señaló a este medio que “la mayoría de la bancada (de gobierno) apoya a Jaime Raúl salamanca, y hay otro grupo minoritario de los verdes que apoya a Katherine Miranda”.
Y Salamanca afirmó a esta casa periodística: “Hemos consolidado tener el apoyo de los que fueron precandidatos a la presidencia de la Cámara de los verdes, además de ocho representantes de los verdes, de los 15 en total, y esa es la base para argumentar que nuestra aspiración tiene la legitimidad al interior del partido y puede permitir una relación armoniosa entre el Ejecutivo y el Legislativo”.
Frente al apoyo mayoritario que tendría entre los partidos tradicionales como el liberal y conservador la candidatura de Miranda, sostuvo el aspirante que “es una congresista que tiene una tradición importante, y nuestro ejercicio parte de la Comisión Sexta de la Cámara, donde hicimos un trabajo articulado y lo han reconocido en la plenaria porque nunca maltratamos a los congresistas no afines y les dimos prioridad tanto a los proyectos de gobierno como a los legislativos, y se hizo control político, y la cercanía con el Gobierno la queremos poner no al servicio del presidente, sino en favor de una relación constructiva que profundice el acuerdo nacional que permitan tramitar las iniciativas”.
Acuerdo y constituyente
Para Aguilera, una constituyente “es un claro grito de desesperación por parte del presidente Gustavo Petro por aferrarse al poder. Es lamentable que durante su campaña prometió e incluso hizo todo un espectáculo mediático afirmando que no convocaría a una constituyente y hoy observamos que esto no es más que otra de sus promesas incumplidas. Su revuelco de ministros es una más de sus estrategias para tener a su lado a personas cegadas que lo siguen como si de una secta se tratase y que sin duda apoyarían cada una de sus ideas por más improcedentes que sean”.
Por ello, señaló que Colombia no necesita una constituyente y son más los colombianos que se oponen firmemente a esta idea: “Necesitamos implementar la Constitución del 91, para ello debemos consensuar con las fuerzas políticas, económicas, productivas y trabajadores las reformas a la justicia, política, educativa, salud, pensional, laboral y la reforma agraria. Además, darles a las regiones la autonomía administrativa, presupuestal y territorial. Que la centralización del Gobierno nacional, no sea el común denominador de la política en este país”.
De igual modo, Forero ve que la propuesta de una constituyente “responde a los escándalos de corrupción del presidente y para tratar de ocultar eso mete al país en la vacaloca de la constituyente: lo que uno ve es que no le gustan los frenos y contrapesos, la libertad de prensa, está ocultando la incapacidad administrativa, adelantando el debate electoral de 2026. Y además el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hasta hace unas semanas decía que la constituyente era inviable y hoy sale a hablar del acuerdo nacional”.
Sin embargo, en la consideración de Uribe, lo que se está planteando no es convocar ahorita una constituyente: “Se plantea un proceso constituyente que básicamente sería lo que pasó en el 87 cuando arrancó el proceso de apoyo a la constituyente y ese proceso se materializó en el 91. (…) Hay temas que el Congreso no toca, nunca se ha hecho una reforma política, pasaron 25 años para que se expidiera el estatuto de la oposición que se había pactado para el 91, tampoco se ha podido hacer una reforma a la justicia de fondo, creamos la jurisdicción agraria pero las cortes no permitieron crear la corte agraria, hay temas de ordenamiento territorial que están vedados en el Congreso, igual que muchos temas de las reformas podrían pasar por una constituyente”.
El gran acuerdo, dice, “podría pasar por allí: la ciudadanía va a arrancar procesos constituyentes por la paz, la educación, la gente se va a autoconvocar para dar una reflexión de qué país queremos, (…) un país productor de alimentos, cómo enfilamos baterías desde el sector público, privado, la inversión extranjera, la infraestructura por ejemplo para que Colombia se volviera un país turístico ya que es un país hermoso, pero se requiere también un país en paz; entonces, el proceso constituyente es un proceso de largo aliento y un debate colectivo”.
Por lo que, puntualiza, “creo que lo que ha logrado hacer este gobierno es elevar el nivel de conciencia de la gente, durante estos dos años no hemos hablado, sino de las reformas a la educación, salud, pensional, servicios públicos; entonces, creo que la sociedad cada vez participa más”.
Y Salamanca advierte que “no es buen momento para una constituyente, pero eso no lo defino yo sino el mismo pueblo colombiano bajo el liderazgo del Gobierno para un diálogo amplio, democrático, donde se escuchen todas las voces y luego de hablar todas las voces, si el camino es una constituyente, podría ser bien convenido y que no haya reelección”.
