Elecciones 2023 en la región Caribe: afectadas por la escalada de violencia

Las elecciones regionales de octubre están –una vez más– en entredicho por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales. La región Caribe, especialmente en el sur del departamento de Bolívar, una zona codiciada para la minería ilegal, no escapa de esta grave realidad y presenta en varios territorios un riesgo extremo o alto de que ocurran hechos que afecten el orden público.

En total, de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, Bolívar –un territorio con amplio dominio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo– es el departamento de la Costa Caribe con mayor número de municipios (9) en riesgo extremo de cara a los comicios, seguido de Cesar, que cuenta con tres.

Por su parte, el Magdalena, donde en la actualidad hay un conflicto por las rutas de coca entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, lidera el escalafón costa de riesgo alto con 27 municipios. Le secundan Córdoba (18), Atlántico (18) y Sucre 16.

Para colmo de males la situación se ha vuelto más dramática porque las organizaciones ilegales han continuado amenazando a mandatarios de todo el país. Al principio, la situación se creía exclusiva del Meta, de la región del Catatumbo o de Chocó; sin embargo, en las últimas semanas se han documentado más casos de hostigamientos en la región.

Según Carlos Camargo, defensor del Pueblo, los alcaldes que están despachando por fuera de sus localidades son los de Cartagena del Chairá (Caquetá); San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó); Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander); Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño); Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).

Además, los burgomaestres de Norosí, San Pablo, Morales, Montecristo, Cantagallo y Rioviejo, en pleno sur de Bolívar, han recibido amenazas de muerte.

'La situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat. El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades', solicitó Camargo Assis.

Los grupos responsables de esta violencia son el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, siendo estas tres últimas organizaciones las que tienen injerencia directa en la región Caribe.

'Las AGC son las que hacen mayor presencia en el territorio nacional, tienen injerencia en 392 municipios de 24 departamentos. Le sigue el Estado Mayor Central: 234 municipios de 19 departamentos. Luego, el ELN: en 231 municipios de 19 departamentos. En cuarto lugar, la Segunda Marquetalia, que delinque en 65 municipios de 15 departamentos', explicaron.

La situación este año, de acuerdo con gobernadores, alcaldes y organizaciones electorales, es especialmente grave en el presente curso electoral.

En otro tópico, en el departamento de Córdoba se han registrado seis homicidios de líderes sociales entre enero y julio del presente año, ocupando el quinto puesto a nivel nacional en relación con el comportamiento de homicidios de PDDH (Personas Defensoras de Derechos Humanos). Bolívar, por su parte, tiene cinco casos.

'Se han recibido denuncias de situaciones en las que la población civil de los Montes de María ha sido usada y forzada por parte del actor armado para enviar mensajes al Gobierno nacional, y así mismo evidenciarse como un poder electoral en la subregión, con gran capacidad financiera', se lee en los informes.

La Misión de Observación Electoral advirtió irregularidades en la inscripción de cédulas en el departamento del Magdalena (Algarrobo, El Retén y Nueva Granada, Ariguaní y Pivijay).

Además, alertó posibles riesgos en la Guajira, 'particularmente en el municipio de La Jagua del Pilar que cuenta con un alto y atípico nivel de inscripción, con una tasa de inscripción más de siete veces por encima de la tasa nacional'.

'La Jagua del Pilar (La Guajira), Tununguá (Boyacá), El Tambo (Cauca), Villanueva (La Guajira), San Miguel (Putumayo), Santacruz (Nariño), Floresta (Boyacá), Santa Sofía (Boyacá), Villanueva (Santander) y Morales (Cauca) son los municipios donde se registró una mayor variación en el número de trámites de inscripción de ciudadanos', reveló Álexander Vega, registrador nacional.

Por otro lado, la Defensoría explicó que la Registraduría tiene una priorización al municipio de Soledad con biometría dactilar ante alertas de trashumancia,

'La inscripción asciende a 24.649, la segunda cifra más alta después de Barranquilla con 67.433 inscritas', indicaron.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, consideró que a pesar de la situación de orden público que se vive en el país el Gobierno tiene la suficiente capacidad para realizar unas elecciones con garantías.

'Nuestro reto interinstitucional es mejorar las zonas de seguridad del país con fuerza pública para salvaguardar el ejercicio de la democracia. En la próxima Comisión Electoral verificaremos las tareas delegadas a cada entidad. (...) va a haber elecciones en todos los rincones de Colombia', señaló.

'Reconocemos el trabajo de la Registraduría en la depuración de cédulas de fallecidos para evitar el fraude electoral y el informe sobre inscripciones atípicas que prenden las alertas para evitar trashumancia', concluyó.

Un total de 113 municipios de Colombia están en riesgo extremo de sufrir hechos de violencia durante el proceso electoral en el que elegirán alcaldes y gobernadores, entre otros funcionarios, el próximo 29 de octubre, alertó la Defensoría del Pueblo

Además, son 35 servidores públicos y 42 candidatos los que han sido víctimas de intimidaciones de los grupos armados. Tres gobernadores (Tolima, Guaviare y Meta) están amenazados, una situación en la que también están un personero, cuatro concejales y un diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá.