El esfuerzo por alcanzar la paz lleva aparejados compromisos que debe asumir con firmeza y decisión el Estado colombiano. Más allá de un concepto etéreo, una paz estable y duradera precisa de ofrecer bienestar social a todos los nacionales, a lo largo y ancho de su territorio y de su pluralidad.
El Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, tiene un enfoque de paz territorial que pone el acento en las zonas rurales del país, en las que habita el 26% de la población nacional. Es importante saber que justamente el 38,6% de esta población rural es pobre, frente a lo cual el Acuerdo propone que con una Reforma Rural Integral se logre, en un término de 15 años, erradicar la pobreza extrema y disminuir la pobreza rural en un 50%.
Lo anterior, sin embargo, no implica el descuido de los territorios urbanos y periurbanos, que han sido receptores importantes de población desplazada y que son fundamentales para la aplicación de estrategias de integración social. Estas zonas albergan hoy a un poco más del 74% de la población colombiana, de la cual el 25% es pobre. El mismo texto del Acuerdo reconoce también la importancia de buscar escenarios de convergencia para reducir la desigualdad y lograr mejores niveles de bienestar tanto en la ciudad como en el campo.
Es comprensible el énfasis que la estrategia planteada en el Acuerdo pone en las zonas rurales si se revisa el boletín técnico de Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2016 del DANE: la pobreza nacional disminuyó de 49,7% en 2002 a 28% en 2016; en las áreas urbanas se logró una disminución de 20,6 puntos en la pobreza total, pasando de 45,5% a 24,9%; y en las áreas rurales esta disminución fue de 23,1 puntos, pues pasó de 61,7% a 38,6%.
De esto se tiene que para 2016, aunque los márgenes de disminución de la pobreza rural son mayores a la urbana en los últimos 14 años, la pobreza en el campo es aún superior a la pobreza urbana en 13,7 puntos. Para atajar esta brecha territorial, en el Acuerdo Final se propone la integración y desarrollo regional mediante el acceso a servicios sociales y mercados, y la mejora en infraestructura.
La desigualdad territorial es otra de las problemáticas contempladas como objetivo central de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral. Aparece levemente más acentuada en las zonas urbanas que en las rurales, con un coeficiente de Gini de 0,495 en las primeras y de 0,458 en las segundas.
Hay dos razones principales que explican estos resultados: por una parte, que es en las ciudades en donde se presentan las mayores dinámicas generadoras de ingreso, pero la distribución del mismo no se da de manera homogénea. Por el contrario, se constituyen zonas exclusivas con acceso a bienes y servicios desde los básicos hasta los de lujo, al tiempo de otras zonas marginadas y de difícil acceso en donde se concentran los desposeídos, y donde, dada la escasez de bienes y servicios básicos –educación, salud, agua potable, etc.– se replican esquemas de violencia, consumo de drogas, delincuencia, entre otros.
La segunda razón descansa en el hecho de que las ciudades han estado recibiendo durante los últimos años oleadas de desplazados por el conflicto interno y hoy por la situación política del vecino país Venezuela, quienes arriban a competir por el acceso a empleos, lugares para habitar, y en general por el bienestar que en su imaginario ofrecen las ciudades; pero estas se convierten en espacios que les son hostiles, e infortunadamente terminan, en su mayoría, victimizados por su condición allí también.
¿Y qué sucede en el Caribe?
La pobreza en la Región Caribe ha disminuido, pero sigue estando por encima del promedio nacional. En el año 2002, la pobreza monetaria era del 63%, y para el 2015 había bajado 21 puntos hasta el 42%; sin embargo, en el mismo período, la disminución promedio nacional fue de 22 puntos porcentuales. Lo anterior significa que, en términos comparativos, la Región Caribe aún se encuentra en posición de rezago.
El departamento de La Guajira presenta las mejoras menos significativas, pues, mientras que el promedio en la disminución de la pobreza monetaria de los 7 departamentos es de 21 puntos, La Guajira apenas pudo disminuirla 14,2 puntos, siendo además el departamento con mayor incidencia de pobreza monetaria (53%). El departamento que mejores resultados obtuvo en los 12 años de medición fue Bolívar, con una reducción de 25,6 puntos. Atlántico tiene actualmente los menores índices de pobreza monetaria en la región.
Atajar la pobreza monetaria es uno de los principales retos de nuestro actual proceso de reconciliación y reconstrucción del tejido social. Si bien no es el único factor que da respuesta a las cuestiones de desarrollo y consecución de paz, es ciertamente útil medirla y necesario disminuirla bajo el entendido que la mejora en los niveles de ingreso económico conlleva una mejora en los niveles de salud, nutrición y educación de la población, cuestión que se traduciría en una sociedad más satisfecha y menos conflictiva.
En lo que respecta a la desigualdad, los resultados en términos de distribución de los ingresos a nivel regional aparecen por debajo de la media nacional, con un coeficiente de Gini de 0,48 para el Caribe, contra 0,52 para el total nacional. De los 7 departamentos, solo el Gini de La Guajira (0,54) está por encima de la media nacional, ubicándolo como el más desigual de la región. Lo anterior, pese a que en el año 2002 registraba niveles de desigualdad inferiores, da muestras de un retroceso en términos de distribución adecuada de los recursos.
En general, para el resto de los departamentos de la Región la tendencia ha sido de disminución de los niveles de desigualdad. El departamento del Atlántico aparece como el menos desigual en 2015.
Es preciso ser lo más persistente en la tarea de la disminución de la desigualdad. Tal como lo indica el Informe sobre Desarrollo Humano 2005 'las profundas disparidades fundadas en la riqueza, la región, el género y el origen étnico son perniciosas tanto para el crecimiento como para la democracia y la cohesión social'.
Al hacer un zoom a escala regional, es necesario señalar que se precisa con urgencia de mayores esfuerzos en la mejora de estos dos indicadores para el Caribe. El caso de La Guajira, que mostró los resultados menos satisfactorios, requiere de especial atención y de un trabajo más decidido. Por su parte, el departamento del Atlántico, que obtuvo los mejores resultados regionales en ambos indicadores, no está exento de la labor de continuar su respectivo empeño para seguir mejorando.
Por: Jeffrey Janer Quiñones, internacionalista y estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Asistente de UNCaribe: investigación y pedagogía para la paz.
