De los anuncios de ayer, el que de inmediato causó debate fue el relacionado con el surgimiento de un movimiento político a nombre de las Farc.
Aunque se acordó que las condiciones de su nacimiento a la legalidad serán 'discutidas en el punto 3 de la agenda' de los diálogos, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, se refirió a la posibilidad de que la guerrilla acceda al sistema político 'en condiciones especiales' o que, eventualmente, 'ostente representación especial en el Congreso'.
¿Podrían participar en política quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad?, fue la pregunta central al respecto. Alfredo Rangel, asesor en temas de seguridad y candidato uribista, dijo que 'esto no es posible por las condenados que existen contra los miembros del Secretariado', e insistió en que la guerrilla 'debe también entregar las armas'.
Sin embargo, a pesar de que los jefes guerrilleros han sido condenados por numerosos delitos, el fiscal general Eduardo Montealegre aseguró que a la fecha no existe ninguna sentencia por crímenes de lesa humanidad que inhabilite a los jefes guerrilleros, aunque dijo que sí hay investigaciones por estas conductas punibles.
Por eso, el fiscal opinó que si se está negociando una solución del conflicto armado 'es indispensable' abrirles a las Farc los 'canales democráticos para conformar un partido político' o incluso acceder a postularse a alcaldías y gobernaciones.
El procurador general Alejandro Ordóñez, crítico de esta posibilidad, terció en el debate señalando que no tenía suficiente información, por lo que dijo que no podía hacer un juicio improvisado.
'Tendré que analizarlo con la suficiente tranquilidad y ponderación', indicó Ordóñez. Empero, reafirmó que la participación política de las Farc deberá valorarse 'respecto a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra'. JGF
