
La Procuraduría General de la Nación ordenó ayer ejercer una supervigilancia especial por el caso de contaminación en la bahía de Santa Marta, a raíz de las 500 toneladas de carbón arrojadas por la cuestionada compañía estadounidense Drummond el pasado 13 de enero.
De acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público en un comunicado, con la disposición adoptada “se busca un desarrollo eficiente y eficaz de las actuaciones administrativas que adelante la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpomag, ante la empresa minera”.
De esta manera, el ente de control penal, en desarrollo de sus funciones constitucionales y a través de la Procuraduría Regional del Magdalena, ordenó revisar las actuaciones administrativas que adelante la Corpomag a la Drummond, a propósito de las posibles irregularidades cometidas con el vertimiento del carbón en una zona costera de Santa Marta y del municipio vecino de Ciénaga, y el daño ecológico producido con ello.
“En trabajo conjunto de la Regional con la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, el Ministerio Público continuará desarrollando labores de seguimiento a las acciones legales que se adelantan para garantizar la protección y preservación del medio ambiente en la zona afectada elpasado 13 de enero, cuando una barcaza arrojó aproximadamente 500 toneladas de carbón en la bahía de Santa Marta, aparentemente para evitar su hundimiento”, indicó el ente de control disciplinario en el documento.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores Enfermos de la Drummond, Asotred, volvió a denunciar esta semana que cerca de la mitad de los empleados afiliados dicen estar enfermos. Es decir, de los 4.500 personas que trabajan en la minera, 2.000 están afiliados a esta organización y al menos 800 de ellos tienen algún tipo de afección.
No obstante, las directivas de la multinacional aseguran que estas cifras son falsas, y dicen no haber atendido a los trabajadores enfermos, aduciendo que para ello están las ARL y las EPS. TB