Consejo de Estado saca a Ordóñez de la Procuraduría

Consejo de Estado anuló su reelección al considerar que magistrados que lo designaron tienen familiares trabajando en el Ministerio Público; que no existe la figura de la reelección del procurador y por el hecho de que no haya habido una terna como tal.
Johnny Hoyos Soto
Alejandro Ordóñez pasó ‘un trago amargo’, mientras se alistaba para despedirse. Johnny Hoyos Soto

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Consejo de Estado anuló su reelección al considerar que magistrados que lo designaron tienen familiares trabajando en el Ministerio Público; que no existe la figura de la reelección del procurador y por el hecho de que no haya habido una terna como tal.

Al considerar que la reelección del procurador Alejandro Ordóñez fue irregular, y tras más de tres años de haberse presentado una demanda al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado decidió este miércoles, por 14 votos a 6, anular su actual segundo mandato.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo acogió a ponencia de la magistrada Rocío Araújo, que proponía anular la elección en 2013 de Ordóñez porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo eligieron habrían violado una inhabilidad al tener familiares trabajando en el ente de control disciplinario, en medio aparentemente de la popular práctica del ‘yo te elijo, tú me eliges’.

Aunque, la togada, de hecho, indicó tres causales de inhabilidad en su ponencia: no existe la figura de la reelección en la Constitución para el cargo del jefe del Ministerio Público; no hubo una terna como tal, pues una de las candidatas, María Mercedes López, había renunciado a ella y, la más importante, que los familiares de los magistrados del máximo tribunal de la justicia ordinaria trabajando en el ente de control disciplinario, refiriéndose a los togados Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Javier Zapata y Ruth Marina Díaz.

La demanda fue presentada por el jurista Rodrigo Uprimny Yepes, exdirector de Dejusticia, quien argumentó que el artículo 126 de la Carta Política prohíbe que un servidor público nombre en cargos que no sean de carrera a familiares cercanos de aquellos funcionarios que intervienen en su designación.

El proceso en el Consejo de Estado se había dilatado desde marzo pasado, cuando fue presentada por primera vez la ponencia, dados los numerosos recursos y recusaciones que interpuso el procurador Ordoñez, a quien le quedaban cuatro meses en el cargo.

“Este es el primer pacto de La Habana”

Entre llantos y aplausos de varios de los funcionarios de la Procuraduría, Alejandro Ordóñez advirtió desde su despacho que “este es el primer pacto de La Habana”.

Atribuyendo la decisión  tomada por el Consejo de Estado a una supuesta confabulación del Gobierno y las Farc, señaló: “comprendo el odio de Timochenko y el resentimiento de Juan Manuel Santos. He sido riguroso en el cumplimiento de mis funciones”.

Insistió que presionaron  su salida con la intención de sacar adelante el plebiscito por la paz.

Agregó en este sentido que “un procurador de bolsillo le hubiera dicho sí a todo con la excusa de la paz. Pero la paz no lo justifica todo”, y reiteró que lo sacan “por decir no a la impunidad, por repudiar que otorguen derecho a gobernar a perpetradores de atrocidades”. Y tras afirmar que no compartía pero respetaba la decisión del alto tribunal, aseguró que no interpondría recursos ni tutelas. Y se despidió: “me voy con resignación cristiana”.

Tras la decisión Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, afirmó que no hay lugar a recursos para modificar la sentencia.

“Esta es una sentencia que profiere el Consejo de Estado en única instancia lo cual supone que no existe ningún recurso en contra de la sentencia”, precisó Rojas.

El proceso

Ordóñez, quien venía de haber sido procurador de 2009 a 2012, fue reelegido por la plenaria del Senado en noviembre del año 2012 para el periodo que iba de 2013 a 2017.

Y al poco tiempo de haberse posesionado, Uprimny presentó la demanda en su contra, que fue aceptada el 22 de marzo de ese año, y como ponente fue designado el magistrado Alberto Yepes, de la Sección Quinta.

Luego, en diciembre, se realizó la audiencia pública para escuchar los argumentos de los demandantes y de la defensa del titular del ente de control. Y casi un año después, en octubre de 2014, se ordenó la práctica de pruebas pertinentes.

Ya en julio de 2015 había una decisión de Yepes, pero el entonces magistrado Marco Antonio Velilla pidió que el caso fuera llevado, por la importancia del funcionario público en cuestión, de la Sección Quinta a la Sala Plena, donde se ordenó una nueva ponencia al magistrado Hugo Bastidas.

No obstante, Bastidas era interino y dicha ponencia pasó a la magistrada titular que lo reemplazó, Rocío Araújo, en febrero pasado.

Entonces, Ordóñez presentó una serie de recursos contra los magistrados Danilo Rojas y Stella Conto, a quienes señaló de filtrar la ponencia. Y, posteriormente, solicitó estudiar un supuesto impedimento de la magistrada Elizabeth García, quien tenía amistad íntima con su abogado.

Finalmente, presentó una recusación contra Araújo por supuestas irregularidades presentes en el trámite del proceso. Esos recursos dilataron el proceso durante varios meses.

¿Quién queda ahora?

Una vez el procurador Ordóñez sea notificado de la decisión, la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda asumirá como encargada mientras se termina el proceso de elección del nuevo Procurador que ya está en marcha.

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