El Heraldo
Colombia

Procuraduría formuló cargos a exfuncionarios, por retrasos en construcción de 10 cárceles

Para que respondan por presuntas irregularidades consistentes en atrasos significativos en la ejecución de los contratos de obra para la construcción de diez establecimientos penitenciarios y carcelarios en el país, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a seis exservidores públicos adscritos al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y el Ministerio del Interior y de Justicia.

Concretamente, el Ministerio Público investiga el Convenio 150 de 2005 suscrito entre el Ministerio del Interior y de Justicia y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarroll (Fonade), que tenía por objeto la construcción de establecimientos penitenciarios y carcelarios en Yopal, Casanare; Acacías,  Meta; Jamundí, Valle;  Ibagué, Tolima; Medellín, Antioquia; Cúcuta, Norte de Santander; Guaduas, Cundinamarca; Florencia, Caquetá; Picota, Bogotá, y Puerto Triunfo, Antioquia.

Durante la ejecución del proyecto se generaron incrementos en los valores inicialmente establecidos para desarrollar las obras, al parecer, porque no se adoptaron los correctivos inmediatos y eficaces que solucionaran los inconvenientes que se pudieron presentar y evitaran el incumplimiento del cronograma y una mayor inversión de recursos públicos.

Los investigados son:

- Alberto Cardona Botero, subgerente técnico del Fonade.
- Jaime Eduardo Botero Gómez, gerente del Convenio 150/05 vinculado a Fonade.
- Gerardo Antonio Zúñiga Sánchez, secretario general del Ministerio del Interior y de Justicia.
- Rafael Enrique Zerrate Torres, director técnico del Viceministerio de Justicia.
- Silvia Magaly Álvarez Sierra, profesional de la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior y de Justicia, supervisora del Convenio 150/05.
- LuIs Fernando Castaño Ortiz, profesional del despacho del Ministro del Interior y de Justicia, supervisor del Convenio 150/09.

La Procuraduría consideró que la conducta de los disciplinables puede constituir falta disciplinaria porque no efectuaron los ajustes indispensables ni impartieron las instrucciones y recomendaciones correspondientes al momento en que se presentaron circunstancias irregulares que afectaron la ejecución de cada uno de los proyectos que hicieron parte del convenio referido.

En la investigación se evidenció una afectación financiera por aumento en los costos de los proyectos en un promedio de 31,29 %, por mayor cantidad de obra no presupuestada en los diseños iniciales donde se encontraron diferencias en la cuantificación de las cantidades de obra frente a los diseños iniciales entregados por los consultores de Fonade, los cuales debieron ser reestructurados.

Para la Procuraduría, los marcados atrasos en los proyectos incidieron directamente con los mayores costos de interventoría y el pago de la cuota de gerencia destinada a Fonade, así mismo en los valores unitarios de los materiales, situación que fue advertida por la Contraloría General de la República.

 

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