Proceso de paz no ha evitado 55.157 nuevos desplazados
En un informe sobre derechos humanos, el organismo internacional critica la persistencia de impunidad y aumento de víctimas en Colombia. Culpa a neoparamilitares de violar los DDHH.
El intento de ampliar la jurisdicción militar, la impunidad, el aumento de las víctimas y la protección auténtica de quienes reclaman la restitución de sus tierras son algunos de los “graves problemas” reseñados por la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en su último informe sobre Colombia.
El texto, presentado en Bogotá ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “celebra” numerosos avances en materia de derechos humanos llevados a cabo por Colombia y “felicita al Gobierno por la determinación con la que trata de encontrar una solución negociada al conflicto interno”.
No obstante, señala varias áreas en las que no se ven avances, como el hecho de que solo entre enero y octubre del año pasado, 55.157 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto, a pesar de las negociaciones de paz.
Con respecto a las atrocidades cometidas por las Farc y el ELN, el informe lamenta que se sigan produciendo homicidios, reclutamiento y utilización de niños y niñas, toma de rehenes, utilización de minas y desplazamientos forzosos, entre otros.
En relación a las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas, el texto destaca el hecho de que haya habido una reducción del número y la gravedad de las violaciones documentadas.
Sin embargo, Pillay muestra su “preocupación” por el hecho de que “algunas autoridades militares solo consideren violaciones de los derechos humanos las ejecuciones conocidas como falsos positivos” y el hecho de que el Ministerio de Defensa siga negando las violaciones.
Con respecto a la reforma constitucional para ampliar la jurisdicción militar, Pillay recordó que esta es incompatible con el respeto a la legislación internacional en materia de derechos humanos y lamentó que, a pesar de lo anunciado, se siga aplicando.
“Entre enero y agosto de 2013, 48 casos de homicidios atribuidos al Ejército, caracterizados como falsos positivos, se trasladaron de la jurisdicción ordinaria a la militar, a pesar de que el Gobierno había asegurado que ello no ocurriría”, censuró.
Los neoparamilitares. En su informe, la Oficina de la Alta Comisionada culpó a los grupos neoparamilitares de la mayor parte de las violaciones de derechos humanos en el país.
El representante de la ACNUDH, Todd Howland, dijo que estos grupos son las llamadas bandas criminales como los Urabeños, la Empresa, los Rastrojos y una serie de organizaciones que trabajan al mejor postor, que albergan en sus filas a antiguos integrantes de los grupos de autodefensas que se sometieron a la desmovilización de 2006 bajo el marco jurídico de Justicia y Paz.
También hay disidentes que decidieron no entregar las armas y se mantuvieron en estas estructuras vinculadas con el negocio del narcotráfico que en ocasiones se precian de hacer “control social” y que según el informe de la ONU “siguen afectando a toda la gama de derechos humanos de la población”.
Howland citó dos ejemplos “del nivel de violación de los derechos humanos” y se refirió a que en 2013 la Oficina documentó 14 masacres en el departamento de Antioquia y 8 casos de desmembración de personas en Buenaventura, que vive una guerra entre bandas.
“La pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades siguen haciendo que los jóvenes y los niños sean vulnerables al reclutamiento, la utilización, la explotación y la violencia sexual por parte de esos grupos”, advirtió el informe.
La alta Comisionada, Navi Pillay, destacó los esfuerzos de las autoridades para desmantelar estos grupos, pero advirtió de la importancia de diseñar una estrategia que combine “la seguridad y la justicia con medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social”.
Por su parte, Howland reflexionó: “Es importante estudiar de manera profunda qué pasó durante el proceso de desmovilización de los paramilitares y entender por qué los grupos postdesmovilización de los paramilitares son uno de los que están violando los derechos humanos con más frecuencia”.
El marco jurídico de Justicia y Paz estableció penas de hasta ocho años a cambio de verdad, justicia y reparación, y según se ha documentado hay pocas sentencias y preocupantes niveles de reincidencia.
En este contexto, se calcula que a lo largo de este año unos 268 exparamilitares serán excarcelados al haber cumplido sus condenas.
Avances en la paz
La ONU también destacó los esfuerzos de Colombia en la búsqueda de la paz y los avances realizados en el ámbito de las libertades fundamentales.
En una declaración leída en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos, Pillay “ensalza” los esfuerzos realizados por el Gobierno para lograr un fin negociado al conflicto armado.
Subraya que el objetivo último de un eventual acuerdo de paz debe ser la mejora de la protección de todos los derechos humanos en Colombia.
“Paz significa seguridad y justicia, y la paz también reforzará los esfuerzos del Gobierno en su lucha contra la pobreza”, afirma Pillay.
