El Consejo de Estado admitió una demanda que busca la pérdida de investidura, o muerte política, del congresista David Racero, del Pacto Historíco, por presunto tráfico de influencias en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desde el 2024.
De acuerdo con lo informado por el alto tribunal, el congresista acusado tiene un plazo de cinco días a partir de la notificación para responder por escrito a los señalamientos y presentar o solicitar las pruebas que considere pertinentes.
La providencia fue firmada electrónicamente por Jorge Iván Duque Gutiérrez, consejero ponente de la Sala Diecinueve Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado.
El caso se dio a conocer a la palestra pública luego de que el periodista Daniel Coronell revelara unos audios revelados sobre presuntas irregularidades en manejo de puestos en el SENA.
“En su momento le pregunté a David Racero si le había pedido puestos al director del Sena Jorge Londoño. Racero respondió que no recordaba claramente pero que era probable que alguna vez le hubiera hablado de trabajos para miembros del Pacto Histórico capacitados para desempeñarlos“, dijo en El Reporte Coronell.
Debido a lo anterior, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación al congresista y al director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Jorge Eduardo Londoño Ulloa, por la comisión de presuntas irregularidades en la contratación de esta última entidad.
La Sala de Instrucción Disciplinaria señaló que se investigarán las denuncias que dieron a conocer varios medios de información del país, en las que se revelaron varios audios y conversaciones que, al parecer, sostuvieron los dos funcionarios y en las que estarían estableciendo la manera de vincular personal y analizando la posibilidad de un concurso amañado, entre otras acciones.
En el mismo sentido, se validará la supuesta participación en los hechos de un familiar del congresista, para quien también habrían sido solicitados algunos cargos en el Sena, en detrimento de los derechos de servidores que los estaban ocupando y que pertenecerían a otros partidos políticos.