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El exconcejal chavista José Manuel García, preso desde febrero de este año por acusaciones de estafa, falleció el fin de semana bajo custodia del Estado venezolano, confirmó este lunes a EFE la ONG Foro Penal, apenas días después de que el Gobierno reconociera la muerte de un preso político ocurrida hace diez meses.

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“Hoy fue verificada por esta coordinación del Foro Penal la muerte bajo custodia del Estado venezolano del exconcejal del municipio Anaco José Manuel García Sabino, de 37 años, en la sede de la comandancia de la Policía Municipal de Anaco”, dijo a EFE la coordinadora de la ONG en el estado Anzoátegui (este), Arelys Rhodesia.

El deceso fue notificado luego de una presunta “situación irregular” la noche del sábado en la comandancia, según relatos de los familiares, añadió Rhodesia, que seguía el caso de García pese a no estar contabilizado como preso político en el registro de la ONG.

El certificado de defunción arrojó “asfixia mecánica y constricción del cuello, es decir ahorcamiento”, indicó la abogada.

Sin embargo, Rhodesia detalló que el padre del concejal, también llamado José Manuel, señaló “que su hijo no tenía intención de suicidio”.

“Mañana 12 (de mayo) sería su audiencia preliminar y estaban esperanzados de lograr la libertad”, explicó la jurista, e indicó que el padre del exconcejal pidió una “investigación exhaustiva y esclarecimiento de los hechos”.

El pasado jueves, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte del preso político Víctor Quero Navas, luego de 16 meses de denuncias del detenido, Carmen Navas, sobre la desaparición de su hijo.

La cartera de Estado informó que Quero estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar”.

Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después.