La Policía Nacional de España desarticuló una organización criminal internacional que se dedicaba, supuestamente, a captar hombres y mujeres vulnerables de Colombia para ofrecerles un ‘pack de viaje’, que les costaba entre 4.000 y 5.000 euros, para ir a España y trabajar en el país.
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La organización fue desarticulada en Sevilla, una ciudad del sur de España, según informó este lunes en un comunicado la Dirección General de la Policía, cuyos agentes acreditaron que al menos 22 personas habrían entrado en España de esta manera.
La operación policial culminó con la detención en Sevilla de ocho miembros de la organización, entre los que se encontraban los principales responsables, y arrancó tras analizar información recabada durante una operación policial desarrollada en 2024 contra una red criminal dedicada a la trata de seres humanos.
La información reveló la existencia de otra organización criminal perfectamente estructurada, asentada en Sevilla y dedicada al traslado irregular de gran número de ciudadanos colombianos hasta España.
Los agentes encontraron que el entramado criminal operaba tanto en España como en el país de origen de las víctimas, de modo que en Colombia contaban con integrantes especializados en la captación de personas en situación de extrema necesidad.
Aprovechándose de esa vulnerabilidad, les ofrecían la posibilidad de viajar a España para desempeñar trabajos vinculados al cuidado de personas dependientes o en el ámbito de la restauración.
‘Pack de viaje’ y hacerse pasar por turistas
Para ello la organización ofertaba un ‘pack de viaje’ que incluía el desplazamiento en avión hasta España y la supuesta permanencia en el país, por lo que adquirían una deuda económica que oscilaba entre los 4.000 y los 5.000 euros.
Las víctimas, tanto mujeres como hombres, viajaban haciéndose pasar por turistas y recibían instrucciones precisas para superar los controles fronterizos, así como dinero en efectivo que debían devolver de manera inmediata tras su llegada.
Una vez en España, los integrantes de la red actuaban como una agencia de colocación, encargándose de buscar empleos para las víctimas.
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Los trabajos ofrecidos se centraban en el ámbito del cuidado de personas en la provincia de Sevilla o en el sector de la restauración en la cercana provincia de Cádiz.
Documentación ‘ajena’
En este último caso, los explotadores también proporcionaban documentación ajena, de personas regularizadas o vinculadas a la organización, para permitir el alta laboral de manera irregular de las personas vulnerables que llegaban desde Colombia.
La documentación se alquilaba por 200 euros al mes.
Los titulares reales de la documentación, además, se beneficiaban posteriormente de las prestaciones por desempleo generadas.
En los casos en los que las víctimas no podían pagar las cuotas de la deuda contraída, la organización criminal recurría a amenazas directas contras sus familias en Colombia.
Según la Policía, varias de ellas se vieron obligadas a cambiar de ciudad y abandonar sus hogares para evitar represalias.
