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El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de control de conocimiento de Santa Marta admitió una tutela de la Procuraduría General de la Nación en la que ordena al Inpec, a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación a definir medidas de protección para población en centros de detención transitoria de Santa Marta y Ciénaga.

También solicitaron vincular en el trámite de la tutela a la Defensoría del Pueblo, al Grupo de Prisiones de la Faculta de Derecho de la Universidad de los Andes y a la organización no gubernamental DeJusticia.