“Si hubiera una rampa o un ascensor no tuviera discapacidad”

José Rafael Palacio, Mauricio Lovera, Edgardo Carmelo Iglesias y Ramón Santiago Janer tienen en común que hacen parte de una población de 13.250 personas en situación de discapacidad en el Distrito de Barranquilla.

Junto a líderes de 20 organizaciones, instituciones universitarias y autoridades distritales empezaron en mayo del 2013 la elaboración de una política pública que empieza a hacerse realidad con la firma del Acuerdo Distrital por parte de la alcaldesa Elsa Noguera, aprobado previamente por el Concejo.

La falta de entornos accesibles los motivó a trabajar en el tema.

El objetivo de esta hoja de ruta es garantizar, proteger y promover la restitución del goce pleno de los derechos e inclusión de la población en situación de discapacidad en el Distrito de Barranquilla mediante la aplicación de acciones en cada uno de sus ejes estratégicos que permiten el mejoramiento de las condiciones de vida de esta población y la de sus cuidadores en un marco de justicia, igualdad, equidad, solidaridad, corresponsabilidad y participación. (Ver lo que dice el Acuerdo).

En opinión de Palacio, el mayor reto es la inclusión social. “Queremos que en cualquier colegio en el cual personas con una diversidad funcional ya sea física, visual, cognitiva puedan estar con otras personas que no tenga discapacidad y así aprendemos todos a compartir  y podemos hacer lo que todos pueden hacer”, dijo Palacio.

Alba Patricia Palacio, coordinadora de la oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social,  destacó el trabajo del Distrito en el Registro de Localización y Caracterización de las personas con discapacidad, es así como para mayo de 2013 la ciudad tenía cerca de 7.500 personas en el registro y hoy tiene 13.250.

En su opinión adoptar una política pública al respecto implica contar con una ruta sobre la cual se va a trabajar para poder proyectar lo que se quiere implementar.

La política aprobada por el Distrito compromete ejes temáticos como educación, salud, componente laboral, fortalecimiento institucional y un tema de investigación y comunicación, de tal forma, que todo lo que se haga sirva de retroalimentación para un mejoramiento continuo en los procesos de inclusión a las personas con discapacidad.

Según la secretaria de salud del Distrito, Alma Solano, el hecho de tener unas metas a 8 años puntuales y definidas en cada uno de los ejes temáticos va a garantizar que los derechos para estas personas se den”.

De esta manera se garantizarán partidas presupuestales que deben ir variando año tras año en la medida en que se cumplan las metas y compromisos establecidos.

Al final, dijo la funcionaria, será posible tener una ciudad más incluyente y con garantías para los derechos de las personas con alguna condición de discapacidad.

Lo que dice el acuerdo
Según el Acuerdo 012 sancionado por la alcaldesa Elsa Noguera estos son los principios rectores de la Política Pública de Discapacidad para el Distrito de Barranquilla (2015-2023). El Acuerdo comenzará a regir a partir del próximo año y el Distrito debe asignar los recursos necesarios en el Plan Plurianual de inversiones del Plan Distrital de  Desarrollo para financiar los proyectos. El rubro debe quedar establecido en el presupuesto que el Distrito acaba de presentar al Concejo de Barranquilla.

Enfoque de Derechos: Busca cortar con anteriores prácticas del desarrollo centradas en  la identificación y satisfacción de necesidades básicas de la población beneficiaria y reemplazarlas por prácticas basadas en el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos inherentes.

Inclusión Social: Se busca que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Accesibilidad Universal: Condiciones que deben cumplir las instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno con el fin de asegurar el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico, el transporte, la información incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Transversalidad: Coordinación intersectorial de las actividades para garantizar el cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y las Leyes.

Equidad: Igualdad de oportunidades a partir de la inclusión de las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación.

Corresponsabilidad: Generación de una cultura de responsabilidad institucional, de las organizaciones de la sociedad civil, gremios, profesionales y de servicios, entre otras, que representan y atienden a esta población

Igualdad y No Discriminación: Todas las personas son iguales ante la Ley, toda persona, sin distinción tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos y el derecho a ser protegido contra la discriminación por motivo de discapacidad.

Enfoque diferencial: Inclusión de medidas efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las personas o grupos poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.

“Derechos deben ser respetados”
A José Rafael Palacio Angulo, médico cirujano y docente universitario de 35 años, cuando aún era un bebé de 11 meses de nacido, la vida lo enfrentó a una prueba que cambió el curso de su destino: una poliomielitis lo dejó en condición de discapacidad y desde ese momento inició una lucha  que lo conminó a recurrir a ayudas técnicas como silla de ruedas, muletas o bastones para desplazarse de un sitio a otro.  “Yo no soy enfermo, la poliomielitis me dio hasta el año de nacido. Me quedó un acortamiento de miembro inferior, que es una diversidad funcional de mi cuerpo, es decir, que funciona de forma diferente y no tengo ninguna discapacidad, a menos que me encuentre en lugares como este (se refiere al edificio de Comfamiliar de la calle 48 con carrera 44)”. Explica que cuando por ejemplo hay escaleras estará en discapacidad con relación a otras personas, para poder hacer lo que ellos hacen. “Si tuviera una rampa, o un ascensor no tuviera discapacidad. Mi discapacidad es cuando mi diversidad funcional encuentra entornos no accesibles, barreras tanto actitudinales, comunicacionales como físicas”.

Superar las barreras
Ramón Fabián Santiago Janer, es sicólogo y analista de sistemas y trabaja en la Fundación María Elena Restrepo. A sus 36 años hace parte de esta población, pues tiene una discapacidad visual (retinitis pigmentaria) lo que le ha ocasionado la pérdida gradual de la visión. Para Ramón desplazarse en la ciudad es toda una odisea ya que es “totalmente inaccesible”. Asegura que los andenes y la zona peatonal no son respetadas por vehículos, hay muchos altibajos y alcantarillas por la mitad. “Hay una serie de obstáculos, la estructura de la ciudad no está adecuada para que las personas con discapacidad visual, física u otras nos desplacemos de manera normal como lo hace cualquier otra persona”. Sostiene que  en los espacios que Transmetro dejó para el desplazamiento están ubicados bolardos, señales de tránsito o alcantarillas. Asegura que las personas con discapacidad visual requieren de algo sonoro. Espera que con la política pública se generen cambios en la conciencia de identidad colectiva, en la transformación de imaginarios sociales en torno a la discapacidad.

Adaptaciones progresivas
Mauricio Lovera Retamozo, tiene 43 años de edad y hace 18 sufrió un accidente de trabajo. Es el coordinador regional de la Red de Discapacidad del Caribe, lo mismo que miembro del comité de discapacidad en representación de la discapacidad física. “Es mucho más difícil para una persona que adquiere la discapacidad acondicionarse a un medio no accesible para personas con discapacidad teniendo en cuenta aspectos sicológicos, económicos y social”. Recuerda que cuando estaba en silla de ruedas ningún taxista, ni bus lo quería transportar. Por ello dice que desde  se creó la Ley 361 de 1997 (Ley Clopatofsky) Barranquilla estaba en mora de esta política pública, teniendo en cuenta que esta ley fue la primera que ahondó en el tema de accesibilidad. “ Para nosotros movilizarnos por la calle es muy difícil y con esta política pública queremos que se reivindiquen los derechos a las personas con discapacidad, que sea una educación inclusiva y transversal. Lovera se mostró optimista que a partir de la implementación de la política (2016) se vayan haciendo adaptaciones progresivas en las diferentes edificaciones. “ No es  hacer una rampa por hacerla. No. Esta debe tener unas especificaciones para que nosotros podamos tener autonomía y desplazarnos sin la ayuda de otras personas”.

Que se cumplan las leyes
Edgardo Carmelo Iglesias Conte, de 54 años, es el presidente de la veeduría en materia de discapacidad en el Atlántico y miembro del Comité Distrital de Discapacidad. Su pierna fue amputada hace 9 años a raíz de un accidente de tránsito. Para Iglesias desplazarse por la ciudad es casi que nulo, pues permanece en silla de ruedas y la ciudad “no esta acondicionada para personas con movilidad reducida”. Por ello espera que con la política pública de discapacidad se cumplan las leyes que fueron creadas desde hace años, pero que no las ejecutan. “Desde el año 1997 empezaron  a plasmarse las leyes para nosotros, esperamos que ahora se cumplan de verdad para poder tener un efectivo goce de nuestros derechos”.

Sostuvo que se abstiene de asistir a capacitaciones por ejemplo en el edificio de Comfamiliar de la calle 48 con carrera 44 porque la accesibilidad no se lo permite. “Esta edificación es solo un ejemplo, en muchos centros uno no puede estudiar, ni ingresar porque no hay accesibilidad física y los baños y pasillos tampoco están acondicionado para uno”. Espera que con la política pública puedan quedar con el goce efectivo de los derechos.

Las cifras
En BarranquIlla se estima, según las organizaciones que agrupan a este sector de la población que son 69 mil las personas en situación de discapacidad, lo que representa un 5.5% de la población barranquillera. Pero en el registro localizado y la caracterización de las personas en situación de discapacidad están inscritas 13.250. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en Colombia hay 2’624.898 personas con discapacidad, lo que equivale al 6,3% del total de la población. Sin embargo, el Registro de Localización y Caracterización de personas con Discapacidad (RLCPD) creado por el Ministerio de Salud y Protección Social, señala que a agosto de 2014, en el país sólo hay 1’121.274 de individuos registrados con una discapacidad. Existen varias barreras a las cuales se tienen que enfrentar las personas en condición de discapacidad y una de ellas es el acceso el acceso al transporte público, instalaciones adecuadas, los senderos o andes para su tránsito y hasta la educación, entre otras.