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El cálculo matemático que permitió a Ramsés Vargas salir de la cárcel

Un informe de laboratorio fue el objeto de estudio del juez que otorgó la detención domiciliaria de Ramsés Vargas y seis exfuncionarios de la UAC.  El documento señala que no se sabe el paradero de 1.961 comprobantes de pago, correspondientes a las matriculas de pregrado.

El pasado 5 de junio se llevó a cabo en la sala 16 del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, la audiencia de apelación de medida de aseguramiento dada en diciembre a Ramsés Vargas y 6 exfuncionarios, procesados por supuesto fraude financiero dentro de la Universidad Autónoma del Caribe.

Al juez sexto del circuito con función de conocimiento, Farid West Ávila, le correspondió en segunda instancia, resolver la apelación, ante lo cual el togado decidió dar reversa a la medida de cárcel impartida el 27 de diciembre del año pasado por el juez penal municipal Camilo Pardo.

La decisión, que para muchos parece desacertada y polémica, se basó en un documento aportado por la Fiscalía, el cual trata de un informe de investigador de laboratorio elaborado por la DEIF (Dirección Especializada de Investigaciones Financieras) que fue clave para que el ente acusador pudiera entender  qué dineros por concepto de matrículas ingresaron a la corporación y cómo fueron invertidos por los funcionarios que actualmente enfrentan procesos penales por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado, omisión de agente retenedor y estafa.

“Voy hacer un análisis que tiene que ver con todos los procesados en lo referente a lo consignado en el informe de investigador de laboratorio ‘FPJ 13’ del 2 de noviembre de 2018. El informe fue tenido en cuenta por parte del juez de primera instancia para determinar qué existía, y qué se había perdido o extraviado... pues señala la primera instancia que de restar del total de recaudo de matrículas por valor de $4.972.726.167; y aquello que se encuentra registrado en el sistema iceberg, genera una diferencia de $998.648.695, diferencia que extraña el juez de primera instancia y que llega a la conclusión de ese faltante por valor de 998 mil millones de pesos. Hago mi relación a este aspecto porque este fue uno de los puntos centrales en los cuales se fundamentó la decisión de primera instancia, señalando inclusive que si no faltara dinero, no habría problema alguno”, manifestó el juez West Ávila sobre el documento que fue analizado en primera instancia por el juez penal municipal, Camilo Pardo.

¿Error monumental? 

Contrario a la decisión del juez Pardo, el togado de segunda instancia explicó que “la decisión de primera instancia incurre en un error monumental, porque la comparación la hace entre el recaudo por concepto de matrículas durante los meses de noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018; y los ingresos según el sistema iceberg (sistema de contable utilizado por la universidad. Recordemos que este  sistema no se le alimenta con dineros sino con información, entonces la comparación no puede hacerse con el sistema sino con dineros que se hayan consignados en bancos o pagados en efectivos, porque si se hubieran equivocado y resulta que en lugar de poner en el sistema iceberg que hubiera entrado una suma mayor que la recaudada, entonces cómo se justificaba eso”, dijo el juez previo a su análisis.

El cálculo

“Pues al analizar este informe de investigador de laboratorio, he llegado  a la conclusión que solo faltan $30.579.371. ¿De dónde sale esa información?, no la estoy inventando, ni me la ha dado a conocer ni ninguna otra parte, tanto es así que ninguno de los defensores hizo relación a este punto”, dijo el juez en la audiencia pública en la que no asistió ninguno de los procesados.

De acuerdo con lo explicado por el juez en la diligencia y lo consignado en el informe de laboratorio que fue estudiado, los ingresos de recaudo por concepto de matrículas en el mes de noviembre de 2017 fue de $3.194.985.117, en diciembre de 2017 fue de $1.201.808.100 y en enero de 2018 fue de $575.932.950, esto sumado dio un total de $4.972.726.167 de recaudos.

“Según los comprobantes de ingresos, hay un total de $4.905.537.598 millones que no coincide con lo recaudado por matrícula, veamos a qué conclusión llega el informe sobre el paradero de ese dinero, que es lo que nos interesa”, añade el juez mientras justifica su decisión.

El togado señala que en un aparte del informe de 42 páginas, el investigador de la Fiscalía dio una relación de dineros recaudados para la matrícula de estudiantes que fue a parar a cuatro cuentas bancarias: dos de Davivienda, una del BBVA y otra a Juriscoop. En total en esas cuentas fue consignada la cantidad total de $4.035.590.700.

“Esta fue la suma que tuvo el juez de primera instancia para establecer una de las diferencias, porque de $4.035.590.700 a $4.972.726.167, la diferencia si es más de 900 millones de pesos; ahora bien, resulta que estos no son los únicos dineros que aparecen en el informe”, explica el juez y continúa “en el mismo informe aparecen unos dineros que no fueron consignados en cuentas, sino que fueron a parar como pagos a terceros” dijo el juez sobre los $906.556.096 que, según la investigación, fueron manejados directamente por la universidad y que fueron destinados a pagos a terceros.

“La persona natural a la cual se realizó el pago de mayor monto fue al señor Jorge Eduardo Vera Kid, suma que asciende a $102.000.000, por concepto de pago a capital en efectivo, pago que no cuenta con la suficiente documentación soporte que acredite dicha deuda”, señala el informe.

Es así que el togado al observar estas cifras realiza las siguientes operaciones matemáticas:

Operación 1.

Dinero consignado en cuentas bancarias $4.035.590.700 + $906.556.096 dinero recaudado por la universidad y que giró a terceros. Esto dio como total $4.942.146.796.

Operación 2.

Producto del primer cálculo  $4.942.146.796 - $4.972.726.167 que son ingresos de recaudo de matrícula de los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018.

Este cálculo dio como resultado $30.579.371, que de acuerdo con el juez es el faltante en las arcas de la Universidad Autónoma del Caribe y no los $998.648.695 que le dieron como diferencia al juez de primera instancia.

“De manera que ante estas circunstancias, la situación en lo que tiene que ver con la gravedad y modalidad de la conducta delictiva varía ostensiblemente, pues no es lo mismo que no se sepa qué se hicieron $30.579.371 a que no se sepa qué se hicieron $998.648.695 que fue la cuenta que se sacó en primera instancia por el juez séptimo penal municipal, y advierto que no creo que lo haya hecho de mala fe, sino que fue un mal análisis del informe contable”, concluyó el togado previo a decretar la libertad inmediata a Yeseni Morales Magdaniel, Cindy Solar Vargas y  Johanna Hillembrand Royo.

Mientras que Mariano Romero Ochoa, Jesús Pantoja Mercado, Efraín Maldonado Palma  y Pedro Sierra García obtuvieron detención domiciliaria, mientras que al exrector Ramsés Jonás Vargas Lamadrid le otorgó detención domiciliaria y vigilancia por medio de brazalete electrónico.

¿Y los comprobantes de ingresos varios?

EL HERALDO pudo conocer que en el informe de laboratorio elaborado por la Fiscalía, también se señala un faltante que, al parecer, no fue tenido en cuenta por el juez de segunda instancia en su decisión de apelación de medida de aseguramiento, pero que podrá ser analizado por el juez especializado, a quien le corresponde la audiencia de juicio oral para determinar la inocencia o culpabilidad de Vargas Lamadrid y los seis exfuncionarios procesados.

En la página 17 del informe, el investigador hace relación de un documento elaborado por la corporación llamado “Recaudo de Matrícula-Recaudo en Efectivo”, según el análisis del perito de la Fiscalía “existen diferencias entre lo recaudado en ingresos varios y de matrícula y lo consignado en el documento denominado “comprobantes de ingresos varios”.

“Para los meses de noviembre y diciembre de 2017, y enero de 2018, en relación a los recaudos de dineros en efectivo en la UAC, se resaltó que como quiera que se analizaron los comprobantes de ingresos desde los consecutivos 31201 de fecha 3 de noviembre de 2017 hasta el comprobante de ingresos 35321 de 26 de enero de 2018, se evidenció que hacen falta 1.961 comprobantes de ingresos varios, detectados en el salto de consecutivos. Adicionalmente, algunos formatos se encuentran sin valor y/o ilegibles”, señala el documento que también concluye: “se presentó una diferencia acumulada entre lo recaudado, según los “comprobantes de ingresos varios” con lo que finalmente se entregó a las áreas de Crédito y Cartera y Tesorería, diferencia total que asciende a $444.901.275, presentando mayo valor el recaudo de matrículas”.

Según el abogado de víctimas de la Universidad Autónoma del Caribe, Rafael Pacheco Vega, este aparte explica que no se sabe a dónde fueron a parar los dineros de 1.961 matrículas de estudiantes, por tanto no se explica por qué este aparte del documento no se tuvo en cuenta para evaluar la medida de aseguramiento de Vargas Lamadrid y los procesados, “tampoco se entiende sí aceptó la apelación hecha por la universidad por el delito de omisión a agente retenedor, por qué no tuvo en cuenta este delito para mantener la medida de aseguramiento intramural contra el exrector”, explicó.

“Ahora toca esperar en el juzgado especializado las audiencias preparatorias y de juicio oral, hay que aclarar a la gente que el hecho que Vargas Lamadrid esté en domiciliaria no significa que haya sido declarado inocente, el proceso continúa” explicó el abogado que defiende los intereses de la Autónoma del Caribe.

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