Se acerca el fin de la tregua entre ‘Costeños’ y ‘Pepes’: ¿qué pasará el día después?

Unos días de mucha intensidad vive el proceso de paz urbana que encabeza el Gobierno nacional con los jefes de las estructuras criminales Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ (Los Costeños), Digno Palomino (Los Pepes) y Ober Martínez, alias ‘Negro Ober’ (Los Rastrojos Costeños), cuyo nombre salió a relucir en la lista de 17 reclusos que pretendían reubicar en centros carcelarios de Barranquilla.

El hecho generó un rechazo generalizado por parte de las autoridades locales y de dirigentes políticos a nivel nacional. En ese sentido, el Ministerio de Justicia suspendió los traslados para coordinar con todas las partes involucradas.

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Mientras se confirmaba la salida de Jorge Lemus de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), funcionario que solicitó al ministro Andrés Idárraga revisar las condiciones carcelarias para trasladar a 20 ‘Costeños’ a Barranquilla, con previo visto bueno del consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, este último viajó a la capital del Atlántico el viernes 16 de enero para reunirse con el gobernador Eduardo Verano y buscar consensos de cara al proceso.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió a la suspensión de la llegada de los cabecillas a Barranquilla hasta que “se fortalezca el compromiso de estas personas por la paz” y sorprendió al anunciar al padre Cirilo como nuevo mediador en este proceso. Todo lo anterior, a cuatro días (20 de enero) de que culmine la tregua pactada el 2 de octubre de 2025 entre Los Costeños y Los Pepes.

Cyrillus Swinne es un sacerdote holandés, de 81 años, de los cuales, los últimos 49 los ha vivido en la Arenosa. Es un referente en la ciudad por sus proyectos con comunidades vulnerables de la localidad Suroccidente, más exactamente en el barrio La Paz, donde reside.

Este sábado 17 de enero, el padre Cirilo dialogó con EL HERALDO sobre lo que será su rol en este proceso, cómo surgió la idea y la necesidad de aportar para que esta intención llegue a un feliz término.

“Apenas me enteré de la invitación del presidente. Tenemos que ver cuál va a ser mi función. Pero esto nació de una mesita que teníamos aquí con el consejero de la Paz, Otty Patiño, a raíz de otro proyecto que ellos nos habían propuesto trabajar en el suroccidente y en Soledad con los jóvenes, para tratar de que se alejen de la violencia”, expresó.

Precisó que el proyecto se lo propuso a finales del año pasado, pero no lo pudieron realizar. En ese entonces, durante la visita, Patiño conoció de primera mano la labor del padre Cirilo y luego vislumbraron la idea de participar en el proceso de paz urbana.

“Todavía no sé bien cuál va a ser la función exactamente, tengo que ver el alcance. Inicialmente, cuando me preguntaron si estaría de acuerdo, dije que sí. Porque sí tenemos que trabajar todos y aportar todo lo posible para que por fin tengamos paz”, manifestó.

Sobre la situación de seguridad que atraviesa la ciudad y el país en términos generales, el sacerdote aseguró que ve con preocupación el aumento de la criminalidad.

“Los actores principales de esta criminalidad son muy jóvenes. Me sorprende ver a tantos jóvenes andando con armas. El problema grande que tenemos en la ciudad es que todavía hay muy pocas oportunidades para los jóvenes. Los jóvenes sí tienen la tentación de involucrarse en la violencia, pero, si se les ofrece una oportunidad, podrían alejarse de eso”, consideró el padre Cirilo.

En sus cuentas, dice que tiene 13 proyectos dedicados a los más vulnerables en la localidad Suroccidente. Entre ellos se encuentran: un centro para niños en condición de discapacidad, dos bibliotecas en La Paz y una biblioteca en el barrio Nueva Colombia.

Pero hay uno “muy interesante”, según cuenta el sacerdote, que pudo haber escuchado el presidente y por lo que se habría inclinado para darle ese papel en el proceso: “La Casa Lúdica fue una idea creada por la preocupación de ver a los jóvenes en la violencia. En este espacio, los participantes se capacitan en actividades con pintura, música, medio ambiente y derechos, para que los jóvenes vayan encontrando cualidad, a través del arte”.

Ahora, con el rol de facilitador de paz, el padre Cirilo se empieza a proyectar. “La idea es tratar de facilitar entre el Gobierno local y el Gobierno nacional este proceso con las personas que querían traer a Barranquilla. Hubo una oposición grande, ¡claro! Por el miedo a más violencia. Soy uno de los miles y millones que tenemos que trabajar por la paz”.

A propósito de esto último que menciona el sacerdote, sobre la oposición que hubo en torno al traslado, el alcalde Alejandro Char enfatizó en que un proceso como este debe tener en cuenta a las víctimas.

Precisamente entre las víctimas que ha dejado la disputa de territorios, rentas ilegales y extorsiones de estas estructuras criminales se encuentran los comerciantes. De acuerdo con la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), cerca de 400 establecimientos cerraron entre 2020 y julio de 2025 por amenazas extorsivas en Barranquilla y el área metropolitana.

Tras un recorrido que hizo EL HERALDO en las últimas horas, ese panorama se refleja aún en el sector que comprende entre las carreras 27 y 35, y entre las calles 39 y 43, en la ciudad, donde al menos siete tiendas de barrio permanecen con las esteras abajo y otras que atienden por pequeñas ventanas. Algunos, incluso, han optado por vender o alquilar sus negocios.

Un comerciante y miembro de Undeco, quien pidió mantener en reserva su nombre por seguridad, aseguró que toda iniciativa estatal que busque reducir la violencia urbana y delitos de alto impacto, como la extorsión, es relevante para la estabilidad social y económica de la ciudad.

“La intención de avanzar en mecanismos de diálogo puede ser positiva siempre que se traduzca en resultados verificables, como la disminución sostenida de homicidios, amenazas y cobros ilegales que afectan al comercio formal. Sin embargo, como sector productivo también manifestamos una preocupación legítima: estos procesos deben desarrollarse con total transparencia, coordinación con autoridades locales y sin debilitar la acción de la Fuerza Pública, ni generar mensajes de impunidad. Para el comercio organizado es fundamental que cualquier acercamiento esté acompañado de condiciones claras de sometimiento efectivo a la justicia, control territorial real del Estado y garantías de seguridad para comerciantes, empleados y comunidades”, expresó.

Para esta persona, la preocupación principal es que la presencia de cabecillas de estructuras criminales en cárceles locales no genere riesgos adicionales, como el fortalecimiento de redes delictivas, el envío de mensajes de intimidación o un aumento en la presión sobre comerciantes y comunidades.

“Entendemos que el Estado tiene la competencia para definir la política penitenciaria y los mecanismos de sometimiento a la justicia; sin embargo, para el sector comercial es fundamental que cualquier reubicación esté acompañada de estrictos controles carcelarios, aislamiento real de los reclusos, garantías de no comunicación con estructuras externas y una coordinación efectiva con las autoridades de policía y militares”, indicó.

Justamente en el marco de la prevención contra este flagelo, el Gaula de la Policía Metropolitana realizó una actividad en el sector de Barranquillita.

“Los uniformados desarrollaron acciones de acercamiento comunitario en zonas de alta afluencia. Durante la actividad, se socializaron medidas de autoprotección, modalidades delictivas y se promovió el uso de la línea 165 como canal institucional de denuncia. Con esta iniciativa se logró impactar a más de 500 personas”, comunicó la institución policial.

Pero, ¿qué viene ahora, si los participantes del proceso buscaban instalar una mesa de diálogos este martes 20 de enero en Barranquilla, pero los traslados se suspendieron? Fuentes cercanas a la Consejería Comisionada para la Paz aseguraron que se está organizando todo para convocar una rueda de prensa en la ciudad y dar a conocer el paso a seguir.

Lo cierto es que este viernes se confirmó que el Inpec ya había dado la autorización el pasado 11 de enero para el traslado de 17 miembros de ‘Los Costeños’ a la cárcel El Bosque. Entre ellos estaban ‘Castor’ y el ‘Negro Ober’. Sin embargo, el propio presidente Gustavo Petro sostuvo en las últimas horas: “Suspendimos el traslado hasta que se profundice el compromiso con la paz de esta personas”.

Y es que con Digno Palomino, señalado cabecilla de ‘Los Pepes’, no hubo avances durante dos meses de acercamiento, ya que “no accedió a la aplicación de los procedimientos presentados por el Gobierno nacional”.

Alejandro Blanco Zúñiga, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, analizó los ajustes que se están haciendo en las negociaciones entre gobierno y estructuras criminales.

Para Blanco, es probable que se aplace aún más la mesa, porque las condiciones no están dadas. Todavía no hay claridad sobre “quién entra, qué reglas van a regir, cómo se va a verificar el cumplimiento de lo que se acuerde y qué garantías reales habrá en el territorio en especial para las víctimas”.

“La situación se complejiza más porque se acercan las elecciones y en este sentido cualquier incidente se vuelve combustible político y, sin un piso jurídico mínimo, instalar la mesa sería abrirla para que se caiga. Uno de los problemas de fondo es que, sin reglas, la tregua termina funcionando como un pacto informal de contención, no como una ruta para el desmonte de las estructuras criminales”, expresa Blanco.

Y agrega: “Puede bajar el ruido por momentos, pero no desarma los incentivos de fondo, el control barrial, la extorsión, la intimidación y las disputas por microterritorios hasta el momento está intacto. En ese contexto, la violencia no desaparece, es decir más bien tiende a un reacomodo”.