En alerta máxima permanecen los uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, esto luego de que en horas de la madrugada de este domingo se reportara la fuga de al menos siete sujetos que permanecían recluidos en el cuartelillo del CAI que está ubicado en la carrera 30 con calle 26 en el barrio Hipódromo, municipio de Soledad.
Según versiones preliminares, un grupo de presos que estaban en una celda rompieron el techo del recinto e hicieron un hueco, mismo del que solo pudieron escapar siete reclusos —los más delgados—, ya que el agujero no era muy grande.
No obstante, EL HERALDO conoció que, de esos siete presos, dos fueron recapturados en el municipio de Malambo, zona en la que habitaban. Sin embargo, los otros cinco permanecen fugitivos.
Asimismo, esta casa editorial conoció además que hay un total de 32 personas recluidas en el CAI.
La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta un plan candado con el propósito de lograr la recaptura de estos cinco fugitivos.
Un caso similar
En diciembre del año pasado, exactamente el 16, dos presos que permanecían en el Centro de Detención Transitoria de Las Estrellas, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, se habían fugado de este lugar, al parecer, luego de que abrieran un hueco en el techo del recinto.
Todo habría sucedido de la misma forma: en horas de la madrugada, entre 1:00 y 2:00 de la mañana, pero solo se conoció de la ausencia de los dos sujetos hasta la mañana siguiente, cuando las autoridades realizaban el reconteo de internos, topándose con la ausencia de los dos individuos.
Este medio conoció en su momento que los fugados respondían a los nombres de Brayan Bonet Anguila, recluido por el delito de acto sexual con menor de 14 años, y Ederman Nieto Anaya, un exparamilitar y desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se encontraba en audiencias de Justicia y Paz por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
El Centro Transitorio de detención del barrio Las Estrellas, administrado por la Alcaldía de Barranquilla, en específico la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se levantó años atrás como una alternativa para solucionar la crisis carcelaria por cupos en los centros de reclusión de la ciudad.
