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Según la Anif, una Ley Seca traería pérdidas económicas y desempleo

Con la suspensión de ventas durante un mes los departamentos dejarían de recaudar entre $216.000 millones y $431.000 millones

El Centro de Estudios Económicos de la Anif pronosticó que la implementación de una eventual restricción de consumo de alcohol o Ley Seca supondría una caída en la venta de licores con pérdidas entre los $0.7 billones y los $1.4 billones cada mes.

Esto se traduciría en un menor dinamismo para el comercio minorista, uno de los sectores más impactados con apenas el 10% de los establecimientos en operación en la actualidad.

Así lo destacó el organismo en su más reciente estudio que analiza los posibles impactos de la restricción de consumo de alcohol o Ley Seca en un contexto en el que el país ya se encuentra en un escenario macroeconómico complejo.

Mauricio Santa María, presidente de la Anif, indicó que en estos momentos “resulta desacertado pensar en medidas de Ley Seca, cuyos impactos fiscales afectan el recaudo de los departamentos, que hoy reciben cerca de $5 billones anuales derivados de los impuestos a licores y cervezas”.

Según los cálculos de Santa María, con la suspensión de ventas durante un mes los entes territoriales dejarían de recaudar entre $216.000 millones y $431.000 millones, “indispensables en estos momentos para la atención de la contingencia y que servirían para adquirir cerca de 1,2 millones de pruebas avanzadas de diagnóstico o 6.000 ventiladores para la atención de pacientes graves”.

En el mismo estudio, Anif mostró que según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la industria y comercialización de licores genera alrededor de 120.000 empleos con remuneración, de los cuales 85.000 son asalariados y 35.000 son trabajadores por cuenta propia.

Estos últimos serían los más afectados ante una eventual medida de Ley Seca, puesto que “acabaría con cerca de 33.000 mil empleos, lo que se traduce en una pérdida mensual de ingreso para los hogares de cerca de $30.000 millones”, reza el comunicado emitido por la institución.

Según la comunicación a nivel mundial Panamá, Tailandia y Zimbabue son los países que han implementado esta decisión dado que hasta el momento “no hay evidencia que demuestre una relación entre la prohibición de consumo de alcohol y la contención del virus”.

Aumento del comercio ilegal

Un segundo efecto negativo que traería este tipo de propuestas es el incremento del mercado ilegal de licores -bebidas de contrabando o adulteradas-, que representa entre 12% y 29% del total del mercado en el país, y que, bajo un escenario de implementación de la Ley Seca, llegaría al menos al 40%, según los datos de la Anif.

“Esto es importante, porque es bien conocido que el mercado de bebidas alcohólicas en el país tiene una serie de características, que, por sí solas, promueven la ilegalidad y agregar otra simplemente amplificaría esos efectos, que, nuevamente, redundan en el recaudo tributario de los departamentos”, precisó Santa María.

La entidad sugiere que el país debe avanzar hacia políticas asociadas con el consumo responsable y optar por otras medidas como el “establecimiento de horarios de venta consensuados con los comercios y restaurantes que continúan funcionando, minimizando así el impacto económico que tendría la prohibición total”.

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