El Heraldo
Economía

Los efectos económicos de apostarle a la paz

De acuerdo a estudios, el país podría crecer un 4,4% bajo un escenario sin guerra. Alrededor de $22 billones se destinan cada año en defensa y policía nacional.

El pasado 23 de marzo, los ojos del país y la esperanza de muchos colombianos estaban puestos en el posible anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre la firma de la paz, que busca acabar con el conflicto armado que ha azotado al país por más de 50 años. ¿Por qué?

Porque son muchas las expectativas que se han creado sobre los efectos que tendría para Colombia este acuerdo con las Farc: el acceso a zonas marginadas por la violencia, reducción de los niveles de desigualdad, los crímenes en regionales vulnerables, y minimizar los secuestros y la extorsión en el campo, entre otros. (Leer cuanto ha costado la guerra).

Más de 7,7 millones de víctimas que han sido desplazadas por la violencia, madres y padres que han perdido a sus hijos y personas que han sufrido el secuestro, muestran la urgencia de llegar al fin del conflicto que el Gobierno no pudo anunciar el pasado 23 de marzo.

Pese a eso, la esperanza no cesa. Y no solo la de las familias, sino la de los empresarios.

¿Por qué? Porque en el aspecto económico, tanto el Gobierno como los expertos coinciden en que la tranquilidad en el campo beneficiaría a la productividad y aprovechamiento de las tierras; se lograría un aumento de las inversiones extranjeras en todo el territorio; se mejoraría la imagen del país en un mundo que está buscando oportunidades para hacer negocios, y se podría optimizar la distribución de billonarios recursos que por años se han destinado para combatir el conflicto en las zonas rurales y de difícil acceso para el Gobierno.

 

Así lo reafirmó el coordinador de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, quien presentó el estudio '¿Qué ganará Colombia con la paz?', realizado por el PNUD y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

“La paz trae beneficios económicos y ayuda a atender mejor problemas estructurales del país como la desigualdad”, señaló Hochschild.

En los aspectos macroeconómicos, el estudio destaca cuatro impactos para el país: la aceleración del crecimiento económico, un sistema financiero más incluyente, menos víctimas de la violencia asociada al conflicto y mejor calidad de vida para todos, y mejor distribución de la propiedad de la tierra.

Solo en lo relacionado con un mayor crecimiento, se evidenció que el Producto Interno Bruto (PIB) se duplicaría cada 8,5 años sin conflicto y no cada 18,5 años, como ha ocurrido en Colombia. “Es decir, el aumento anual del PIB, que fue de 4,3% en 2013, sin conflicto hubiese podido ser de 8,7 %” afirmó el director del Cerac.

En 2015, cuando el PIB llegó a 3,1%, la cifra hubiese sido 6,2%, lo que pondría al país como líder en la región.

El estudio 'Costos Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia' de la Universidad de los Andes mostró una situación parecida: las conclusiones señalaron que el país ha perdido en los últimos años 4,4% de su PIB. “Dado que la tasa de crecimiento anual de Colombia entre 2000 y 2009 ha estado alrededor de 3,8 %, el conflicto armado le ha costado a Colombia más de 100 % de su tasa de crecimiento anual promedio en este período”, precisa el estudio.

Es decir que si se estima el PIB promedio (3,8%) más el crecimiento perdido, se calcula que la economía podría llegar a crecer 8,2% si se logra el fin del conflicto integral.

Eso incluiría no solo a las Farc, sino a otros grupos al margen de la ley como el ELN y bandas criminales. De esa forma, el Estado podría garantizar un crecimiento sostenido.

“Los acuerdos que se han hecho en años recientes han contribuido a disolver organizaciones armadas al margen de la ley, aunque también muchos desmovilizados se han integrado a bandas criminales. Por esto, para alcanzar la paz sostenible es necesario sumar todos los grupos al margen de la ley a un acuerdo”, analizó Rafael Mejía, presidente de la Asociación de Agricultores de Colombia (SAC).

Restrepo coincide en que “en efecto, el conflicto regresó a 80% de los municipios que lograron cesarlo por lo menos durante un año y sólo ha finalizado en zonas cercanas a núcleos urbanos y en la región andina”

LAS CIFRAS DEL GOBIERNO. El Gobierno también tiene un optimismo en materia de crecimiento económico. Según el presidente Juan Manuel Santos, el país podría crecer 1,5% adicional en un escenario de paz, mientras que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estimó que el PIB potencial de Colombia pasaría de 4% a 5,9%.

Simón Gaviria, director del DNP, presentó en diciembre pasado un estudio en el que señalaban que el aumento adicional sería entre 1,1% y 1,9%, impulsado principalmente por el aumento de la inversión extranjera directa (IED). En la actualidad, la IED asciende anualmente a unos US$12 billones, pero según el estudio del DNP podría ascender a US$36 billones al año en el largo plazo.

Una economía más robusta también elevaría el PIB per cápita y pondría al país al nivel de países como Portugal. “Esto permitiría alcanzar un ingreso per cápita de US$12.000 en el largo plazo, frente a US$6.800 actualmente”, dijo Gaviria.

BILLONARIOS COSTOS. Alrededor de $22 billones son destinados al año para la defensa y la policía nacional (Leer desde la página 30), una cifra que muestra los elevados costos que ha asumido el país en los últimos años para enfrentar el conflicto.

Si ese monto se pudiera enfocar en nuevos frentes como la educación, la infraestructura o el campo, el país podría crecer a un mayor ritmo en otros sectores. A eso se suma que la desmovilización de los grupos que viven en el campo podría reducir la fuerza pública armada y redistribuirla hacia las zonas urbanas para mejorar la seguridad, agrega Mejía.

Para la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) nacional, ese impacto podría llevar a que el turismo pase de crecer entre 10% y 12% al año a 20% anualmente.

CRECIMIENTO REGIONAL. En cuanto a los aspectos regionales, el estudio del PNUD y el Cerac destaca cuatro beneficios que podrían reflejarse a través de la “remoción de obstáculos que impiden el desarrollo económico y social; reducción o desaparición de un costo que impide el desarrollo económico; generación de ganancias pecuniarias, tangibles e intangibles relacionadas con la paz, y aparición de nuevas oportunidades para el desarrollo”.

INVERSIONES EN EL CAMPO. El campo es el principal frente de trabajo para acabar con el conflicto, porque se estima que han sido abandonadas o despojadas 6,6 millones de hectáreas de tierra, lo que representa 13% de la superficie agropecuaria del país.

Según Mejía, eso muestra la urgencia de trabajar en la recuperación del campo y el fortalecimiento de la presencia del Estado en esas zonas rurales, haya o no un acuerdo de paz. Según Mejía, la debilidad de las instituciones y el abandono ha contribuido a que unos 434 mil grupos familiares sufran por el despojo o desplazamiento forzoso al que son sometidos.

Según Santos, si el país logra recuperar el campo y aprovecharlo productivamente en caso de superar el conflicto, se podría alcanzar un crecimiento adicional de 3%, en un escenario conservador. “Pero estudios que hemos visto sobre crecimiento departamental en las zonas de conflicto dan unas cifras de hasta 8%, 10% de crecimiento”, explicó recientemente en diálogo con La República.

Para lograr ese escenario, en la mesa de La Habana ya se ha trazado una ruta que comprende cuatro pilares en la reforma rural integral, que es el primer punto de la agenda que se acordó para los diálogos.

El primero busca mejorar cuantitativa y cualitativamente el acceso a la tierra y dar las herramientas para hacer productivo el suelo. Para ello, el Ministerio de Agricultura indicó que se creará un fondo de tierra.

El segundo pilar establece el establecimiento de programas especiales con enfoque territorial para el desarrollo regional, los cuales se adelanten a través de un trabajo articulado entre las instituciones del Estado y las comunidades.

El tercer pilar trabajará en reducir la pobreza y desigualdad en el campo. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, indicó que “se le dará un gran impulso a la Economía Familiar Campesina, la cual estará acompañada de planes que provean bienes y servicios públicos en infraestructura y desarrollo social”.

El cuarto pilar está enfocado en la seguridad alimentaria y nutricional, que busca hacer de Colombia una despensa para garantizar su autoabastecimiento y aumentar las exportaciones de alimentos. Esto, ha señalado Iragorri, se puede lograr con el enfoque y uso correcto del suelo. Y puede estar en mano de los campesinos o empresas que inviertan en el campo.

LOS RETOS. La paz no es un escenario que se alcance en el futuro inmediato, porque “después de generaciones de guerra, algunos ya no creen que la paz sea posible, el miedo y la desconfianza han echado raíces muy profundas y dominan la manera de ver las cosas”, agregó Fabrizio Hochschild.

Por eso es importante que tanto empresarios como la sociedad trabajen en la inclusión de los diferentes actores. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), destaca cuatro puntos fundamentales de inclusión: empleo, encadenamiento, compras y distribución. “La inclusión económica de estas poblaciones solo puede ser generada por el sector privado y sus mercados. El gobierno o las entidades sin ánimo de lucro pueden ayudar con soluciones de corto y mediano plazo, pero no logran proveer una forma de subsistencia sostenible”, concretó. 

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