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Luego de que gremios, centrales obreras y Gobierno no alcanzaran un acuerdo frente al incremento del salario mínimo para 2026, este lunes 29 de diciembre el presidente Gustavo Petro confirmó que el salario mínimo con el auxilio de transporte será de 2 millones de pesos, es decir un aumento del 23,7%.

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De acuerdo con el mandatario,  el incremento real para los ciudadanos será del 18,7 por ciento, si se resta la inflación.

Así las cosas el salario base para 2,4 millones de trabajadores será de $1′746.883 más $253.118, que es el subsidio de transporte. Esto implica un aumento de 323.382 pesos en cuanto a la cifra base, que actualmente es 1′423.500 pesos.

En medio de la alocución aseguró que el “salario mínimo es real no simplemente nominal, aquí hablamos de términos reales, es decir descontada la inflacion para que el salario sea real y de calidad de vida”.

“El ajuste del salario mínimo se calcula en términos reales para que una familia pueda vivir dignamente”, agregó.

Afirmó que el salario mínimo “permite que más se demande en negocios, tiendas de barrio, etc y aumenta en general la demanda de los hogares lo que llamamos en economía demanda agregada y es un factor de crecimiento económico”.

En su intervención aseguró que la cifra se determinó teniendo en cuenta las variables de inflación y la productividad del trabajo, pero además lo que él denomina como “salario vital”, el cual, según explica, es “familiar y no individual, ya que los trabajadores en general no viven solos”, por lo que se tuvo en cuenta cuántos miembros, en promedio, integran una familia: 3,4, según indicó.

“Por familia trabaja en promedio uno y medio, así que para calcular el salario mínimo tuvimos en cuenta la inflación, productividad, lo que aporta la sociedad más el salario vital: la familia, cuántos trabajan en la familia, cuánto es la canasta de la familia (...)”, agregó.

Vale mencionar que los expertos habían tensado mucho más la cuerda luego de exigirle al Gobierno evitar tomar decisiones con fines populistas y que –a corto plazo– ocasionen una serie de riesgos por un aumento desbordado.

Advertencias

Expertos y gremios advierten el duro impacto que tendrá este aumento del salario mínimo en el empleo formal y la presión que ejercerá sobre la inflación y la economía.

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Hace algunos días más de un centenar de expertos en economía, entre ellos exministros, presidentes de compañías y líderes gremiales, habían enviado una carta explicando que el salario mínimo “no es la herramienta de política social más idónea”, sino que otras medidas pueden ser más efectivas para solucionar los problemas de distribución del ingreso y equidad, y evitar “la disyuntiva entre favorecer a quienes tienen empleo y perjudicar a quienes están desempleados o en la informalidad, que son la mayoría”.

“Aumentos del salario mínimo por encima de inflación y productividad generan los efectos contrarios: mayor informalidad y presiones a los precios afectando en mayor medida a la población de menores ingresos. Los observatorios fiscal y laboral de la Universidad Javeriana han sido enfáticos en llamar la atención sobre estos riesgos. También se afectan las finanzas públicas. El Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025 supuso un incremento del salario mínimo de 7,1 %”, indicaron.

“Irresponsable y populista”

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en generarse en redes sociales.

Gremios del sector económico y figuras políticas del país calificaron de “irresponsable” y “populista” el aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para el 2026.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) rechazó “de manera categórica” la decisión de Petro al considerarla “irresponsable, desproporcionada y contraria a la realidad económica del país”.

“Más aún cuando el propio Gobierno ha decretado una Emergencia Económica. La contradicción es insostenible. No se puede declarar una crisis excepcional y, al mismo tiempo, imponer un aumento del 23%, que golpea directamente al empleo formal y asfixia al sector productivo”, indicó Fenalco en un comunicado.

Mientras que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) señaló que con esta medida “se generan riesgos significativos para los hogares colombianos y para la economía del país, particularmente en lo relacionado con el aumento de la inflación y de los precios de múltiples bienes y servicios, el impacto sobre el empleo y las finanzas públicas”.

Agregó la Andi que resulta especialmente preocupante que esta decisión se adopte en un contexto en el que el propio Gobierno ha manifestado encontrarse en una situación de emergencia económica.