En 2022, durante el primer año del Gobierno de Gustavo Petro, Luis Carlos Reyes, en ese entonces director de la Dian, anunció el fin del 4x1000, gracias a un artículo en la reforma tributaria. El dicho artículo no desaparecería el impuesto, solo obligaba a los bancos y entidades financieras a montar un sistema automático de intercambio de información para que solo se cobrara a quienes pagan el límite de 17.4 millones de pesos en transacciones al mes.
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Sin embargo, han pasado más de cinco meses desde que se debía aplicar – 13 de diciembre de 2024 – y aún el cuestionado gravamen a los movimientos financieros se sigue cobrando.
Cesar Ferrari, superintendente Financiero, ha explicado que existen dos proveedores y no se han puesto de acuerdo. Los bancos tienen un proveedor tecnológico y otras cooperativas tienen otro. No hay un cruce unificado de información para todos los actores.
“Entre las entidades financieras estamos listos para hacer ese reporte, todos los bancos están listos para hacer ese reporte, pero la administración tributaria debe tener la información no solamente de los bancos, sino también de las cooperativas, de los fondos de empleados, de cualquier otra institución financiera”, dijo, por ejemplo, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, citado por Blu Radio.
Mientras esto ocurre, en el Congreso avanza un proyecto de ley que busca eliminar este gravamen. Ya fue aprobado el primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y faltan otros tres, uno en plenaria de Cámara y dos en el Senado.
El proyecto lo que busca es demonstrar por completo el 4x1000, pero de forma gradual, empezando en 2027 y terminando en 2035. Primero en 2027 sería de 3,75 x1000; 2028: 3,5 x 1000; 2029: 3 x1000; 2030: 2,5x1000; 2031: 2x1000; 2032: 1,5x1000; 2033: 1x1000; 2032: 0,5x1000; 2035 en adelante: 0.
“Se trata de un tributo antitécnico que busca generar recursos para financiar los gastos del Gobierno Nacional. Este impuesto encarece las transacciones financieras y reduce la competitividad. Además, desincentiva el uso de los servicios bancarios formales, promoviendo el uso del efectivo y métodos informales, lo que disminuye la transparencia y eficiencia del sistema financiero. Esto afecta negativamente a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores costos operativos y menos capacidad de inversión y crecimiento”, se lee en el proyecto.
