El presidente Gustavo Petro tocó nuevamente el tema de las inversiones forzosas, anunciando que presentará una iniciativa destinada a movilizar una parte del ahorro depositado en los bancos, para canalizar estos fondos a proyectos de producción.
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“La iniciativa implica sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción, como se está haciendo hace décadas con la agricultura”, dijo el jefe de Estado ante la propuesta.
Lo que ha planteado el mandatario de los colombianos ha generado un sin fin de rechazos de ex ministros y gremios del sector económico, quienes señalan que una propuesta como esta no le iría bien a la economía.
El primero en pronunciarse fue el presidente de la Andi y del Consejo Gremial, Bruce Mac Master, quien señaló que ese tipo de pronunciamientos son los que generan incertidumbre, y aunque el Gobierno nacional ha tratado de generar confianza, las propuestas desestimulan a los empresarios e inversionistas.
“Es preocupante que uno quiera utilizar los ahorros de la economía, o de las familias, o empresas, para hacer ese tipo de política pública. Esto se ha usado en otros países, y casi siempre termina habiendo una inmensa pérdida de recursos de parte de los bancos públicos que terminan otorgando estos créditos, y por lo tanto termina afectando al ahorro privado”, manifestó el dirigente gremial.
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Por su parte, el presidente de Anif, José Ignacio López, dijo que le preocupa que avance la propuesta de aumentar las inversiones forzosas al sistema financiero, ya que son muchas las razones y las experiencias, tanto en Colombia como en otros países, que muestran con amplia evidencia que terminan haciendo más mal que bien.
“Las inversiones forzosas fueron frecuentes en Colombia hasta la década de los 90, sobre todo en el período de alta represión financiera tras la reforma financiera de 1951. En el desarrollo de la Ley Quinta de 1973, con base en regulación anterior de 1957 y 1959, las inversiones forzosas fueron ganando participación hasta alcanzar casi un cuarto de los depósitos del sistema”, dijo el presidente de Anif.
En ese sentido, explicó: “Dicha experiencia revela cómo las inversiones forzosas afectan negativamente el costo del financiamiento, ya que funcionan como un impuesto implícito a la actividad de intermediación. Este impuesto impacta tanto a los ahorradores como a las empresas y hogares que demandan crédito, en la medida en que reduce los recursos disponibles para que los establecimientos financieros asignen sus préstamos. Por estas razones, desde la década de los 90 se eliminaron gradualmente. Con inversiones forzosas pierden los empresarios, que tendrían menos recursos para demandar crédito y por tanto tendrían que pagar mayores tasas de interés. Pierden también los ahorradores porque es probable que los bancos tengan que reducir las tasas de depósitos”.
El ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, dijo que esto no es una buena idea, por lo que reactivar la economía de esa manera será imposible. “No solamente distorsiona a la asignación de recursos de crédito al sector privado, eventualmente eleva los costos de esos créditos y hace menos atractivo al sistema financiero entregarle recursos a los sectores beneficiados, sino que al entregarle forzosamente el recurso de inversión al Gobierno, termina politizando la asignación del crédito”.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo afirmó que existe “un diálogo permanente” entre el Gobierno y los gremios bancarios para analizar cuál sería el mejor mecanismo para implementar la propuesta del presidente Petro.
“Nadie está pretendiendo echarle mano a los ahorros de la gente”, manifestó Cristo.
¿Qué es la inversión forzosa?
Las inversiones forzosas obligan a las entidades financieras a invertir un porcentaje de sus depósitos en títulos, emitidos por una entidad pública, con bajos rendimientos o a otorgar créditos a bajo costo a sectores específicos considerados por el Gobierno como prioritarios.
Esto viene siendo una política económica que implementan los gobiernos para estimular la inversión en ciertos sectores específicos de la economía. Bajo este esquema, las empresas están obligadas a destinar una parte de sus recursos a inversiones en proyectos designados por el Gobierno.





















