Fortalecimiento de los derechos colectivos, bienestar laboral, mejor calidad de vida para los empleados públicos del país, beneficios para la carrera administrativa, incorporación de enfoque de género, respeto a la libertad sindical y política laboral, son algunos de los acuerdos alcanzados con la suscripción de la negociación colectiva entre el Gobierno y 35 organizaciones sindicales y que beneficia a 1.300.000 servidores públicos.
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El acuerdo se logró en la Mesa de Negociación del Sector Público que inició el pasado 28 de marzo con la participación de más de 1.200 negociadores, 604 peticiones presentadas y 232 acuerdos.
'Estamos muy satisfechos con la suscripción de este acuerdo para cerca de 1.3 millones de trabajadores de las entidades del Estado y que ha costado $2,6 billones, que significan ingresos para las familias de los y las trabajadoras del Estado. Un acuerdo que también implica bienestar laboral, que reconoce y fortalece los derechos colectivos que para este Gobierno es bien importante', detalló el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma.
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El Gobierno nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, a partir de la firma del presente acuerdo, promoverá la incorporación del enfoque de género, interseccional y diferencial en el desarrollo del plan de formalización del empleo público en equidad, con criterios meritocráticos y vocación de permanencia.
Se incrementará la bonificación judicial para 2023, con el IPC causado al año 2022 más el 1,1 %, y para el año 2024 causado al año 2023 el IPC más el 1,2 %.
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Se modificará el Decreto 344 de 2021 para continuar fortaleciendo las garantías sindicales de los trabajadores del sector público y sus organizaciones sindicales.
También se presentará un proyecto de ley en la segunda legislatura del presente año para promover la modificación de la Ley 2094 de 2021, para incluir la discriminación, persecución, violencia y cualquier otra conducta antisindical contra dirigentes sindicales y personal sindicalizado.
