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Los elefantes blancos del Contralor

El problema apenas comienza pues para terminar esas obras se requiere de nuevos contratos que superan en un 50% la inversión inicial, con nuevos contratistas, nuevo procedimiento contractual y nuevas garantías, donde se puede incurrir en nuevos actos de corrupción, como si fuera un carrusel, pues la corrupción, como el virus de la covid -19 no se ha ido. 

En un informe publicado el primero de agosto en el diario El Tiempo, el Contralor General de la República sorprendió al país, señalando que la entidad a su cargo había detectado cerca de 1800 obras inconclusas y abandonadas, por un valor superior a los 24 billones de pesos, es decir, dos veces la reforma tributaria que cursa actualmente en el Congreso de la República. Son elefantes de todos los colores, en todas las regiones del país, pero más abundantes en aquellas regiones ricas en petróleo y carbón donde se ha movido el billete de las regalías.

Vale aclarar que quienes ordenaron esos contratos ya no están en el servicio público o están en otras actividades muertos de la risa ante la inoperancia de los entes de control para recuperar esos dineros, sin ninguna garantía, pues sus pólizas ya han caducado, o son falsas como se dice del contrato 1043 de 2020 de la Unión Temporal Centros Poblados que tiene contra las cuerdas a la ministra barranquillera Karen Abudinen.

El problema apenas comienza pues para terminar esas obras se requiere de nuevos contratos que superan en un 50% la inversión inicial, con nuevos contratistas, nuevo procedimiento contractual y nuevas garantías, donde se puede incurrir en nuevos actos de corrupción, como si fuera un carrusel, pues la corrupción, como el virus de la covid -19 no se ha ido. Este último ya tiene vacunas; la corrupción es un cáncer instalado en el tejido social colombiano en una sociedad complaciente con el mismo.

Ahora bien, sobre el sonado caso del contrato del Ministerio de las TIC con la Unión Temporal Centros Poblados, donde está en peligro unos 70.000 millones de pesos, se debe actuar con mucha prudencia y precisión jurídica pues declarar la caducidad requiere rigor de los expertos en esta materia, pues de pronto el remedio va a ser peor que la enfermedad, ya que esas firmas contratistas tienen abogados especializados en detectar las rendijas del proceso contractual que termina en una demanda billonaria que el Estado casi siempre pierde.

Pero, como si estuviéramos en el mundo napolitano que nos pinta el escritor Roberto Saviano, aparece ahora el escándalo del senador Aguilar, miembro del Clan Aguilar de Santander, donde su hermano es el gobernador actual de ese Departamento, con todos los hilos del poder en sus manos, pues el marco jurídico colombiano sobre el régimen de inhabilidades, les permite reemplazar al exsenador con otro hermano o pariente cercano y seguramente van a seguir disfrutando de las mieles del poder con todas las garantías.

¿Qué pasa en Colombia?, se pregunta el ciudadano indignado, atormentado y trastornado. Aquí, como un cuento del realismo mágico, no pasa nada. El efecto será en las próximas elecciones donde el valor del voto se incrementará, y en algunas regiones le aplicarán el IVA, pues la mayor parte del pueblo colombiano vende su voto como un acto de rebeldía macondiana.

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