Es inadmisible que Ecopetrol, la empresa más importante del país, esté viviendo un desprestigio de esta magnitud. La imputación por tráfico de influencias contra su presidente, Ricardo Roa, por parte de la Fiscalía General de la Nación, no es un hecho aislado: es el punto culminante de una crisis que se venía incubando y que hoy golpea directamente la credibilidad de la compañía.

La junta directiva no ha cumplido su rol. Esa es una realidad que no admite matices. Algunos de sus miembros, como el exministro Luis Felipe Henao, han intentado defender la empresa en medio de la tormenta; otros han optado por el silencio o por un respaldo que resulta funcional al deterioro. No solo han permitido la degradación institucional de Ecopetrol, sino que, con su apoyo a Roa, han actuado en contra de los intereses de los accionistas.

Y es aún más grave que la junta se haya reunido con el presidente Gustavo Petro, hoy designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos e incluido en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), circunstancia que expone a Ecopetrol a riesgos de cumplimiento, mayor escrutinio regulatorio y eventuales consecuencias jurídicas en ese país.

Pero el alcance del problema en Estados Unidos no se limita a ese frente. La actuación de la Fiscalía encendió nuevas alarmas. Ecopetrol es una empresa listada en la Bolsa de Valores de Nueva York, sometida a estándares particularmente exigentes de transparencia, gobierno corporativo y protección a los inversionistas.

Por esa razón, el caso comienza a despertar el interés de autoridades como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la división de fraude del Departamento de Justicia y, eventualmente, la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Esto implica que el asunto deja de ser exclusivamente reputacional y entra de lleno en el terreno del derecho penal corporativo internacional.

Si en Estados Unidos se establece que directivos omitieron, ocultaron o distorsionaron información material relevante para los inversionistas, o que con su conducta afectaron la transparencia del mercado, podrían activarse investigaciones por fraude bursátil, conspiración o declaraciones engañosas.

En ese contexto, hay una regla básica: en Estados Unidos, las empresas listadas operan bajo estándares extremadamente estrictos de cumplimiento. Una imputación penal contra el CEO de una compañía no se interpreta como un problema político o mediático, sino como un riesgo objetivo que activa de inmediato los mecanismos de control.

Los precedentes son claros y deben ser leídos con atención. El caso Enron es, quizás, el más emblemático. Su presidente, Jeffrey Skilling, fue condenado por fraude bursátil, conspiración y manipulación del mercado tras ocultar información financiera que engañó a los inversionistas. Ese caso marcó un antes y un después: estableció que distorsionar la información relevante para incidir en decisiones de inversión constituye un delito grave.

Algo similar ocurrió con WorldCom. Su presidente, Bernard Ebbers, fue condenado por fraude contable tras ocultar pérdidas superiores a los 11.000 millones de dólares. La investigación, adelantada por la SEC y el Departamento de Justicia, concluyó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El mensaje es inequívoco: cuando una empresa listada engaña al mercado, la responsabilidad penal alcanza directamente a sus máximos directivos.

El caso Tyco International refuerza esa línea. Su presidente, Dennis Kozlowski, fue condenado por fraude, conspiración y apropiación indebida de recursos. La justicia estadounidense reiteró que los directivos tienen deberes fiduciarios estrictos frente a los accionistas, y su violación es delito.

En ese escenario, lo que se viene para Ricardo Roa y para quienes han respaldado su permanencia en el cargo no es menor. Se abren riesgos concretos de investigaciones por fraude bursátil, conspiración o declaraciones falsas a inversionistas, a lo que se suman posibles penas de prisión, multas multimillonarias, demandas colectivas de accionistas en tribunales federales e inhabilidades para ejercer cargos directivos en compañías listadas. Esto apenas comienza.

Ex fiscal general de la Nación

Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)