La declarada guerra del presidente Petro contra la Junta Directiva del Banco de la República, a la que ya había tachado de uribista — la descalificación más recurrente de su repertorio de agravios— escaló a un inédito nivel con el retiro del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la reunión en la que esta —por mayoría— aprobó aumentar la tasa de interés a 11,25 %.

Lejos de ser un episodio de inconformismo o una discrepancia técnica, como ha ocurrido antes con otros ministros, la deliberada ruptura de relaciones con el banco central, decidida por el Ejecutivo y anunciada por Ávila es, en realidad, la más reciente manifestación de un recurrente patrón de comportamiento de un gobierno que ha intentado, por activa y por pasiva, erosionar la institucionalidad del país, a todo nivel, cuando contrarían sus intereses.

Si no recibe la obediencia esperada, Petro interpreta la menor oposición o crítica como un ataque frontal, para a renglón seguido repartir culpas a diestra y siniestra, con la clara intención de debilitar toda capacidad del Estado para cumplir con sus funciones esenciales.

El guion del calculado asalto al Estado es evidente: el Ejecutivo ha privilegiado una lógica de ocupación política de las entidades oficiales por encima de criterios técnicos. La sustitución del mérito por afinidad y la expansión de la burocracia estatal han configurado un nefasto entorno donde la idoneidad, formación y experiencia ceden ante la lealtad. Ese viraje en la cultura administrativa afecta directamente la calidad de las decisiones públicas y, en casos como el que ahora ocupa la atención nacional, compromete la estabilidad de su economía.

Lo ocurrido durante y después de la junta del Emisor es particularmente grave. Ávila no solo abandonó una sesión clave en la que sus siete miembros, y él es uno de ellos, discutían cómo contener presiones inflacionarias al alza, sino que arremetió contra sus pares al asegurar que responden a intereses del sector financiero. Esa narrativa, respaldada por Petro, forma parte de una planificada estrategia que busca trasladar el debate técnico al terreno político-electoral para invalidar decisiones impopulares, sí, pero necesarias, que le son incómodas.

En vez de impulsar una respuesta coordinada o articulada ante el contexto de una inflación persistente, la expectativa de un IPC de 6,3 % al cierre del año, más del doble de la meta de 3 % fijada por el mismo banco, y presiones externas derivadas del encarecimiento del petróleo, el gas y fertilizantes por la guerra en Irán, el Gobierno opta por fracturar la relación de respeto institucional que ha sostenido la política monetaria en las últimas tres décadas.

Con su usual arrogancia, el Ejecutivo estigmatiza a los miembros de junta, en particular a la codirectora Olga Lucía Acosta, designada por el propio Petro, y de quien dice ahora que “fue su mayor error”, todo porque la economista no se pliega a sus designios, sino que vota con criterio técnico. El que persiste en equivocarse, por su sectarismo irredento, es el jefe de Estado que desconoce o ignora adrede, con el incondicional Ávila, el carácter autónomo e independiente que por mandato constitucional tiene el órgano directivo, comprometido —como lo ha demostrado históricamente— en preservar el poder adquisitivo de la moneda.

En contraste, la comedida reacción del gerente del Emisor, Leonardo Villar, fue un ejercicio de indispensable responsabilidad institucional. Recordó, con claridad, que los codirectores actúan con base en fundamentos técnicos y en función del interés general, no de agendas de conglomerados financieros, como lo quiere hacer ver el colérico discurso del Gobierno y sus aliados. Defender esa premisa no es un formalismo, sino una resolución consciente para proteger a los ciudadanos, en especial a los más vulnerables, ante el impacto de la inflación, el impuesto más regresivo de todos, el que no se ve venir, pero el que más golpea a la gente.

Preocupa el anuncio del ministro Ávila de no volver a la junta. Su ausencia no es simbólica, es una señal política con implicaciones jurídicas y operativas, porque vulnera su obligación constitucional de presidirla. Sin su presencia, no se puede sesionar, lo que abre la puerta a una parálisis institucional en una coyuntura compleja para la economía. Como si fuera poco, es una forma de presión indebida y, en la práctica, un chantaje sobre un órgano autónomo.

De hecho, este quiebre, que parece ser el colofón de la campaña de descrédito del Gobierno contra la junta, cuestiona —insólitamente— su independencia. No es gratuito. Con una constituyente en curso, no es descartable una reforma para subordinarla al Ejecutivo. Algo así, bajo el eufemismo de abrir el debate popular, insinuó Ávila. La gravedad de su intención no debe subestimarse. La autonomía de la entidad ha sido sostén de estabilidad; debilitarla socavaría la confianza, dispararía incertidumbre y pondría en riesgo la credibilidad del país.

Ni cantaleta ni retórica sesgada, insistamos en lo esencial. La política monetaria exige rigor técnico y no cálculo político. No está diseñada para alentar popularidad, sino para contener inflación y claro que afecta a sectores. Persistir, a punta de agitación y propaganda en un relato en su contra, tendrá costos para la economía. Eso, para empezar, porque favorecer la confrontación sobre la gestión y la política sobre la técnica causará deterioro institucional y, al final, tendremos un Estado más frágil, menos eficaz y aún más distante de la ciudadanía.