La ciudad está ante un problema que no puede seguir escondiéndose debajo de la alfombra. Es grave. Y todos tenemos que enfrentarlo: el alcalde Alejandro Char, la Policía, el sistema penal, la empresa distrital K-Yena a cargo del alumbrado público, el periodismo y los ciudadanos que pagamos, vía impuesto, la prestación de este servicio.
El interés de escribir esta columna me surgió de la observación directa en recorridos nocturnos por algunas arterias importantes, calles barriales y orejas de puentes que muestran franjas de oscuridad con riesgos en seguridad y movilidad.
El alumbrado público de Barranquilla tiene una moderna capacidad instalada de 71.160 luminarias LED (que consumen menos energía y duran más que las bombillas tradicionales). De ese total, hoy están fuera de servicio 6.142 luminarias que corresponden al 8,63% del sistema.
Varias son las razones por las cuales estas bombillas lucen apagadas. La primera es que 3.850 (62,7%) fueron sacadas de operación por el robo del cable aéreo. La segunda es que 1.650 (26,9%) no están en servicio por el robo de cable subterráneo en vías y parques. La tercera es que hay 252 luminarias robadas (equivalentes al 4,1% del total apagado). La cuarta es que hay 240 luminarias (3,9%) fuera de servicio por obras en las que los contratistas no han restablecido el alumbrado. Y la quinta es que hay 150 luminarias apagadas en promedio (2,4%) por las afectaciones habituales en la operación del servicio. En resumen, la prestación del alumbrado público tiene una eficiencia del 91,37% y hay un porcentaje oscilante generado por la ola desenfrenada de robos y vandalismo que implican para el Distrito elevados costos y un enorme despliegue operativo en reposiciones. Ese porcentaje podría ir creciendo si no actuamos con contundencia frente a los grupos delincuenciales que están provocando esta anomalía urbana con repercusiones en la calidad de vida ciudadana.
Este columnista ha conocido que el Distrito va a poner en aplicación una herramienta tecnológica cuya eficacia debería contribuir a identificar en flagrancia los repetidos ataques de la delincuencia contra la infraestructura del alumbrado público. A la vez, desde luego, se requiere la pronta acción de la Policía en la vigilancia y protección de esta infraestructura; que se capturen, visibilicen y castiguen a los autores de los robos con el concurso rápido y eficaz de la justicia penal, y que la ciudadanía reaccione con energía y se organice en defensa de este esencial servicio público. Es hora de actuar. No permitamos que nos apaguen la ciudad.
@HoracioBrieva
