En Colombia, 2025 no debería ser el año en el que una mujer juez o abogada sea objeto de quejas disciplinarias por cómo se viste, por compartir videos o por tener presencia en redes sociales. Pero sucede: y sucede demasiado seguido. El caso más reciente es el de la juez Marienela Cabrera Mosquera, quien enfrenta una investigación disciplinaria por publicaciones en TikTok que, según los denunciantes, “afectan el decoro y la moralidad de la profesión”. Pues se señala que en sus videos muestran “ropa sugestiva”, que hace contenido “sexual” y que no ocupó todo su tiempo en labores judiciales.

Además, la abogada ha denunciado que el proceso ordena pruebas invasivas como lo son el seguimiento de sus redes sociales, capturas de pantalla, e incluso le solicitaron entregar su celular personal. Está claro que el problema no es un supuesto video “inadecuado”, el problema es el prejuicio de fondo. En una sociedad que aún juzga y controla el vestir o la forma de expresarse de las mujeres se convierte en motivo de control disciplinario. Este no ha sido el único caso: en Cúcuta, por ejemplo, también se reprochó públicamente a una juez por las fotos que subía a internet.

Lo que está en juego no es solo el uso legítimo de redes sociales: es la dignidad profesional, la igualdad de género y el derecho de las mujeres a expresarse sin estar sujetas a estándares arbitrarios impuestos desde una moral difusa. Recordemos que la Rama Judicial tiene normas de conducta y decoro para funcionarios, pero estas deben interpretarse en el marco del respeto a los derechos fundamentales: la privacidad, la libertad de expresión, el principio de igualdad, la propia intimidad.

Hoy, al observar cómo se juzga más a las mujeres por cómo se visten, que, por su desempeño, no podemos quedarnos callados. Es urgente que rechacemos estas quejas disciplinarias arbitrarias y defendamos que las mujeres ejerzan sus derechos y sus trabajos de manera digna, sin estar sujetas a presiones que

evidentemente no se impone a los hombres.

Esto no va de si nos gustan o no los videos, ni de si aprobamos la ropa que alguien lleva. Va de algo mucho más profundo: de no permitir que la apariencia o la vida privada se convierta en un criterio para medir la idoneidad profesional o cuestionar que haya llegado donde este. Si seguimos avalando esas miradas vigilantes, el riesgo es que terminemos con una justicia que se ocupa más de vigilar cuerpos y conductas privadas que de garantizar derechos. Y eso, sin duda, nos empobrece como sociedad y retrotrae los avances que como sociedad hemos conseguido.

@CancinoAbog