El pasado 11 de diciembre de 2025 se hundió el proyecto de reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, con la que se buscaba financiar el Presupuesto General de la Nación, recaudando de manera estimada 16 billones de pesos. Con un total de nueve votos en contra de la Comisión Cuarta del Senado, se tomó la decisión de archivar la iniciativa legislativa. Lo anterior no es más que un claro mensaje político por parte del Congreso de la República y más aún en un momento clave de cara a las nuevas elecciones presidenciales.

Así, el archivo del proyecto de reforma tributaria llama la atención sobre un principal aspecto, la necesidad de que el gobierno reestructure el gasto público y no a costa de impuestos dirigidos a las personas y empresas o mayores cargas fiscales que terminan por afectar a sectores principales para la economía del país como el financiero, de hidrocarburos y licores.

Ante la decisión del Congreso, es posible que el Gobierno Nacional tome nuevas vías de acción dentro de las cuales se encuentra el reajuste del presupuesto para el próximo año, menores inversiones para ciertos sectores o programas sociales o, como es sabido, la imposición de medidas a través de decretos extraordinarios como sucedió este año con el caso de la reactivación del impuesto de timbre. No obstante, recordemos que cualquier decreto deberá someterse a revisión constitucional y ser analizado en cada caso para determinar las reales potestades del Ejecutivo en materia de impuestos.

Incluso, el mismo ministro de Hacienda indicó que no se descartaba un posible decreto de emergencia económica para intentar recaudar nuevos recursos. Y así se hizo efectivo días después. Ante este hecho, surge la duda sobre la viabilidad jurídica y legal de dicha decisión, pues el archivo de un proyecto de ley no configura una crisis fiscal, considerando además que este tipo de mecanismos excepcionales no pueden ser mal utilizados por el Ejecutivo para amparar la toma de decisiones sobre las cuales en principio no tienen facultad.

En ese sentido, las acciones que ha tomado el Ejecutivo de cara a la reciente decisión del Congreso y la desfinanciación del gasto para determinar así los eventuales impactos para los contribuyentes y distintos sectores del país pueden generar afectaciones tanto a personas naturales como empresas, que se verán abocadas a nuevas cargas fiscales en el 2026.

Abogada @Holland Kinight

@Holland_Knight