Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, presentó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una coadyuvancia de 48 páginas en favor de los ministerios de Ambiente y Vivienda, del departamento del Atlántico, del municipio de Puerto Colombia, del Área Metropolitana, de la Triple A y de la CRA, entidades accionadas, como se sabe, por la Procuraduría General de la Nación en el caso Ciudad Mallorquín.
Henao expresa que las denuncias ciudadanas que valoró la PGN para estructurar su acción popular son “percepciones o suposiciones generales que asocian erróneamente cualquier proyecto urbanístico con impactos negativos, sin atender a la evidencia técnica o normativa aplicable”. Eso es descalificar, desdeñosamente, los aportes de los gremios de ingenieros y arquitectos, de los ambientalistas y líderes de opinión.
Henao dice que las afirmaciones de la PGN “sugieren que cualquier intervención urbanística en el entorno de la ciénaga de Mallorquín…constituye una amenaza para el ecosistema, como si existiera una oposición insalvable entre crecimiento urbano y la sostenibilidad ecológica".
Henao omite que Ciudad Mallorquín es una derivación del Pomca 2017 y que donde se construye solo era posible una actuación urbanística de bajo impacto de acuerdo con el Pomca 2007, es decir, respetuosa de la riqueza forestal, la cual convirtieron, mediante un artificio tecnicista, en vegetación secundaria baja con la intención evidente de reducir el bosque lastimado a un monte sin ningún valor ecológico.
Recordemos, una vez más, que los reproches al Pomca 2017 condujeron a que la CRA contratara su revisión y ajuste en proceso.
Henao afirma: “Lejos de ser (Ciudad Mallorquín) una amenaza, se trata de un desarrollo que ha sido tramitado con sujeción a planes parciales debidamente concertados con la autoridad ambiental (CRA), …”. En efecto. Esos planes parciales le dieron vía libre al proyecto, pero el punto neurálgico es que ese piso de legalidad lo facilitó el Pomca 2017 al eliminar de un tajo del Pomca 2007 la Zona de Uso Múltiple Restringido (ZUMR), la cual no toleraba una alta densidad inmobiliaria.
Henao cree que solo los asentamientos informales antagonizan con la sostenibilidad. Justamente lo que se controvierte es que Ciudad Mallorquín es un caso emblemático de urbanismo formal donde los instrumentos de planificación ambiental y territorial habilitaron el marco legal para una lesión a un bien natural que la institucionalidad pública no cumplió la misión de proteger.
Posdata: Destaco que la PGN haya designado un equipo de funcionarios para el seguimiento a la acción popular referida a Ciudad Mallorquín.
@HoracioBrieva
