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Procuraduría abrió investigación contra secretario general de la Gobernación del Atlántico

Ministerio Público suspendió por tres meses al alcalde de Malambo, a la secretaria general de la Gobernación del Cesar y llamó a juicio al alcalde de Sincelejo.

EFE
Procurador general, Fernando Carrillo. EFE
Por: Tomás Betín @tombetri
Colombia

Ministerio Público suspendió por tres meses al alcalde de Malambo, a la secretaria general de la Gobernación del Cesar y llamó a juicio al alcalde de Sincelejo.

El procurador Fernando Carrillo anunció este jueves que abrió investigación disciplinaria al secretario general del Gobernación de Atlántico, Raúl José Lacouture Daza, "por presuntas irregularidades en el uso de los recursos destinados a atender las necesidades de la población afectada por la pandemia".

El Ministerio Público investiga la suscripción y ejecución de dos contratos, uno por $19.300 millones con la empresa Tradign Group International S.A.S., para la entrega de 42.000 mercados, y otro por $1.377.600.000 con el contratista TRI FIT S.A., para la prestación del servicio de transporte de una bodega en Barranquilla, hacia los municipios, corregimientos y veredas del departamento.

"Se busca establecer si se vulneraron los principios y normas que regulan la contratación estatal y el deber de selección objetiva, en concordancia con los de eficiencia, moralidad y respeto por el patrimonio público", indica el comunicado.

Sincelejo

El organismo citó a juicio disciplinario al alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez; a la jefe la Oficina Asesora Jurídica, Katiusca Margarita Fernández Castillo; a la directora técnica de Gestión Contractual de la alcaldía, Andrea Tulia Gutiérrez Ahumada, y al secretario de Desarrollo Económico, Leonardo Beltrán Pinto, por presuntas irregularidades alrededor de los contratos N° 003 y 004 de 2020, cada uno por $1.999´950.000, cuyo objeto fue suministro de kits alimentarios para la población vulnerable del municipio de Sincelejo, afectada por la emergencia sanitaria.

El alcalde y los tres funcionarios deberán responder en audiencia de juzgamiento disciplinario "por la participación relevante, que tuvieron en el trámite precontractual y contractual de los contratos suscritos con las sociedades Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S., y Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S., a las que tres días después de la firma del contrato se les aprobó la entrega de un anticipo del 50% ($999.975.000), que debía ser destinado en su totalidad para la compra de los productos", se lee en la información.

El ente de control les cuestiona que con la firma de los dos contratos se habría podido incurrir en detrimento del patrimonio público, que superaría los $900 millones, y un posible desconocimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad, economía y moralidad que rigen la contratación estatal y la función administrativa.

San Andrés

El organismo de control disciplinario abrió investigación al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreep, y a su secretaria de Gobierno, Jacqueline Blanco Yepes, por presuntas irregularidades en el contrato 540 de 2020, para el suministro de 50.000 unidades de tapabocas, de guantes y de gel antibacterial por un valor de $521 millones.

La información reporta que "el contrato se suscribió con una empresa de propiedad de una exfuncionaria de la Cámara de Comercio, que no tenía por objeto social la venta de elementos de bioseguridad y, además, habría renovado la licencia para añadir dentro de su objeto social el comercio al por menor, con lo que se habrían vulnerado los principios que rigen la contratación pública".

Santa Ana, Magdalena

La entidad indicó en el comunicado que se investiga al alcalde de Santa Ana, Magdalena, Wuillman Bermúdez Silvera, y a los concejales del municipio, Yeselis Martínez Arévalo y Lenys Jiménez Medina, por presuntas irregularidades relacionadas con la entrega de las ayudas humanitarias provenientes del Gobierno Nacional a población vulnerable, en hechos registrados el pasado 22 de abril. 

La Procuraduría intenta establecer "si el alcalde Bermúdez Silvera permitió que los dos concejales intervinieran en la entrega de las ayudas, mientras que en el caso de los cabildantes Martínez Arévalo y Jiménez Medina se busca establecer si utilizaron esa actividad para beneficiarse políticamente".

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